La CFE aún no aclara la diferencia entre los montos oficiales asociados al contrato de 670 chamarras de piel adquiridas en 2019 de la empresa del diputado Miguel Ángel Salim.
Los Ángeles Press
Los Ángeles Press precisa la siguiente información respecto a la nota periodística de Rosario Martínez De la Vega, publicada el 7 de mayo de 2026, titulada: “Empresa de diputado obtuvo 255 mdp en contratos de CFE”, relacionada con el contrato número 700501976 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Después de la publicación del reportaje, el diputado Miguel Ángel Salim Alle rechazó el contenido de la información y señaló que ésta contenía “afirmaciones falsas e imprecisas”, además de negar categóricamente que la empresa hubiera celebrado "contratos por 229 millones de pesos".
Al respecto, Los Ángeles Press aportó nuevamente la información oficial que respalda la existencia del contrato referido en el reportaje, mediante la aclaración publicada el 8 de mayo de 2026 bajo el título “Los Ángeles Press responde a diputado por contrato de 227 mdp de CFE”.
Posteriormente, el diputado Salim Alle remitió a este medio una copia del contrato identificado con el número 700501976, celebrado entre CFE Generación I EPS y la empresa Bordados Michel S.A. de C.V., RFC BMI960523SP9, relacionado con la adquisición de 670 chamarras de piel con un precio unitario de $2,929.00 pesos.
La documentación enviada por el diputado confirma la existencia del contrato, y revela la discrepancia en el monto publicado oficialmente por la Plataforma Nacional de Transparencia.
Tanto la ficha técnica de Transparencia como el documento remitido por el legislador contienen el mismo número de contrato, el mismo proveedor y el mismo objeto contractual. Sin embargo, ambos documentos presentan montos radicalmente distintos.
La Plataforma Nacional de Transparencia registra para dicho contrato un monto total de $227,641,880.00 pesos, mientras que la copia del contrato enviada a esta redacción muestra un total de $2,276,418.80 pesos.
La diferencia entre ambas cifras corresponde exactamente a un factor de cien, circunstancia que hace plausible la hipótesis de un posible error de captura, desplazamiento de decimales o inconsistencia en la carga de información dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. No obstante, dicha hipótesis no puede considerarse acreditada de manera definitiva mientras la Comisión Federal de Electricidad no emita una aclaración oficial sobre el origen de la discrepancia.
Los Ángeles Press solicitó formalmente a la CFE una explicación sobre el monto publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia y sobre el procedimiento mediante el cual fue capturada, validada y difundida dicha información, sin que hasta el momento exista una respuesta oficial.
Por otro lado, la copia remitida por el legislador tampoco resuelve por sí misma aspectos fundamentales que continúan pendientes de verificación pública, entre éstos, el monto efectivamente contratado, facturado y pagado; y la trazabilidad de captura y validación de la información publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Como parte de los estándares editoriales de este medio, toda documentación nueva relevante se incorpora al proceso de verificación y actualización de los hechos publicados.
La evidencia disponible obliga a precisar el enfoque de la información: no se trata de un contrato inexistente, sino de un contrato real cuyo monto aparece de manera contradictoria en documentos originados por instituciones públicas vinculados al mismo expediente contractual.
La existencia de dos montos incompatibles asociados al mismo contrato público profundiza el interés público del caso.
Corresponde ahora a la Comisión Federal de Electricidad esclarecer oficialmente cuál fue el monto contratado, facturado y pagado, así como explicar el procedimiento mediante el cual fue capturada, validada y publicada la información en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Los Ángeles Press mantendrá abierta la investigación periodística hasta contar con una respuesta oficial y documentalmente verificable de la autoridad responsable.