Guadalupe Lizárraga Domingo, 09 de Agosto del 2026
Ayotzinapa vuelve a exhibir una ruta de evidencias conocida por las autoridades federales desde los primeros días de la investigación.
Por Guadalupe Lizárraga
La Fiscalía General de la República detuvo el 6 de agosto de 2026 al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero por el ocultamiento y la presunta destrucción de los videos del Palacio de Justicia de Iguala. Las grabaciones corresponden al 26 y 27 de septiembre de 2014, durante la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Los archivos de la propia PGR registran que agentes federales accedieron al sistema de videovigilancia desde los primeros días posteriores a los ataques y realizaron copias de las grabaciones.
Los Ángeles Press publicó esos documentos el 21 de agosto de 2025 en la investigación Ayotzinapa: una operación de exterminio del Estado, primera entrega del Informe Pascal. En los folios 0045 al 0068 del tomo 123 fueron localizados los dictámenes de informática forense 2083/2015 y 2038/2015, descritos en aquella investigación como idénticos. Ambos registran cinco operaciones de copia: una el 29 de septiembre de 2014 y cuatro más el 6 de octubre. Una de esas extracciones abarcó desde las 21:34:29 horas del 26 de septiembre hasta las 02:00:29 del día siguiente, periodo que comprende las horas de los ataques y desapariciones de los normalistas.
La titular de la FGR, Ernestina Godoy, informó el día de la detención que las cámaras 12 y 15 habían grabado al autobús Estrella de Oro 1531 frente al Palacio de Justicia. Según explicó, las primeras versiones oficiales sostenían que esas imágenes no existían por fallas técnicas, una versión que las nuevas diligencias habrían desmentido.
Godoy situó en enero de 2026 la declaración de una persona colaboradora que confirmó la existencia de las grabaciones y señaló a quien presuntamente las sustrajo para entregarlas a Aguirre. Agregó que en mayo un segundo testigo protegido había declarado que Aguirre ordenó durante una reunión con funcionarios de primer nivel desaparecer la evidencia relacionada con los hechos ocurridos frente al Palacio de Justicia.
Con esos testimonios y otros elementos que no se han hecho públicos en su integridad, la Unidad Especial para el caso Ayotzinapa obtuvo la orden de aprehensión contra el exgobernador por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada.
La existencia de las grabaciones estaba asentada en actuaciones de la propia PGR desde 2014.
La primera copia fue obtenida tres días después
El 29 de septiembre de 2014, el agente del Ministerio Público Federal Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado llegó al Palacio de Justicia de Iguala acompañado por los cuatro peritos en informática. Los documentos analizados por el Grupo Pascal registran que ese día se extrajo del sistema una primera copia correspondiente a la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre.
Una semana después, el 6 de octubre, los dictámenes documentaron cuatro operaciones más mediante conexiones a la red del sistema de videovigilancia para obtener grabaciones de las cámaras 12, 13, 14 y 15. Dos de ellas, la 12 y la 15, son las mismas que Godoy colocó ahora en el centro de la imputación contra Aguirre.
Los Ángeles Press identificó desde 2025 a Javier Uribe Iturbe y Luis Europa Solís Jiménez entre los funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero que intervinieron en el manejo técnico del material. Ambos continúan activos dentro del Poder Judicial y la Plataforma Nacional de Transparencia registra su permanencia, con los mismos cargos, de 2022 a 2026.
Uribe Iturbe figura como encargado de Informática del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de Iguala, con una remuneración mensual bruta registrada en 2025 de 29 mil 869.25 pesos.
Solís Jiménez aparece como programador analista, con 26 mil 79.55 pesos brutos mensuales, dentro del Poder Judicial de Guerrero, la institución que tenía bajo su resguardo el sistema de videovigilancia en 2014.
El Informe Pascal reconstruyó también la llegada de las grabaciones a la SEIDO por conducto del agente Ornelas Delgado.
Las operaciones registradas en septiembre y octubre anteceden a la incorporación formal del material a la indagatoria. El Informe Pascal consideró que esa secuencia rompía la cadena de custodia, porque las copias comenzaron a producirse antes de que el material quedara formalmente incorporado a la investigación federal. En 2025, Los Ángeles Press publicó esta información:
- La fecha temprana de obtención del material (29/09/2014).
- La fecha de grabación de copias adicionales (06/10/2014).
- La fecha en que inició la averiguación previa (25/10/2014).
- La fecha de incorporación formal al expediente (24/07/2015).
El material entregado oficialmente ya estaba mutilado. La versión completa nunca se integró al expediente y entre las imágenes retenidas estaban las de mayor relevancia para reconstruir lo ocurrido.
La FGR introduce a Isaías Rodríguez
La audiencia inicial de Aguirre, celebrada el 7 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, incorporó un nombre que no aparecía en la reconstrucción documental publicada por Los Ángeles Press en 2025.
La imputación se apoya en declaraciones de Blanca María del Rocío Estrada Ortega, exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Lambertina Galeana Marín, expresidente del Poder Judicial estatal. Según la relatoría de los fiscales, Isaías Rodríguez, a quien presentaron como encargado del área de informática del Tribunal, entregó a Estrada Ortega y Galeana Marín un sobre con un disco que contenía los videos del Palacio de Justicia. Estrada Ortega habría llevado el disco minutos después a Aguirre, quien presuntamente se lo entregó al procurador Iñaki Blanco para que “se hiciera cargo”.
Al día siguiente, el exgobernador habría ordenado destruir evidencia relacionada con los hechos del 26 y 27 de septiembre.
La FGR identifica a Isaías Rodríguez únicamente con un apellido, lo que impide verificar hasta ahora su nombre completo, nombramiento, adscripción y funciones dentro del Tribunal en septiembre de 2014.
La ausencia resulta más significativa porque la explicación pública de la Fiscalía tampoco menciona a Javier Uribe Iturbe y Luis Europa Solís Jiménez, cuyos nombres sí aparecen en las actuaciones técnicas de la propia PGR y en la investigación publicada por Los Ángeles Press en 2025. Ambos están vinculados con el manejo, extracción y entrega de los archivos de videovigilancia y pueden ser rastreados actualmente en los registros del Poder Judicial.
La nueva relatoría de la FGR incorpora a un funcionario que no está plenamente identificado y omite a dos técnicos documentados en las diligencias sobre las grabaciones.
Godoy no ha explicado qué cargo tenía Isaías Rodríguez ni cómo se relacionaban sus funciones con las de Uribe Iturbe y Solís Jiménez sobre el mismo sistema de videovigilancia.
Dos actuaciones el mismo 29 de septiembre
La imputación presentada contra Aguirre sitúa el 29 de septiembre de 2014 la entrega de un disco procedente del Palacio de Justicia al entonces gobernador. Los documentos publicados por Los Ángeles Press registran en esa misma fecha la llegada de Ornelas Delgado y los cuatro peritos federales al sistema de videovigilancia para realizar la primera copia.
La declaración presentada por la FGR aporta otra referencia. Según la relatoría ampliada de la audiencia, Aguirre preguntó a Estrada Ortega si había visto las imágenes y si existían más copias. La exvisitadora respondió que no sabía. La posibilidad de que hubiera otros respaldos aparece así dentro del mismo relato utilizado por la Fiscalía para sostener la imputación.
La documentación disponible no permite saber si el disco atribuido a Aguirre contenía las mismas imágenes que la copia obtenida ese día por los peritos federales o si se trataba de soportes distintos. Para entonces, la PGR ya había accedido al sistema y generado una copia.
Las extracciones documentadas por el Informe Pascal anteceden a la apertura formal que atribuye a la SEIDO el 25 de octubre de 2014, dentro de la averiguación AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/871/2014.
Otro respaldo llegó a la PGR en 2015
En marzo de 2016, el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Robespierre Robles Hurtado, informó a los padres de los 43 que el Poder Judicial ya no conservaba material videográfico porque el 24 de julio de 2015 había entregado a la PGR un respaldo del DVR.
Según la información proporcionada por el propio Tribunal, Javier Uribe Iturbe entregó a Ornelas Delgado una memoria USB con el contenido extraído del circuito cerrado de televisión dentro de la investigación PGR/SEIDO/UIEDMS/001/2015. Robles Hurtado aseguró también que el DVR era el mismo que continuaba funcionando en marzo de 2016.
Que el DVR continuara funcionando en 2016 no permite saber qué archivos conservaba. La entrega de la memoria USB sí documenta que la PGR recibió formalmente un respaldo y que Ornelas Delgado fue el receptor.
En 2020, Ornelas Delgado incluso promovió un amparo ante una posible orden de aprehensión relacionada con el caso y volvió a ser identificado públicamente como el funcionario de la SEIDO que había recibido una copia de los videos del Palacio de Justicia.
Los videos no fueron descubiertos en 2026
Uno de los analistas del Grupo Pascal comentó a Los Ángeles Press, después de conocer las declaraciones de Godoy, que las diligencias sobre las cámaras estaban documentadas desde 2014 y que su existencia no podía presentarse como un hallazgo obtenido doce años después.
Los testimonios incorporados en 2026 aportan, según la FGR, dos señalamientos nuevos: uno, la supuesta entrega del disco a Aguirre y el otro, la orden atribuida al exgobernador para destruir evidencia. La audiencia permitió conocer parte de esos relatos, pero no se han hecho públicos los elementos técnicos, documentales o de comunicaciones que los corroboren de manera independiente.
El 7 de agosto, Claudia Sheinbaum explicó que el equipo encargado del caso profundizó en las llamadas telefónicas de la noche de Iguala y en la ruta del autobús. Reconoció que los análisis actuales “pueden ser las mismas evidencias”, examinadas mediante otras herramientas y métodos de investigación.
Sheinbaum señaló que las sábanas telefónicas ya estaban dentro de las carpetas y fueron sometidas a una revisión más detallada. Su declaración reconoce que parte de la investigación actual trabaja sobre material que llevaba años dentro del expediente.
La FGR ha judicializado la presunta destrucción de los videos dentro del gobierno de Guerrero. Las diligencias de la propia PGR documentan a Ernesto Óscar Francisco Ornelas Delgado, Javier Uribe Iturbe y Luis Europa Solís Jiménez en la ruta de las grabaciones y sus copias. Ninguno aparece en la explicación pública con la que Ernestina Godoy presentó la imputación contra Ángel Aguirre.