Alfredo Griz Cruz Miércoles, 05 de Agosto del 2026
Las indagatorias mantienen bajo escrutinio a gobernadores y dirigentes de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Despacho 14
El violento oficio de escribirPor Alfredo Griz
Los expedientes no hablan. Permanecen cerrados durante meses o años, acumulando nombres, fechas, testimonios, cruces financieros y comunicaciones que rara vez salen a la luz. Sin embargo, cuando esas piezas comienzan a converger en distintos despachos de investigación y en tribunales de varios países, el silencio deja de ser una estrategia para convertirse en un síntoma. Detrás de esa aparente calma se libra una disputa política, judicial y diplomática que trasciende fronteras y coloca bajo escrutinio a figuras de primer nivel del poder mexicano.
La cooperación entre autoridades estadounidenses y mexicanas en materia de delincuencia organizada, narcotráfico, lavado de dinero y corrupción ha abierto un escenario inédito. Mientras unas investigaciones avanzan discretamente y otras permanecen bajo reserva, los movimientos políticos, las decisiones diplomáticas y las declaraciones públicas alimentan un clima de incertidumbre que mantiene la atención sobre diversos actores del poder. Más allá de los discursos oficiales y de las versiones encontradas, la verdadera batalla se desarrolla en los expedientes, donde cada documento, cada declaración y cada evidencia pueden modificar el rumbo de una investigación de alto impacto.
En esta primera entrega se analizan los antecedentes, el contexto jurídico y los hechos que han colocado a distintas figuras políticas en el centro de la discusión pública, así como el alcance que puede tener la cooperación internacional en el combate a las organizaciones criminales que operan a ambos lados de la frontera.
Una corte del Distrito Sur de Nueva York ya tiene órdenes de aprehensión contra algunos políticos mexicanos de alto nivel. Estas órdenes de arresto solo tienen efecto en territorio estadounidense. Sin embargo, el Departamento de Estado y las agencias de seguridad norteamericanas están desarrollando, a través de Marco Rubio, una estrategia que buscaría desmantelar a los dos cárteles más poderosos del planeta y a su brazo político, que en el caso de México sería el partido Morena.
Entre otros delitos, se les acusa de:
- Delincuencia organizada
- Colusión directa con estructuras criminales para operar con impunidad.
- Tráfico de drogas y armas: Facilitar el trasiego masivo de narcóticos hacia Estados Unidos o el control territorial de rutas.
- Lavado de dinero: Ocultar recursos financieros obtenidos del crimen mediante bienes raíces y empresas fachada.
- Cohecho y uso indebido de funciones: Recibir sobornos a cambio de brindar protección policial o institucional a los capos.
En esta primera entrega podemos señalar que, después de tener a la vista las solicitudes de arresto, los funcionarios en cuestión, por obvias razones, han guardado silencio y se han refugiado en un hermetismo total. Saben que la tienen muy difícil ante la autoridad norteamericana y que la protección y el refugio en México no serán eternos.
Los personajes políticos más visibles
Adán Augusto López Hernández
El senador de Morena Adán Augusto López no ha dejado de estar en el ojo público. Aunque aseguró la semana pasada, en el pleno de la Cámara Alta, que las acusaciones en su contra lo tienen sin cuidado, esta vez es el gobierno de Estados Unidos el que lo tiene en la mira.
Ya cuenta con una orden de aprehensión en Estados Unidos, la cual aún no tiene carácter internacional. Sin embargo, una vez que pise suelo norteamericano podría ser arrestado. De ahí su negativa a viajar a aquel país.
A él se le acusa de liderar una red. “Su red involucra de manera profunda a exfuncionarios de su gobierno en Tabasco, de la Secretaría de Gobernación, empresarios y políticos en cargos de elección popular, así como exgobernadores”.
En la indagatoria a la que tuvo acceso este rotativo se observa que la investigación de Estados Unidos menciona el tráfico de drogas en su modalidad de cohecho o facilitación. También menciona a los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, con los que se le involucra en otros negocios criminales y que son relacionados con el gobierno de Venezuela.
Rubén Rocha Moya
El gobernador de Sinaloa, de 76 años, enfrenta cargos de conspiración para la importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Por dichas acusaciones podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión, de acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Enrique Inzunza Cázares
El actual senador morenista y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, de 53 años, enfrenta cargos de conspiración para la importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Por estos cargos podría enfrentar una pena de cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Juan de Dios Gámez
Juan de Dios Gámez, actual alcalde de Culiacán, es señalado por conspiración para la importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, así como conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Por estos cargos, Estados Unidos busca imponerle una pena de cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Marina del Pilar Ávila Olmeda
Marina del Pilar Ávila Olmeda es militante del partido Movimiento Regeneración Nacional y gobernadora del estado de Baja California desde el 1 de noviembre de 2021.
A ella se le fincan cargos de conspiración, narcotráfico, lavado de dinero y facilitación del crimen organizado en territorio norteamericano. Al igual que Adán Augusto López, ya cuenta con una orden de aprehensión en territorio estadounidense, aunque por el momento no tiene carácter internacional.
Es importante destacar que el gobierno de Donald Trump está negociando con el gobierno de Claudia Sheinbaum la entrega de varios gobernadores y funcionarios de alto nivel. Incluso, el mandatario norteamericano está utilizando el Tratado de Libre Comercio para acorralar y ejercer presión sobre el gobierno de México.
Las declaraciones de Ismael Zambada tienen en la picota a muchos gobernadores actuales y al propio expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya campaña, de acuerdo con las declaraciones de “el Mayo” Zambada, habría recibido financiamiento.
Los registros de las declaraciones de Ismael Zambada ante la Corte de Nueva York han sido el sepulcro para Andrés Manuel López Obrador, Adán Augusto López Hernández y un sinfín de gobernadores y funcionarios inmiscuidos en esta trama de conspiración, lavado de dinero y narcotráfico.
Para que una orden de aprehensión local o federal en Estados Unidos se convierta en una alerta internacional, conocida formalmente como ficha roja de Interpol, se requiere una orden de arresto emitida por un juez federal, una solicitud oficial de la fiscalía a través de la Oficina Central Nacional de Interpol en Washington y la validación del delito conforme a los tratados de extradición vigentes.
Ya hay órdenes listas para 10 de los 17 gobernadores investigados por las agencias norteamericanas. Estas órdenes permanecen en el ámbito local, a la espera de que, según el termómetro político, sean convertidas en internacionales. Para ello falta lo siguiente:
Requisitos y proceso
Orden de arresto vigente: Debe existir una orden judicial de captura activa en un tribunal de Estados Unidos por un delito grave que rebase las fronteras.
Solicitud a la Oficina de Asuntos Internacionales y a la USNCB: La fiscalía a cargo del caso debe tramitar la petición ante el Departamento de Justicia y la oficina de Interpol en Estados Unidos para coordinar la emisión de la notificación roja.
Gravedad del delito: El ilícito debe constituir un delito común, punible tanto conforme a la legislación estadounidense como a los convenios internacionales. Se excluyen los delitos políticos o militares.
Trámite de extradición: La ficha roja funciona únicamente como una alerta de localización y detención preventiva. El gobierno de Estados Unidos debe comprometerse formalmente a presentar una solicitud de extradición por la vía diplomática, dentro del plazo establecido en el tratado con el país donde se encuentre el sospechoso.
En ese sentido, es evidente que la emisión de las fichas rojas de Interpol depende de la cooperación del gobierno mexicano. También es evidente que, en casos como el de Rubén Rocha Moya, la presidente Claudia Sheinbaum defenderá a sus correligionarios y, sobre todo, a su mesías, Andrés Manuel López Obrador.
Lo que se antoja difícil es saber durante cuánto tiempo podrá hacerlo. Las elecciones en México están en puerta y las intermedias en el vecino país del norte también. Esto será un factor importante para decidir el futuro de muchos narcogobernadores, sin duda alguna.
Por su parte, la Drug Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés, junto con otras agencias de seguridad de la Unión Americana, continúa con las indagatorias contra 17 gobernadores y más de 150 políticos, empresarios y funcionarios mexicanos. Cabe señalar que el 90 por ciento de ellos emana del partido Morena.
La lista de los investigados
- Adán Augusto López Hernández, senador y exgobernador de Tabasco.
- Cuitláhuac García Jiménez, exgobernador de Veracruz.
- Rocío Nahle García, gobernadora de Veracruz.
- Alejandro Gertz Manero, exfiscal y embajador de México en Reino Unido.
- José Luis Peña y Peña, esposo de la gobernadora Rocío Nahle.
- Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas.
- Pedro Haces Barba, diputado y líder sindical.
- Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.
- Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.
- Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche.
- Omar Terrazas García, esposo de la gobernadora María Lezama.
- Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León.
- Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
- Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
- María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, gobernadora de Quintana Roo.
- Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero.
- Lorena Cuéllar Cisneros, gobernadora de Tlaxcala.
- Rafael Marín Mollinedo, extitular de Aduanas.
Es importante destacar que todas estas figuras políticas tienen abiertas indagatorias en Estados Unidos y otros países por colaborar con el crimen organizado, lavar dinero, utilizar recursos de procedencia ilícita, conspirar y cometer otros delitos que las autoridades estadounidenses consideran graves y que, al traspasar fronteras, pueden dar lugar a órdenes de arresto internacionales.
Las investigaciones de alto nivel rara vez concluyen con estridencia. Su desenlace suele escribirse entre resoluciones judiciales, tratados de cooperación internacional, solicitudes de asistencia legal y decisiones políticas que pocas veces ocurren frente a las cámaras. Mientras tanto, los expedientes continúan creciendo y las autoridades siguen integrando información cuyo verdadero alcance solo podrá conocerse cuando exista una determinación judicial definitiva.
En un escenario donde confluyen intereses políticos, seguridad nacional, relaciones bilaterales y combate al crimen organizado, cualquier conclusión anticipada sería precipitada. Lo que permanece indiscutible es que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia de procuración de justicia y cooperación internacional.
La historia aún no ha terminado de escribirse. Si las investigaciones prosperan, los tribunales serán los encargados de determinar responsabilidades conforme al debido proceso. Si no lo hacen, quedarán como otro episodio de una larga confrontación política y judicial.
En cualquiera de los dos escenarios, el desenlace tendrá consecuencias que irán mucho más allá de los nombres involucrados: pondrá a prueba la fortaleza de las instituciones, la credibilidad de los sistemas de justicia y la capacidad de ambos países para enfrentar a las estructuras criminales sin convertir la justicia en un instrumento de disputa política.