Los testimonios muestran cómo las jornaleras indígenas convierten abusos laborales y explotación en procesos de denuncia, acompañamiento y defensa de sus derechos.
Por María Mayela Blanco Ramírez
Recupero estas palabras descritas por María, en septiembre del 2020 vía telefonía, resaltan su sabio y poderoso SENTIR. Desde ese sentir, muchas mujeres jornaleras agrícolas siembran, cortan y empacan frutas, verduras y hortalizas, alimentando, con su trabajo, las mesas de quienes vivimos y transitamos en este país, que además las exporta al extranjero; ante eso, efectivamente, no es Justo que no le paguen a una mujer indígena, migrante y trabajadora del jornal agrícola, eso es una violación a su derecho al salario, que se agudiza ante la ausencia del registro en el seguro social, ambos establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
María, es originaria de una comunidad nahua del municipio de Huejutla, Hidalgo, ella migró para trabajar en el corte de tomate en el municipio de Villa de Arista, San Luis Potosí, en septiembre del 2020. Es una de las mujeres que contó lo que estaba viviendo en el lugar de trabajo, junto con más de 30 personas que se encontraban en el albergue ubicado en la cabecera municipal de Arista (que hasta el año 2020 operaba como tal). Lo que ella sintió, la impulsó a buscar ayuda, lo cual permitió documentar e identificar las violaciones a derechos humanos y laborales que estaban enfrentando jornaleras y jornaleros originarios de comunidades indígenas de Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, que se encontraban laborando en el jornal, en una empresa de tomate.
El sentir de María la impulsaba a exigir su salario, para llevarlo a su familia que la esperaba en su comunidad. Su valentía al narrar la situación logró un proceso de acompañamiento, documentación y denuncia que tuvo el respaldo de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJJA), en San Luis Potosí y en el que tuvieron que responder autoridades estatales y federales, así como Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las y los jornaleros, luego de 7 días de espera, lograron regresar a su comunidad y fue posible que a cada una/uno se les pagara sus salarios. Este caso que inició con un sentir de injusticia también derivó en una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2022.
El acompañamiento y documentación a casos de violaciones a derechos humanos y laborales, que enfrentan las mujeres indígenas trabajadoras del jornal en situación de movilidad humana en México y en Estados Unidos, tal como se describió en el caso de María, da lugar a que en este artículo resaltemos su valentía y fuerza en la búsqueda de un buen y justo vivir, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora el 5 de septiembre de cada año, desde 1983. Este día rinde honor y reconocimiento a su fortaleza, lucha y resiliencia, también reconoce el trabajo y aporte que las mujeres indígenas realizan en el jornal. A continuación, se describe otro caso, con el fin de seguir visibilizando el contexto del trabajo agrícola y las acciones que han emprendido por sí mismas ante situaciones que afectan su vida en el trabajo.
Lupita, es habitante de la comunidad nahua El Arroyo, del municipio de Xilitla, ubicado en la región huasteca en San Luis Potosí. Su historia como migrante inició a los 17 años cuando trabajó en la maquila en Aguascalientes. El 2015, fue el año que por primera vez migró junto con su hermana Gloria a los Estados Unidos, con una visa H2A. Dentro de su relato recuperado en el 2018, comentó:
“Me enteré por un vecino de la comunidad que el trabajo era para el empaque de blueberry en la empresa City Agrícola de Berries LLC., en Baxley, Georgia. En mi comunidad hice el primer pago $350 de los gastos de papelería. El 25 de abril del 2015 salimos de la comunidad mi hermana y yo, pagamos la camioneta a Xilitla, no recuerdo cuanto pagamos por el viaje, ahí compramos un boleto para cada una de $260 para llegar al municipio de Rioverde, donde había más personas de diversas edades, éramos 8 mujeres y 32 hombres de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Veracruz, pues nosotros de San Luis Potosí, la mayoría hablamos náhuatl, algunos tenék, dicen que otros eran otomís y mixtecos, ahí nos recibió José, líder del grupo del patrón Federico.
Luego por persona pagamos $900 pesos por el viaje de Rioverde a Monterrey, llegamos en la madrugada, nos llevaron a un hotel que no recuerdo el nombre y nos metieron a todos a un sótano que tenía el hotel, ahí había más personas. José nos dijo que buscáramos un espacio y durmiéramos unas horas, pues estábamos solo de paso, no había ni camas ni nada para dormir. La verdad es que no dieron de comer, nosotras llevamos nuestro lonche. Dormimos como pudimos, pues a las 10:00 am teníamos que estar con la agencia con la Licenciada Barbara. Luego volvimos al sótano del hotel para recoger nuestras pertenencias. Le pagamos en ese momento a José, el contratista, $1,200 pesos por los gastos de asesoría de la Licenciada, más 190 dólares por el “derecho de visa”. Una vez que pagamos nos subimos al autobús, que ellos contrataron y viajamos de Monterrey a Nuevo Laredo, Tamaulipas, llegamos al hotel “Camino Real” a las 11:30 de la noche, nos hospedamos por 4 días, pagamos $900.00 pesos por persona, nos quedamos en grupos de 3 por habitación. Nosotras íbamos a ir a comprar algo para comer, pero en la recepción del hotel dijeron que no, que ellos pedían cosas a domicilio, de hecho, nos recomendaron no salir en la noche y procurar no traer dinero, ¡era peligroso el lugar!”.
El caso de Lupita es largo, se recupera lo relacionado con el transporte que incrementa el riesgo en las carreteras, así como en las ciudades en donde los trabajadores gestionan la visa H2A. Esta experiencia es una radiografía repetitiva en diversas comunidades de México, en dónde se paga por el “derecho de visa”. Al mismo tiempo, evidencia la ausencia de control y vigilancia en los hoteles y carreteras, que muchas veces parecen ser utilizados (dado el testimonio) para la comisión de otro tipo de delitos, como pueden ser la trata y el tráfico de personas migrantes.
Este extracto es parte de una historia de vida que se realizó para el caso de Lupita, quien luego del 2015, volvió a migrar con este tipo de visa, cada año de manera consecutiva con el mismo contratista. En el 2018 se tuvo contacto con Lupita, se documentó y realizó el acompañamiento de su caso, dado que se encontraba en situaciones de explotación laboral y la presunción del delito de trata laboral.
Ella realizaba de manera obligada actividades laborales que no estaban en su contrato de trabajadora H2A, además fue objeto de bajos salarios y robo de salario, discriminación, violencia laboral, y fue testigo de un accidente que sufrió una de sus compañeras en el lugar de trabajo.
Lo anterior y otros elementos dieron lugar para denunciar su caso ante autoridades, junto con organizaciones de la sociedad civil en los Estados Unidos especialistas en la materia. Con este respaldo, después de poco más de dos años, Lupita fue reconocida como víctima de trata laboral. Obteniendo el trámite de la visa T. Lupita y yo, seguimos en contacto, sé que por fin está trabajando en otro sector en los Estados Unidos.
En 2022 tuve contacto con su familia, recordamos el miedo que ella sentía por emprender una denuncia. Por hablar. Por qué no se hiciera nada. Sin embargo, hoy su testimonio es una muestra de que su valentía, su voz, y resiliencia dieron un fruto de justicia ante todo lo que ella sufrió en este trabajo en corte y empaque de Bluuberry en Georgia.
Cierro este artículo, reconociendo estas voces y todas las voces que nos invitan a mirar la vida y el trabajo agrícola, así como las dificultades que siguen atravesando nuestras compañeras, y valientes mujeres indígenas en los campos agrícolas de México y Estados Unidos, que con su trabajo nos permiten consumir jitomates, chiles, fresas, aguacates, berries, manzanas, caña de azúcar, pepino, ejote, brócoli, lechuga, cebolla, entre otras frutas, verduras y hortalizas.
Fuente: tatyisavi.com