Los médicos cubanos quedaron en el centro de una nueva presión de Washington sobre México ante la próxima revisión del T-MEC.
Los Ángeles Press
La congresista republicana María Elvira Salazar acusó al gobierno de México de violar disposiciones laborales del T-MEC mediante la contratación de médicos cubanos y pidió al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, presionar para poner fin al programa.
En una carta fechada el 22 de octubre de 2026 y dirigida a Greer, Salazar sostuvo que más de 3.000 médicos cubanos trabajan actualmente en México bajo un esquema que, según afirmó, ha sido clasificado por el Departamento de Estado estadounidense como una forma de trabajo forzado.
“México está rompiendo las reglas y ayudando a La Habana a beneficiarse del trabajo forzado”, escribió la legisladora por Florida al difundir la misiva en sus redes sociales.
Salazar pidió que el tema sea incorporado a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y reclamó al gobierno estadounidense que exija explicaciones a México sobre las condiciones laborales de los profesionales enviados por Cuba.
En su carta, la congresista afirmó que el gobierno cubano retiene la mayor parte de los pagos correspondientes a sus trabajadores enviados al extranjero y que los médicos reciben únicamente una fracción de los recursos entregados por los países contratantes.
El señalamiento coincide con antecedentes contenidos en los informes sobre trata de personas del Departamento de Estado. En su reporte de 2024 sobre México, la dependencia estadounidense señaló que las autoridades mexicanas empleaban profesionales médicos vinculados con el gobierno cubano sin informar acciones específicas para detectar posibles indicadores de trabajo forzado entre esos trabajadores.
Ese mismo informe recogió reportes de organizaciones según los cuales México pagaba al gobierno cubano aproximadamente 3.500 dólares mensuales por cada trabajador, mientras los profesionales recibían una cantidad considerablemente menor. El Departamento de Estado advirtió que ese mecanismo incrementaba los riesgos de explotación laboral.
En sus informes sobre Cuba, el Departamento de Estado ha sostenido además que las misiones médicas internacionales forman parte de un programa de exportación laboral en el que existen denuncias de retención de salarios, confiscación de documentos, restricciones de movimiento y represalias contra quienes abandonan las misiones antes de concluirlas.
Salazar argumentó que estas condiciones entrarían en conflicto con las disposiciones del T-MEC relacionadas con la prohibición de importar bienes producidos mediante trabajo forzado.
Sin embargo, la carta de la legisladora plantea esa interpretación jurídica como una exigencia al representante comercial estadounidense; hasta ahora, el documento no constituye por sí mismo una determinación formal de que México haya violado el tratado.
La petición llega además en momentos en que Washington prepara la revisión conjunta del T-MEC. El 2 de octubre, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos abrió el proceso de consulta pública rumbo a la revisión de 2027, lo que permite que distintos actores planteen temas relacionados con el funcionamiento y cumplimiento del acuerdo.
Salazar también acusó al gobierno mexicano de mantener durante años este esquema y sostuvo que el programa debería ser desmantelado para que los médicos cubanos puedan recibir directamente el producto de su trabajo.
La legisladora ha convertido las misiones médicas cubanas en uno de sus principales temas de presión política hacia gobiernos latinoamericanos que mantienen convenios con La Habana.
Con la carta enviada a Greer, Salazar busca ahora trasladar esa disputa al terreno comercial y utilizar la próxima revisión del T-MEC como mecanismo de presión sobre México.