Rosario Martínez De la Vega Lunes, 31 de Agosto del 2026
Los escombros terminan en rellenos sanitarios, predios particulares, caminos y cauces sin que los municipios de Guanajuato acrediten su destino final.
Por Rosario Martinez De la Vega
GUANAJUATO. — En el estado de Guanajuato el desarrollo urbano se mide en metros cúbicos de concreto, pero nadie mide el rastro de devastación que deja a su paso. Las toneladas de residuos de construcción y demolición (RCD) que generan diariamente las obras públicas estatales y municipales parecen disolverse en un vacío institucional: un circuito opaco donde el dinero público financia la construcción, pero el destino final de los desperdicios se delega a la clandestinidad.
Aunque desde 2013 la Norma Oficial Mexicana NOM-161-SEMARNAT-2011 obliga a constructoras y dependencias gubernamentales a formular e implementar un Plan de Manejo de Residuos, en las licitaciones y contratos públicos de la entidad la norma es poco más que papel mojado. Rara vez se especifican los tiraderos autorizados o los mecanismos de trazabilidad del material removido.
La Guía Rápida de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) es clara: los residuos deben clasificarse, separarse y trasladarse mediante transportistas acreditados hacia sitios de disposición oficial. Sin embargo, en Guanajuato no existe un padrón público, accesible y actualizado de estos sitios. Esta omisión no solo abre la puerta a que los camiones de volteo descarguen impunemente en lotes baldíos, caminos vecinales y cauces de ríos, sino que encubre una posible irregularidad financiera: presupuestos públicos pagados por concepto de flete y disposición final de escombros cuya ruta nadie verifica.
La paradoja ambiental y la economía circular perdida
El problema trasciende la contaminación visual y la obstrucción de la movilidad en las colonias periféricas de los municipios. Mientras que en marcos normativos avanzados y modelos de economía circular el "escombro limpio" (concreto, tabique, mortero) es considerado un insumo de alto valor —aprovechable al 100 % para la fabricación de agregados reciclados, sub-bases carreteables y banquetas—, en Guanajuato prevalece una visión extractiva y de desecho.
Al no existir infraestructura pública ni incentivos normativos para plantas de reciclaje de RCD, toneladas de material con potencial de reutilización terminan sepultando ecosistemas locales y saturando arroyos.
La respuesta estatal: burocracia y vacíos de información
A través de diversas solicitudes de información interpuestas ante los municipios del estado de Guanajuato y el Poder Ejecutivo estatal, resaltan los siguientes hallazgos:
- Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT): Aclara con precisión su papel en el manejo de escombros. Reconoce que estos residuos están legalmente clasificados como de manejo especial y requieren planes de manejo autorizados, pero señala que la validación de dichos planes, los registros volumétricos y las autorizaciones de impacto ambiental corresponden a la Secretaría del Agua y Medio Ambiente. La PAOT enfatiza que su función es de inspección y vigilancia, no de ejecución, y remite al solicitante a la dependencia estatal para acceder a contratos, volúmenes y registros.
- Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA): Muestra un cumplimiento jurídico sólido al reconocer los escombros como residuos de manejo especial y delimitar las competencias entre la PAOT y la propia dependencia; sin embargo, incurre en vacíos de transparencia al no orientar hacia las áreas que sí poseen información clave —como coordenadas de sitios, contratos y volúmenes— y presenta errores de redacción y fragmentos ilegibles en la tabla de alternativas de reciclaje. Aunque fundamenta los requisitos de impacto ambiental y licencias, la falta de exhaustividad evidencia vulnerabilidades en la rendición de cuentas.
Radiografía de la impunidad municipal
Una revisión a las respuestas de transparencia de casi 40 municipios revela un patrón sistemático de opacidad, negligencia e ilegalidad. De las Tierras Altas al Bajío, la constante es el vacío institucional, la omisión de bitácoras de trazabilidad y la cesión irresponsable de la carga ambiental a contratistas privados.
- Vertidos prohibidos y confusión normativa: Municipios como Salvatierra, Apaseo el Alto y Santa Catarina clasifican erróneamente los residuos pétreos como "no contaminantes" o "residuos sólidos urbanos". Bajo el pretexto de "obras menores" o "necesidades comunitarias", rellenan calles, caminos y socavones (como en Celaya) vulnerando la Ley General del Equilibrio Ecológico y la NOM-161-SEMARNAT-2011.
- El relleno sanitario como basurero clandestino: En Tarimoro, Cortazar, Cuerámaro, Huanímaro, Moroleón, Purísima del Rincón, Uriangato, Valle de Santiago y Tierra Blanca, las autoridades admiten verter miles de metros cúbicos de escombro directo en las celdas de basura urbana o usarlo informalmente como "cobertura", práctica prohibida por la ley estatal.
- Tiraderos "donados" y la farsa del favor vecinal: Atarjea, Comonfort, Coroneo, Doctor Mora, San Felipe, Santa Cruz de Juventino Rosas y Victoria regalan el material a particulares para rellenar predios y parcelas mediante acuerdos verbales. Sin dictámenes técnicos ni autorizaciones de impacto ambiental, la autoridad fomenta tiraderos clandestinos e inestabilidad de suelos.
- El negocio desregulado de los contratistas: En Pénjamo, Salamanca, San Francisco del Rincón, San Luis de la Paz, Tarandacuao y Xichú los ayuntamientos renuncian a su responsabilidad solidaria. Delegan el destino final a constructores privados sin exigir manifiestos de tiro, cláusulas ambientales ni licencias.
- Opacidad y murallas de transparencia: Irapuato, San José de Iturbide, Acámbaro, Jaral del Progreso y San Diego de la Unión recurren al bloqueo administrativo: canalizan solicitudes a áreas incompetentes, exigen "consultas presenciales", entregan respuestas evasivas o declaran inexistencias de información sin pasar por sus Comités de Transparencia.
- Negación de la realidad y contradicción interna: Apaseo el Grande sostiene que en cinco años "no se han generado escombros"; en Villagrán, Ecología confunde el material de construcción con composta orgánica; mientras que en Yuriria, las coordenadas duplicadas entregadas por Obras Públicas sugieren vertidos clandestinos al pie de la Laguna de Yuriria.
El costo oculto del escombro
Esta cadena de omisiones expone una crisis de gobernanza ambiental. Al carecer de bitácoras, manifiestos y contratos regulados, los municipios no solo violan la LGEEPA, la LGPGIR y la LPPAEG, sino que imposibilitan cualquier intento de economía circular o reciclaje.
La masa de concreto, varilla y sedimento termina ahogando Áreas Naturales Protegidas —como en la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda en Xichú— y alimentando una red de impunidad donde la obra pública destruye por un lado lo que pretende construir por el otro.
Mientras el discurso oficial abandera la modernización y el desarrollo sustentable, los cimientos de la obra pública en Guanajuato se sostienen sobre la simulación ambiental. Cada obra inaugurada con listón rojo deja tras de sí una estela de escombros sin rastrear. Pretender que el progreso de una ciudad se logra asfaltando el centro mientras se convierte la periferia en un basurero clandestino no es desarrollo: es impunidad edificada.