Quintana Roo ocupa el antepenúltimo lugar en el Índice del Estado de derecho en México, además de los rezagos en los problemas públicos que vive a diario la ciudadanía.
Por León Lizárraga Cubedo*
Después del Primer Informe Anual de Problemas Públicos 2022 – 2023, del primer año de gestión de la gobernadora Mara Lezama, producto del monitoreo diario de problemas públicos que ha realizado el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C. (IAPQROO) -que no es una encuesta sino un recuento de los hechos que le ocurren todos los días a los quintanarroenses-, presentamos ahora, los resultados de varios índices y encuestas nacionales que ponen al descubierto el verdadero sentir ciudadano.
A propósito de la borrachera electoral, se han dado festejos y gastos del erario por parte del Secretario de Finanzas y Planeación, Gino Segura, el cuál atiende las finanzas por el día y por la tarde se integra a la gira del “agradecimiento” de MORENA, haciendo campaña desde ya a la gubernatura del estado como lo han anunciado sin recato alguno y por supuesto sin ningún interés de respetar las normas electorales, sino más bien, seguir utilizando los recursos públicos a su propio beneficio para seguir sangrando las arcas estatales.
Los documentos de referencia son, en principio, pensados como instrumentos para la toma de decisiones, el diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas, pero que desafortunadamente a nadie interesan, pues queda claro que las prioridades que atienden los gobiernos en México, hoy en día, son las político-electorales, ahí, las encuestas de consulta popular y hasta marchas organizan desde el partido en el poder con recursos públicos.
Tres referentes que llevan muchos años realizándose y son producto de distintas instancias públicas y sociales independientes, a saber:
1) La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2023) del INEGI que se realizó de octubre a diciembre del año 2023 y tiene como propósito medir la satisfacción ciudadana sobre los servicios públicos, la prevalencia de los actos de corrupción y la prevalencia de los mismos en la realización de trámites, pagos, etc., así como medir la percepción de confianza en las autoridades e instituciones públicas del país, los estados y los municipios en todo el año 2023;
2) El Índice de Competitividad Estatal 2024 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y finalmente incluiremos,
3) El Índice de Estado de Derecho en México 2023 – 2024 del World Justice Project.
Los principales problemas públicos
El INEGI, al igual que el Primer Informe Anual IAPQROO 2022 – 2023, marca los problemas públicos (Pp) más prioritarios para la población como la inseguridad y delincuencia, así mismo la corrupción. En ambos casos, en una proporción mayor a la percepción a nivel nacional con el 79.1% y el 64.7% de la población que percibe esto respectivamente.
También podemos ver que de los 10 principales problemas que perciben los y las quintanarroenses como los más importantes, destacan al menos 4, o sea el 40% de los Pp que están vinculados a la gestión pública y a los principios ahora consagrados en el artículo 17 Constitucional del estado de Quintana Roo, sobre el derecho humano a una buena administración pública, que como se denota, no están teniendo una atención prioritaria en la agenda gubernamental.
Estos Pp son: la mala aplicación de la ley, el mal desempeño del gobierno, la falta de coordinación entre los diferentes órdenes gobierno y la falta de rendición de cuentas.
La evaluación de los servicios públicos de Quintana Roo
En 2023 de acuerdo con la ENCIG, el 41.3% de los y las quintanarroenses calificaron como satisfactorios los servicios públicos proporcionados por el Gobierno del Estado, mientras que el 42% dijeron sentirse satisfechos con los servicios públicos que proporcionaron los municipios.
Esto quiere decir que casi el 60% de la población no está contenta con los servicios públicos que proporcionan las administraciones públicas locales.
Por si fuera poco, en el orden nacional, el estado de Quintana Roo en 2023 de conformidad con la ENCIG fue la entidad federativa peor evaluada en transporte público, la segunda peor evaluada en salud proporcionada por el sistema de seguridad social, la tercera peor evaluada en drenaje y alcantarillado, la cuarta peor evaluada en alumbrado, la sexta peor evaluada en electricidad, la séptima peor evaluada en agua potable y parques y la octava peor evaluada en policía, por mencionar los 10 principales peores evaluaciones.
Sin embargo, tampoco ocupan una posición destable, los problemas de basura, salud abierta y calles y avenidas. Como se muestra en la tabla 1, de acuerdo a los datos de la ENCIG 2023.
El 60% de la población no está contenta con los servicios públicos que proporcionan las administraciones públicas locales.
De acuerdo con estos resultados, los principales problemas públicos que tuvieron una calificación reprobatoria (como en la escuela, menor a 6) por los ciudadanos, en orden de importancia fueron: policías, calles y avenidas, transporte público, drenaje y alcantarillado, alumbrado. Mientras que los que pasaron de panzazo con 6, fueron: agua potable, salud, proporcionada por el sistema de seguridad social, y parques.
La evaluación sobre la corrupción, Estado de derecho y Economía
La ENCIG 2023 también refleja el grave problema de la CORRUPCIÓN en Quintana Roo, pues refiere que el 82.4% de la población quintanarroense de 18 años y más, percibe que los actos de corrupción son muy frecuentes o frecuentes, así mismo, que los más corruptos son: policías (88.9%), partidos políticos (82.9%), ministerios públicos o fiscalías (69.4%), gobierno estatales (67.3), Cámara de diputados y senadores (65.4%), gobiernos municipales (65.1%) y empresarios (63.4%), sindicatos (62.9%), institutos electorales (59.8%), medios de comunicación (59.5%), jueces y magistrados (57.8%) y gobierno federal (54.7%).
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) lleva más de 20 años trabajando y consolidando su sistema de medición de la competitividad de México y de sus entidades federativas, de ahí la consistencia del Índice de Competitividad Estatal 2024 en el que se denota que el estado de Quintana Roo decayó 11 posiciones, justo en el momento en el que más inversiones de obra pública se han presentado por el Gobierno Federal, quizás (al menos el discurso oficial actual eso dice, habla de una inversión histórica) desde la construcción de Cancún como Centro Integralmente Planeado, la inversión multimillonaria del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional de Tulum, el Puente Nichupté, así como varias obras emblemáticas de la zona norte del Estado.
También se une a esta bonanza un crecimiento en los ingresos públicos del Gobierno del estado de $12,741,391,703 mil millones de pesos cuando el crecimiento de los ingresos públicos había promediado los 6 mil millones de pesos desde 1999 hasta 2022, aunado a una reestructuración de la deuda pública que amplió el plazo de pago en 8 años, y aumentó el pago de intereses por servicio de la deuda.
Tampoco se explica que este retroceso tan grande se dé en un entorno de triunfalismo electoral, en el que se supone que la población está extraordinariamente contenta con los logros del Gobierno Federal, Estatal y los Municipales y esa fue la razón por la que ganaron todos los espacios en disputa en la pasada elección en el estado.
Finalmente, es inexplicable también, que el Estado de Quintana Roo que fue el más afectado económicamente y financieramente por la pandemia del Covid19, haya tenido una recuperación de 6 lugares en 2023 respecto de 2022 y haya avanzado hasta la posición 13 en el Índice General, quiere decir que lo que se estaba haciendo bien, no sólo dejó de hacerse, sino que se empeoró el desempeño gubernamental y de la economía en lo que va de la administración de la gobernadora Mara Lezama. Un ejemplo se denota en el Subíndice de Innovación y Economía en el que en 2024 ocupa el lugar 25, cuando en la medición anterior de 2023, ocupó el lugar 19.
Según el IMCO que en el último Índice de Competitividad Estatal 2024 (ICE 2024) hizo un ajuste metodológico y redujo a sólo 6 subíndices y 50 indicadores la medición para ver la manera en la que los estados en México atraen inversión por medio del aprovechamiento de sus capacidades institucionales, la caída de 11 lugares de Quintana Roo, no es el reflejo del lugar general en el Índice, sino en los indicadores, ya que en el año previo, sin los cambios metodológicos de esta medición, se medían 72 indicadores en 10 subíndices, eso hace que haya pasado del lugar 13 en 2023 al lugar 15 en 2024. De hecho, pudo ser peor la caída, si no fuera por el indicador de servicios notariales que al ubicarse en la posición 2 a nivel nacional, esto provocó que todo el Subíndice de Derecho, tuviera un promedio que le ayudara a posicionarlo en el lugar 11 a nivel nacional y no en un lugar más bajo como es el reflejo de la mala calificación de 6 de un total de 7 indicadores de ese Subíndice.
El ICE 2024 nos pone en alerta máxima en al menos 12 indicadores que reflejan la forma en la que se conducen las acciones de gobierno, la relación de los gobernantes con los ciudadanos y los medios de comunicación, así como con la planeación del desarrollo y el aprovechamiento de las potencialidades de nuestra región. Particularmente hay que poner atención en que el Estado de Quintana Roo ocupa el lugar 32, esto es, el último lugar del país en agresiones a periodistas y exportación de mercancías; ocupa el lugar 30 de 32 en todo el país en el Subíndice Sistema político y gobiernos, destacando como el 4to peor estado evaluado en Participaciín ciudadana y deuda estatal y de organismos estatales, así como el 5to peor estado en el Costo promedio de la deuda, uno de los supuestos logros promovidos por el actual gobierno estatal para darle solidez y fortaleza a las finanzas públicas actuales.
Otros indicadores en los que el estado tiene que trabajar por ser de los más débiles a nivel nacional son: incidencia delictiva, camas de hospital, intensidad energética de la economía, diversificación económica, heridos en accidentes de tránsito terrestre, captación de ahorro, diferencia entre informalidad laboral entre mujeres y hombres.
Hay otros 14 indicadores más en los que el estado ocupa entre el lugar 15 al 27 en los que también tiene que trabajar, sobre todo en materias vinculadas con: inseguridad, corrupción, transparencia, trabajo y salud.
En total son 26 indicadores de 50, esto es, hay que mejorar en el 52% de total de indicadores que mide el ICE2024.
En este mismo sentido de los datos presentados, el último instrumento que analizamos es el de la evaluación que realiza el World Justice Project y que es una referencia internacional que hay que tomar en cuenta, sobre el Estado de Derecho. Este Índice de Estado de Derecho en México 2023 – 2024 utiliza tres fuentes de información: una encuesta nacional, una encuesta a 2,000 especialistas de múltiples disciplinas y análisis de datos oficiales, para poder realizar la evaluación que integra 42 sub – factores agrupados en 8 factores que son:
Límites del poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y, justicia penal. La calificación a obtener es de 1 para quienes impulsen políticas efectivas y den resultados positivos a la población que gobiernan.
Los resultados de este Índice también reflejan el mal funcionamiento del Gobierno del Estado de Quintana Roo bajo la dirección de Mara Lezama, ya que ubica al estado en la posición 30 de 32 a nivel nacional, esto es, que es el tercer estado de México peor evaluado, destacando que obtuvo una calificación de 0.36 puntos y que se encuentra en el último lugar en justicia civil, en el antepenúltimo lugar (30 de 32) en Límites del poder gubernamental, Ausencia de corrupción, Derechos fundamentales, Orden y seguridad y, Cumplimiento regulatorio. O sea, en 6 de 8 factores evaluados, refleja uno de los 3 peores desempeños gubernamentales del país.
También hay que recalcar que la calificación obtenida en el factor de Gobierno abierto que califica muy bien al estado de Quintana Roo, en la tercera posición nacional, lo cual ayuda a que mejore su posición a nivel nacional, o que sea menos peor, tiene el problema de que la evaluación de este factor utiliza la Métrica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la cual mide principalmente la cantidad de solicitudes de información pública recibidas y contestadas, lo cual dista mucho de medir adecuadamente la calidad de la información que se proporciona, y sobre todo, si los gobiernos tienen políticas efectivas de participación ciudadana.
Por lo pronto, y de manera reiterada, dejamos evidencia aquí, que habiendo realizado y presentado públicamente un estudio histórico sobre el comportamiento de las tarifas de agua potable en Quintana Roo, denunciado un sobre precio en las tarifas que ha llevado a robarle a los quintanarroenses $21,500 millones de pesos en los últimos 13 años por parte del Gobierno del estado y que habiendo presentado con esta información una iniciativa ciudadana para modificar las normas que permiten estos abusos, y con la solicitud formal expresada a las autoridades para dialogar y resolver el problema, hasta ahora, después de casi 7 meses de constantes peticiones, ninguna autoridad estatal ni legislativa ha atendido el problema.
Por lo que desde el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C. (IAPQROO) que lleva más de 45 años ayudando a los gobiernos a mejorar sus capacidades institucionales, dejamos claro que en Quintana Roo no existen políticas públicas con voluntad política ni interés de las autoridades gubernamentales en el Gobierno Abierto.
Los resultados son evidentes, el reclamo de la gente no hace sentido con el respaldo electoral del cual justifican en el país y en Quintana Roo la priorización de una agenda pública diseñada para el uso personal y a satisfacción de un grupo en el poder. Es claro que hay que concentrarse en resolver problemas públicos y no los que le son satisfactorios a los tomadores de decisión pública, la elección de la capital del Estado les ha dejado claro ese mensaje, si no hacen caso de ello, difícilmente podrán gozar de legitimidad y gobernabilidad rumbo al 2027.
Por ahora, el auto aplaudirse no es garantía de triunfo, ni de buen gobierno, mucho menos señal de que la gente está contenta, tampoco los resultados electorales reflejan la voluntad de los ciudadanos, eso queda claro en este análisis, sin embargo, de los ciudadanos depende, romper con esta autocomplacencia pública de la que somos presos, para que no nos siga sumiendo en el último lugar nacional de desempeño gubernamental.
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*El autor es presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C. (IAPQROO), Presidente del Capítulo Quintana Roo de la Academia Internacional de Ciencias Político Administrativas y Estudios de Futuro (IAPAS) y Coordinador de FLACMA para Centroamérica y el Caribe.