El activista panafricanista en España, Diallo Ablaye, ha enfrentado intimidaciones, falsas acusaciones, abusos de poder, retención ilegal de documentos de identidad y su salario.
Las organizaciones Internacionales exigen un alto a las violaciones de derechos humanos del activista panafricanista.
Los Ángeles Press
Bilbao. — Hoy, un grupo diverso de organizaciones internacionales de derechos humanos y solidaridad, junto con la Organización Panafricanista Mundial (OPAM/WOPO), emitieron un comunicado conjunto condenando enérgicamente lo que describen como una campaña de persecución sistemática y discriminación racial contra Diallo Ablaye, destacado activista y representante internacional de OPAM/WOPO.
Desde su residencia en Bilbao, España, Diallo Ablaye, de origen senegalés, ha enfrentado intimidaciones, falsas acusaciones, abusos de poder y retención ilegal de documentos y salario, según el comunicado. Las organizaciones también expresaron preocupación por la seguridad tanto de Ablaye como de su esposa, quien afirma vivir con miedo a represalias.
El comunicado, respaldado por redes de activismo en las Américas, África, Australia y Europa, exige a las autoridades españolas, incluyendo la administración de justicia y la policía local, que pongan fin inmediato al hostigamiento y garanticen la seguridad y derechos fundamentales de Ablaye y su familia. Asimismo, insta al Gobierno Vasco y al gobierno central español a cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y a asegurar un entorno donde todas las personas, independientemente de su origen étnico o creencias, puedan vivir sin temor a la discriminación o persecución.
"Cuando la justicia se aparta de la equidad e imparcialidad y se convierte en instrumento de persecución, pierde su legitimidad", señaló el comunicado, subrayando la importancia de un sistema judicial justo y transparente.
El comunicado también hizo referencia a principios fundamentales de derechos humanos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales, enfatizando la obligación de los estados de proteger los derechos de todos sus ciudadanos, así como de los residentes en su territorio.