Guadalupe Lizárraga Viernes, 23 de Enero del 2026
Los movimientos alcanzan la procuración de justicia, la comunicación oficial y la interlocución empresarial de Baja California.
Por Guadalupe Lizárraga
La investigación que abrió la Fiscalía General de la República (FGR) contra el círculo de poder que rodea a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila —y en particular contra su aún esposo, Carlos Alberto Torres Torres, por presuntos delitos de narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero— no sólo activó alertas jurídicas. También detonó una reorganización política interna en el gobierno estatal y en su red de vínculos empresariales.
Lo que está en juego no es únicamente la estabilidad del gabinete, sino la operatividad misma del aparato gubernamental de Baja California bajo una investigación federal en curso.
Desde las primeras semanas de diciembre, y con mayor intensidad tras la filtración de los primeros oficios de la FGR para llamar a comparecer a actores clave, comenzaron a registrarse movimientos precisos en las cadenas de mando en áreas estratégicas del aparato gubernamental y su entorno político-empresarial. No se trata de una reestructura administrativa ordinaria, sino de una respuesta política ante una investigación federal que ha colocado bajo presión al círculo del poder estatal.
Los nombres que han trascendido en el llamado a las comparecencias federales —Fernando Rafael Salgado Chávez, Ismael Burgueño Ruiz y Armando Ayala, entre otros— son los mismos que hoy aparecen vinculados a este reacomodo. Información confidencial obtenida por Los Ángeles Press, reconstruida a partir del cruce de fuentes con conocimiento directo, movimientos internos y cambios observables en áreas estratégicas, revela ajustes claros en quién decide, quién ejecuta y quién controla la interlocución política y mediática del gobierno.
En el nuevo esquema, Fernando Salgado aparece como el principal punto de concentración de decisiones. De acuerdo con la fuente, reportes y coordinaciones que antes dependían directamente del entorno de la gobernadora o de Carlos Torres comenzaron a canalizarse hacia él. Carlos Torres reporta a Salgado y, a su vez, Marina del Pilar queda inserta en una cadena de interlocución política que pasa por Torres, rompiendo el esquema previo en el que la titular del Ejecutivo concentraba de manera directa esa relación.
Uno de los cambios más sensibles se registra en el ámbito de la procuración de justicia. Según la información recabada, la Fiscalía General del Estado dejó de operar bajo una línea política directa con la gobernadora y con Carlos Torres para pasar a un esquema de coordinación vinculado a Fernando Salgado, un desplazamiento de alto impacto institucional. Se trata de una institución que, por mandato constitucional, debería operar con autonomía frente al poder político local, lo que convierte este corrimiento en un punto crítico dentro del contexto de la investigación federal en curso.
El control de la agenda pública también forma parte de este rediseño. Ricardo Carpio, exfiscal del estado, cercano a Salgado, coordina la estrategia mediática de la Fiscalía y mantiene influencia sobre su sucesora, María Elena Andrade, centralizando la comunicación institucional en un circuito ajeno al organigrama formal del gobierno. En este mismo esquema, Pedro Montejo Peterson, operador político y secretario de Desarrollo Económico en Tijuana, reporta a Salgado y opera como ejecutor político de las decisiones que se trasladan al terreno administrativo y territorial.
Otros movimientos refuerzan esta arquitectura de poder. Alejandro Arregui Ibarra, secretario del Trabajo y Previsión Social de Baja California, antes vinculado directamente a Salgado, aparece ahora reportando tanto a él como a Montejo; mientras que el empresario Marco Santelices deja de depender de Salgado para hacerlo a través de Montejo, consolidando la concentración del mando.
El segundo nivel de esta estructura se articula desde Pedro Montejo. De acuerdo con la fuente, a él reportan Sergio Colín, adscrito a SEDETI, y Adrián Altamirano, desde el ámbito municipal. Destaca también Carlos Jaramillo, representante del Consejo Ciudadano de Tijuana, quien reporta a Montejo con enlace directo a Salgado, un doble canal que refuerza la centralización del control político.
En paralelo, Jaramillo concentra la interlocución con representantes empresariales que antes reportaban directamente a Montejo. En este nuevo esquema aparecen Federico Serrano, de Index; Adriana Eguía Alaniz, de Deitac, y Roberto Lyle, del Consejo Coordinador Empresarial. Este desplazamiento de interlocución ayuda a explicar las reacciones de cautela y repliegue que comenzaron a observarse en el sector empresarial tras conocerse el avance de la investigación federal.
La información también da cuenta de movimientos territoriales. Marco Santelices explora nuevas alianzas en Baja California Sur y Jalisco con actores previamente vinculados a Salgado. Estos desplazamientos coinciden con un mensaje interno atribuido a Salgado y Montejo, dirigido a su estructura: mantener respaldo político al alcalde de Tijuana Ismael Burgueño, deslindarse de Marina del Pilar y Carlos Torres, y no temer eventuales restricciones migratorias ni señalamientos por parte del gobierno de Estados Unidos.
Más allá de la contención inmediata, la fuente señala que el reacomodo apunta a reordenar el escenario político futuro. En ese cálculo aparecen como posibles cartas para la gubernatura Ismael Burgueño, Alejandro Arregui y el actual secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, con la intención de cerrar filas, hacia el final del proceso, en torno a un equipo encabezado por Burgueño, Arregui y Montejo.
Este reacomodo ocurre mientras la FGR investiga delitos de alto impacto que alcanzan al entorno más cercano del poder en Baja California. En ese contexto, los cambios en quién decide, quién reporta y quién controla la información dejan de ser ajustes internos y se convierten en hechos de interés público, porque coinciden con una indagatoria federal en curso y afectan el funcionamiento de instituciones que, por mandato constitucional, deberían operar con autonomía frente a cualquier lógica de protección política. La forma en que estas instituciones respondan bajo presión federal marcará un punto de inflexión en la rendición de cuentas del estado.