Torturas y amenazas de la FEADLE a falsos culpables en caso Miroslava

Tres acusados bajo tortura, dos frente a sus familias, para que se incriminaran por el caso Miroslava.

SEGUNDA PARTE

Por Guadalupe Lizárraga

“Me amenazaron de encarcelar a mi hijo, por eso acepté el juicio abreviado. Mis abogados, los primeros que tenía, se reunieron en un hotel en la Ciudad de México con los agentes del Ministerio Público, de la FEADLE. Con ellos me mandaron decir:

‘Sabemos que el profe es inocente y puede salir, pero no podemos permitir que salga, y díganle que ni le busque, porque podemos afectar a su familia; que si no agarra el abreviado vamos a culpar a su hijo de secuestro’.

Si aceptaba, ellos iban a encargarse de que pasara en prisión sólo tres o cuatro años.

Yo me iba a ir a juicio, pero me presentaron la carpeta de investigación que le abrieron a mi hijo, y pues yo no podía dejar que lo perjudicaran, así que agarré la responsabilidad de esta situación…”.

Es la voz de Hugo Amed Schultz Alcaraz, en la pequeña celda de bloque y varilla, del penal de Aquiles Serdán, Chihuahua, donde lleva tres años compurgados, de una sentencia de ocho, por la supuesta participación en el homicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea, perpetrado el 23 de marzo de 2017.

Los agentes del Ministerio Público de la Federación a los que se refiere es Iris Gabriela Santoyo Cuervo y Jean Paul Rodríguez M., ambos adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) en México. Los mismos responsables de la investigación sobre el homicidio de la periodista Miroslava Breach desde enero de 2018, a partir de que la autoridad federal atrajo el caso a su jurisdicción.

Sobre la agente Santoyo Cuervo pesan ya dos acusaciones de torturas relacionadas con el caso de Miroslava Breach Velducea: la del sentenciado Juan Carlos Moreno Ochoa El Larry, detenido el 25 de diciembre de 2017, y la de Édgar Salazar Gaxiola, después de su detención arbitraria el 22 de enero de 2019. La agente del Ministerio Público quería que Salazar Gaxiola señalara al expresidente municipal de Chínipas, Schultz Alcaraz de tener una relación con el padre de Édgar, Crispín Salazar Zamorano, a quien la fiscalía le atribuye el liderazgo del grupo Los Salazar.

Santoyo Cuervo ya había sido denunciada, en diciembre de 2019, por Los Ángeles Press ante el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina por la tortura a Édgar Salazar, fabricado como testigo protegido Apolo, a quien la fiscalía le pagó 25 mil pesos mensuales durante un año. El acuerdo, bajo coacción, era que acusars también a su padre, Salazar Zamorano, de ser el autor intelectual del asesinato de la periodista.

Para entonces, Santoyo Cuervo no lograba probar los supuestos vínculos del expresidente municipal de Chínipas, Hugo Amed Schultz, con el narcotráfico. La hipótesis era más difícil de sostener porque asumía vínculos con dos grupos antagónicos: La Línea y Los Salazar, según lo que Miroslava Breach había escrito en 2016, en su columna Don Mirone y en el diario La Jornada.

La primera tortura

El Larry fue el primer torturado, tras su detención, el 25 de diciembre de 2017. Los responsables fueron los policías federales Ramiro Obregón García, Antonio Andrés Barcelata y Óscar Silva Mendoza, así como el oficial Cristián Camacho Llaguno, adscritos a la Dirección General de Supervisión y Vigilancia de Operaciones Encubiertas, de la División de Inteligencia de la extinta Policía Federal Preventiva.

Lo detuvieron y lo golpearon frente a su esposa y sus dos hijos menores. Así lo explica Moreno Ochoa a pregunta expresa de esta periodista sobre los responsables de su tortura: «fue la SIEDO». “Pero mi lic. me dijo que mi tortura no pegaba -agrega- porque no me hicieron decir nada de lo que me preguntaron”. Reitera el detenido que él siempre le dijo a su abogado: “tengo las huellas bien marcadas, pero me tiraron al león; no me hicieron caso. A mi familia la torturaron sicológicamente; a mis niños. Estaban chiquitos, están traumados todavía”.

Moreno Ochoa dijo a Los Ángeles Press que no había documentos de registro: “No creo que haya nada de papeles; nomás donde dicen que me caí de un hotel de dos pisos. De mi detención no entregaron nada. Y no nomás traigo fracturado el brazo y el talón del pie izquierdo; fueron chingadazos en la espalda y el pecho. Si hubiera sido por esa caída del hotel me hubiera matado, se me hubiera quebrado la cabeza; traería rotas otras partes del cuerpo, pero nomás traigo las huellas donde me golpearon”.

El abogado defensor de Moreno Ochoa, Jesús Enrique Valencia Díaz, el 7 de junio de 2018 señaló a la agente Santoyo Cuervo que su defendido había sido torturado:

Vengo a dar a conocer a usted que, al momento de entrevistarme con mi representado, previo a la audiencia de formulación de imputación, me hizo saber que después de su detención fue golpeado por los agentes de policía que lo detuvieron para que confesara que pertenecía a la delincuencia organizada y que había participado en la muerte de la ahora víctima. Pero, dado que no les confesó nada, le quebraron la clavícula izquierda, el brazo izquierdo y el tobillo izquierdo, golpeándolo con el tubo de fierro con el que tumban las puertas en sus operativos, por lo que también resultó lesionado de su columna vertebral…

El perito médico legista José Ángel Salayandia Méndez, con cédula 153214-a-VIII, certificó al día siguiente de la tortura, 25 de diciembre de 2017, a las 11:20 horas, el estado físico de Moreno Ochoa, de 43 años. Dio cuenta de los hematomas y las fracturas de clavícula, de la cabeza del húmero izquierdo y del hueso calcáneo de su pie izquierdo. La petición del examen médico, tras la detención, la hizo el coordinador regional de la Policía Única de la Fiscalía General de Justicia del estado, después de que lo entregaron los policías federales. Poco tiempo después, el médico fue despedido, sin justificación, de la Secretaría de Salud, donde había prestado sus servicios durante quince años.

La intervención de la FEADLE

Los policías federales querían la confesión de El Larry. Querían que se dijera socio del narcotráfico. En concreto de Los Salazar. Respecto al homicidio de Miroslava, la Fiscalía General de Chihuahua había fabricado pruebas con los análisis informáticos de varios celulares y una computadora portátil encontrados en el domicilio de Wilber Jaciel Vega Villa, hermano de El Larry, y había plantado una cartulina en el bote de la basura de su casa escrita con la misma letra de la cartulina de la amenaza al exgobernador Javier Corral.

La localización de su automóvil supuestamente utilizado para el crimen, no correspondía a los registros de las cámaras de seguridad de la zona, ni tampoco a lo reportado por los medios el día del crimen. Tres veces se cambió la versión del auto:

La primera versión que se dio a conocer en los medios locales fue que los responsables del asesinato de Miroslava habían huido en "un auto Altima o Sebring de modelo reciente". Posteriormente, el 27 de abril de ese año, se investigó al propietario de un auto Chevrolet Malibú color blanco año 2008, un militar que había causado baja en el Estado de México, por lo que se había ido a vivir a Chihuahua y estaba desempleado. Y finalmente, se cambió la versión de que el auto en el que habían huido los homicidas era un Chevrolet Malibú color plata año 2008, del que era propietario el hermano de El Larry, Wilber Jaciel Vega Villa.

Desde el 27 de marzo de 2017, sin embargo, los agentes de la FEADLE exigían la información a la fiscalía de Chihuahua sobre los datos del vehículo, pues el cateo al domicilio de Vega Villa y los testimonios de los vecinos habían sido acopiados por la fiscalía estatal. En este cateo, realizado el 26 de marzo, además de los celulares, huellas digitales e identificaciones oficiales, registraron ocmo evidencia la cartulina blanca pegada al bote de basura que indicaba que era propiedad domicilio de Jaciel, la cual tenía una caligrafía muy similar a la de la cartulina sobre la adjudicación del crimen contra Miroslava en el lugar de los hechos. El análisis grafológico verificaba que se trataba de la misma persona.

No obstante, el gobernador Javier Corral Jurado, manipuló la información a los medios. Alteró el mensaje de la cartulina en dos ocasiones. Hizo público un segundo mensaje en una lona o manta, en la que se reiteraban las supuestas amenazas contra su persona, el 30 de marzo de 2017. Pero la caligrafía de esa supuesta lona no correspondía a la cartulina plantada en la escena del crimen del 23 de marzo. Tampoco eran las mismas huellas digitales, según los servicios periciales.

En 2018, a partir de que la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atrajo el caso por la presión de los colectivos de periodistas y las diferencias entre la familia de la víctima y el gobernador Corral, quien -para entonces- culpaba a Miroslava de su propia muerte, la agente de la FEADLE Santoyo Cuervo, al frente de la investigación, buscaba probar que el motivo del asesinato de Miroslava Breach era silenciar su libertad de expresión y, específicamente, buscaba probar que estaba relacionada con el grupo Los Salazar.

El 19 de mayo de 2018, Santoyo Cuervo estuvo en presencia de Carlos Arturo Quintana Quintana El 80, de 34 años, quien ya estaba detenido en calidad de sospechoso por narcotráfico. Quintana se encontraba acompañado de su abogado, dentro de las instalaciones de la SIEDO, y no respondió a las preguntas. La comunicación fue por medio de su defensor. Le leyeron sus derechos como imputado y se los dieron por escrito, de acuerdo con la evidencia en el tomo 26, de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI/0000214/2017. Derechos estipulados en la Constitución mexicana, en el artículo 20, apartado B; que -sin embargo- fueron violados en los casos de los sentenciados Hugo Amed Schultz Alcaraz y Juan Carlos Moreno Ochoa.

La segunda tortura

El arresto de Édgar Salazar Gaxiola, el 21 de enero de 2019, a quien se exhibió en los medios como autor del crimen de Miroslava Breach el 9 de febrero de ese año, fue orquestada por la misma agente del Ministerio Público de la FEADLE, Iris Gabriela Santoyo Cuervo y por el oficial ministerial Jean Paul Rodríguez M. Tras la detención de Salazar, fue torturado para que señalara a Hugo Amed Schultz por el supuesto parentesco con Los Salazar, intentando cuadrar la información que había dado en falso la periodista, en la que refería que Schultz era tío de Juan Miguel Salazar y que había impulsado su candidatura a la presidencia municipal de Chínipas. Al no poder sustentarlo la agente de la FEADLE, Édgar Salazar fue torturado para forzarlo a declarar entonces sobre una supuesta amistad entre Schultz y su padre Crispín Salazar Zamorano. Finalmente, lo indujeron a que firmara hojas en blanco que posteriormente se enteró en audiencia judicial que incriminaba a su propio padre.

A raíz de la entrevista de Los Ángeles Press sobre esta agresión de la FEADLE a Édgar Salazar Gaxiola, la defensa de Hugo Amed Schultz obtuvo la evidencia de quien había sido fabricado como el testigo protegido Apolo, torturado y coaccionado a hacer señalamientos en contra también de Schultz.

El abogado defensor de Schultz, Manuel Norberto Cortez Vázquez, confirmó a este medio que el peritaje sobre la tortura de Salazar Gaxiola era positivo y que, en su declaración como «testigo protegido Apolo», con fecha de 8 de marzo de 2021, se le había obligado también a firmar una declaración falsa contra el hijo de Hugo Amed Schultz, la cual fue utilizada para amenazar a su defendido sobre posibles consecuencias contra su familia si no se declaraba culpable.

En esa declaración, Édgar Salazar Gaxiola fue obligado a firmar y poner su huella digital en hojas en blanco, que después fueron presentadas como una declaración voluntaria ante la agente Santoyo Cuervo:

«Yo conozco al señor que se llama Hugo Schultz y lo conozco porque era presidente municipal de Chínipas, cuando estaba allá estudiando y vivía con mi papá Crispín Salazar Zamorano, y el Hugo Schultz iba a la casa de mi papá, su relación con él era de negocios, porque como el Hugo era el presidente municipal y mi papá es encargado del cártel de Los Salazar en la región, era el que le decía cuánto dinero del municipio se iba a ocupar, por ejemplo Hugo Schultz quería meter a su familia a los proyectos del municipio porque quería seguir robando, porque ese wey es el presidente municipal que más ha robado y de ahí se hizo todo su varo y mi papá le dijo que no, que tenía que poner a la gente de la sierra; y el Hugo Schultz me conoce a mí porque él era muy barbero conmigo y con cualquiera de la familia porque quería quedar bien con mi papá y con mi primo Alfredo Salazar Ramírez…”

El 5 de abril de 2021, en entrevista de Los Ángeles Press, Édgar Salazar describió cómo lo habían torturado para que declarara contra Hugo Amed Schultz y su padre Crispín Salazar. Una tortura que confirmó su madre, Lilia Gaxiola.

La tercera tortura, a los Schultz

La agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo incorporó en la declaración fabricada de Édgar Salazar Gaxiola como testigo protegido Apolo que, el 26 de febrero de 2021, a las ocho de la mañana, el hijo mayor de Hugo Amed Schultz lo había secuestrado para que firmara una declaración ante notario que favoreciera a su padre.

La historia de la FEADLE indicaba una notaría pública en la ciudad de Delicias, Chihuahua, a 504 kilómetros de donde trabaja el hijo de Schultz, en la Mina Palmarejo, la cual expidió una constancia de asistencia con fecha del 30 de abril de 2021, en la que el representante legal Ramón Norberto Parra Rascón, hacía constar que Hugo Schultz Martínez había cumplido con la asistencia laboral de ese día. La constancia de asistencia abarca del 6 de febrero al 1 de marzo de 2021, en la que se especifica que el 26 de febrero Schultz Martínez se había presentado a trabajar a la mina a las 6:37, según el reloj checador, y su hora de salida estaba registrada a las 18:00.

Sin embargo, en la historia inventada por la FEADLE, al hijo de Schultz lo describen que iba acompañado con dos hombres, uno de ellos supuestamente era el abogado de su padre Hugo Amed Schultz, montado en una Cheyenne gris, dice, “bien armados”. La amenaza de la FEADLE a Hugo Schultz era que si no se declaraba culpable su hijo sería acusado de secuestro. La ventaja que le daban era que se trataría de un juicio abreviado y la sentencia sería de ocho años, con posibilidades de libertad a los cuatro, que ya lo habían hablado con el abogado.

En entrevista de Los Ángeles Press al abogado Julio Iván Ramírez Muñoz, el 24 de enero de 2023, en la ciudad de Chihuahua, quien fue el primer abogado defensor de Schultz, negó que él hubiera estado en esa notaría. Pero confirmó que conocía bien las referencias que hacía la FEADLE. Él mismo explicó que era una notaría de la ciudad de Delicias, y que por su trabajo y la pandemia le había sido imposible acompañar al hijo de Hugo Schultz a ese lugar.

El abogado Ramírez Muñoz también reconoció que a Hugo Amed Schultz lo habían obligado a declarar bajo coacción. Lo explicó como un “testimonio de coartada”, junto a otras 12 personas más que utilizaba la FEADLE, sin especificar quiénes habían sido. También hizo notar que la fiscalía le había pedido el dinero de reparación de daño para la víctima indirecta Rosa María Breach Velducea, por un monto de 500 mil pesos (cerca de 30 mil dólares).

“La diferencia del profe Hugo es que no se acreditaba un dolo; eventualmente puede escalar. No quiere decir que acepta la conducta, pero acepta el resultado”, explicó Ramírez Muñoz, del despacho Venzor y Ramírez.

El abogado hace un recuento rápido de la situación en la que supuestamente se encontraba su cliente: “El profe Hugo en la presidencia municipal de Chínipas por el PAN, hay posibles candidatos del PRI que van a llegar, entre ellos familiares de estas personas (en referencia al narcotráfico), bajan a esos candidatos, pero la cara visible del PAN y que tenía una función partidista, era el profe Hugo”.

Continúa de prisa: “acreditamos que tú no fuiste (en referencia a Schultz) y saca el desplegado que diga ‘yo no fui. Yo no llevé los audios, ni vi la camioneta negra’. Todo a través de los abogados. Entonces nos sentamos Santoyo y nosotros (en referencia al abogado Javier Fernando Venzor Morales, su socio) y platicamos. Entre nosotros no se oculta nada. Las dos partes a favor y en contra. Vimos que todo el juicio se basa en si entregó los audios. Había testigos de las dos partes”.

Al preguntar cómo era el trato con la agente Iris Gabriela Santoyo Cuervo, el abogado señaló que “tenían un trato cordial, oficial”. Y continuó: “El profe Hugo declara en su propia contra; la investigación del Estado y la de la FGR recaen en una facultad concurrente. Lo tratan como testigo protegido, pero la FGR pedía de 30 a 60 años de cárcel, porque la verdad legal o jurídica (independientemente de lo que sucedió) es que sí entregó los audios”.

El abogado Ramírez Muñoz, después de concluir esta entrevista, se despidió de mano, y dijo a esta periodista, que todo lo había dicho off the record, y su publicación tendría consecuencias legales para quien esto escribe.

Contrario a lo que sostuvo el abogado, Hugo Amed Schultz nunca tuvo en sus manos ningún audio, ninguna USB. Tampoco tenía relación con El Larry o con Los Salazar. En el audio tampoco aparece su voz, sólo la del vocero de Javier Corral y Miroslava.

***

Primera parte: Hugo Amed Schultz: un cabo suelto en el caso de Miroslava Breach (losangelespress.org)