Lanzan campaña internacional en defensa de los cincos ambientalistas de El Salvador detenidos de un delito de hace 33 años.
Los Ángeles Press
San Salvador.— Del 8 al 10 de octubre de 2024, El Salvador será escenario de una vista pública crucial que involucra a cinco destacados líderes comunitarios y defensores ambientales de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES). Los acusados fueron detenidos el 11 de enero de 2023 y enfrentan cargos relacionados con un delito presuntamente cometido hace más de 33 años, en el contexto de la guerra civil salvadoreña.
Los defensores, reconocidos a nivel internacional por su labor en la protección de los recursos hídricos, estuvieron encarcelados durante ocho meses antes de ser puestos bajo arresto domiciliario. No obstante, las graves violaciones a sus derechos persisten. En febrero de 2024, la jueza de primera instancia decidió enviar el caso a vista pública a pesar de la falta de pruebas y las irregularidades en el testimonio del único testigo protegido presentado por la Fiscalía. La decisión fue confirmada por la cámara de apelaciones, a pesar de las objeciones del equipo de defensa que alegó irregularidades procesales.
Organizaciones sociales de El Salvador han expresado su preocupación por lo que consideran una manipulación del sistema judicial por parte del Gobierno de Nayib Bukele. Estas organizaciones sostienen que, en lugar de buscar justicia para las víctimas de la guerra civil, el régimen está utilizando el sistema judicial para criminalizar a los líderes ambientales que han sido fundamentales en la lucha por la prohibición de la minería metálica en el país desde 2017. Estos líderes también han denunciado la presencia de empresas mineras en Cabañas, a pesar de la prohibición vigente, y han criticado medidas recientes que podrían debilitar dicha ley.
La administración de Bukele enfrenta críticas por su enfoque económico, que se ha visto agravado por un pobre desempeño económico en comparación con el resto de Centroamérica. Con la economía del país siendo la de más lento crecimiento de la región y altas tasas de pobreza, el gobierno ha intensificado políticas extractivistas, incluyendo proyectos turísticos que han provocado desplazamiento forzado, y ha anunciado nuevas iniciativas en exploración petrolera y energía nuclear sin consulta pública ni acceso a la información.
El régimen de Bukele, conocido por sus políticas de seguridad controvertidas que han resultado en el encarcelamiento masivo y en condiciones inhumanas en las prisiones, también ha sido acusado de violaciones graves a los derechos humanos. Más de 80,000 personas han sido encarceladas sin juicio adecuado, con casos reportados de tortura y muertes sospechosas.
En este contexto, los defensores del agua de Santa Marta enfrentan una situación alarmante. La falta de independencia judicial y las condiciones extremas en las prisiones podrían convertir una posible sentencia de cárcel en una condena de muerte, dado que los acusados son adultos mayores con enfermedades crónicas.
Desde que comenzaron las acusaciones, ha surgido una campaña internacional en defensa de los defensores ambientales, apoyada por la relatora especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, representantes del Congreso de Estados Unidos y España, así como cientos de organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo. En respuesta a la situación, se están organizando acciones de solidaridad en diversas ciudades para crear conciencia y mostrar apoyo a los movimientos sociales salvadoreños y a la comunidad de Santa Marta.
El desarrollo del caso y las acciones internacionales en solidaridad con los defensores del agua serán observadas de cerca por la comunidad internacional, en un momento crítico para los derechos humanos y el medio ambiente en El Salvador.