Investigación continúa sobre iglesia vinculada con abuso infantil en Honduras.
La unidad especializada busca localizar a otros menores que pudieran permanecer bajo explotación, violencia sexual o cautiverio en Danlí, El Paraíso.
Por Itsmania Platero
HONDURAS.— La investigación contra el pastor evangélico Emiliano de Jesús Díaz Udiel continúa sobre el entorno de la Iglesia Esmirna de las Asambleas de Dios, ubicada en la aldea Chichicaste, Jamastrán, Danlí, El Paraíso, donde también se encuentra su domicilio y que es investigada como posible centro de operaciones de actividades clandestinas contra menores.
Las diligencias buscan determinar la existencia de una red relacionada con abuso infantil, explotación, proxenetismo, violencia sexual y condiciones de esclavitud, así como identificar a otras personas que pudieran haber participado en estos hechos.
La Unidad Especial de Delitos contra la Trata de Personas mantiene abiertas las investigaciones para localizar y liberar a menores que pudieran permanecer bajo control de adultos vinculados con este entorno.
La captura de Díaz Udiel, ejecutada el 1 de octubre por una orden judicial por violación agravada continuada, representa una de las acciones dentro de una investigación iniciada anteriormente y no el cierre del caso.
Uno de los antecedentes más graves ocurrió en 2024, cuando una menor fue rescatada en condiciones críticas de salud después de sufrir fuertes quemaduras en las piernas con nixtamal, una preparación de agua caliente con cal utilizada para procesar maíz.
La adolescente fue retirada del lugar y quedó bajo protección de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que gestionó su ingreso para recibir atención médica especializada.
El caso había llegado a conocimiento de las autoridades desde el 23 de agosto de 2024. Desde entonces se desarrollaron labores de seguimiento relacionadas con las condiciones en las que permanecían menores dentro de ese entorno familiar y religioso.
La menor rescatada había llegado a Chichicaste buscando protección después de haber sufrido previamente abuso sexual. En ese lugar quedó nuevamente expuesta a violencia, explotación laboral y agresiones sexuales, según los hechos incorporados a la investigación.
La pesquisa ahora busca establecer si existen otras niñas, niños o adolescentes sometidos a situaciones similares y quiénes intervinieron en su permanencia, traslado, explotación o encubrimiento.
El problema trasciende este expediente.
La Policía Nacional de Honduras registra miles de denuncias relacionadas con abuso contra menores, una parte importante dentro del entorno familiar. Entre los expedientes investigados aparecen también casos vinculados con personas que ejercían liderazgo religioso.
Las denuncias llegan diariamente al Ministerio Público, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia y la Dirección Policial de Investigaciones. Honduras carece de una estadística pública consolidada que permita conocer cuántas víctimas corresponden específicamente a casos relacionados con iglesias o dirigentes religiosos.
Las capturas y procesos aparecen registrados de manera aislada en diferentes departamentos del país.
Uno de los casos corresponde a Erick Geovany Zambrano Estrada, pastor evangélico condenado en diferentes procesos por agresiones sexuales continuadas contra menores. Las sentencias acumuladas contra él incluyen una condena de 26 años y tres meses y una posterior tercera condena de diez años de reclusión.
Las investigaciones establecieron que Zambrano utilizaba su posición religiosa y el contacto con menores dentro de actividades de la iglesia para acercarse a sus víctimas.
En Lepaterique, Francisco Morazán, la Dirección Policial de Investigaciones detuvo a otro pastor por una acusación de violación agravada contra una adolescente de 17 años.
Otro procedimiento se registró en Arada, Santa Bárbara, donde un dirigente religioso fue capturado bajo acusaciones relacionadas con el abuso sexual de dos jóvenes.
Durante julio de 2026, la Policía Nacional también reportó detenciones relacionadas con agresiones sexuales contra niñas de 12 años.
En San Pedro Sula, la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia ha procesado penalmente a otros religiosos. Entre ellos se encuentran Denis Noel García Zelaya, acusado por estupro, y José Adelso Casaca Chacón, contra quien se dictó detención judicial por delitos sexuales.
Los expedientes corresponden a investigaciones distintas y no establecen hasta ahora la existencia de una estructura común entre los detenidos.
Sí muestran un patrón que las instituciones hondureñas enfrentan de manera fragmentada: menores agredidos por personas con acceso directo a ellos dentro del círculo familiar, comunitario o religioso.
En algunos casos, la denuncia encuentra además resistencia dentro del propio entorno de las víctimas. Madres, familiares o personas cercanas pueden convertirse en una barrera para que los menores hablen o sean retirados de los lugares donde sufren violencia.
También existen denuncias sobre omisiones de organizaciones creadas para proteger a la niñez, situación que deberá establecerse mediante investigaciones individualizadas y responsabilidades concretas.
La falta de una cifra pública nacional sobre víctimas y victimarios relacionados con estos entornos impide dimensionar el fenómeno. Los registros disponibles muestran denuncias, capturas y procesos separados sin una base oficial que permita conocer el alcance completo de los hechos.
En Chichicaste, las investigaciones continúan después de la detención de Díaz Udiel.
La unidad especializada mantiene las diligencias para determinar quiénes más participaron, identificar a otras posibles víctimas y establecer si todavía existen menores sometidos a explotación, abuso sexual o privación de su libertad.
Los niños de Honduras no están en venta.