En Latinoamérica, estas tecnologías facilitan minería ilegal, vigilancia territorial y otras operaciones criminales que amenazan bosques y comunidades remotas.
Por Steven Grattan
BOGOTÁ (AP) — Una comisión de derechos humanos hizo un llamado el martes para una supervisión más estricta de las tecnologías que emplean las organizaciones criminales en Latinoamérica, asegurando que el uso de herramientas como el internet satelital, drones y plataformas en línea ayuda a respaldar la minería ilegal y otras actividades que ponen en riesgo a zonas boscosas y comunidades remotas.
El llamado de la Oficina de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) —que forma parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)— refleja una creciente preocupación por la manera en que las redes criminales hacen uso de la tecnología para coordinar operaciones, vigilar territorios y ampliar su alcance hacia zonas remotas.
La oficina instó a los gobiernos a endurecer controles sobre la transferencia y el uso de estas tecnologías, e hizo un llamado a las compañías para que evalúen si sus productos y servicios pueden desviarse hacia grupos criminales.
El pronunciamiento coincide con una conferencia de la ONU sobre delincuencia organizada transnacional en Viena, donde los gobiernos sopesan la posibilidad de iniciar negociaciones sobre un acuerdo dirigido a los delitos ambientales como la minería ilegal, la tala y el tráfico de vida silvestre. Más de una decena de representantes indígenas de países amazónicos asisten al encuentro del 19 al 23 de octubre, donde reclaman acciones internacionales más firme contra las redes criminales que amenazan sus bosques y comunidades.
La REDESCA señaló que el internet satelital, como el servicio de Starlink de Elon Musk, ha sido utilizado en operaciones de minería ilegal para coordinar logística, pagos y desplazamientos en zonas remotas que no cuentan con infraestructura tradicional de comunicaciones.
Los grupos armados y criminales también están utilizando drones para labores de vigilancia y control territorial en torno a áreas vinculadas con economías ilícitas, afirmó la oficina.
Armed Conflict Location & Event Data Project, un grupo que rastrea actos de violencia política en todo el mundo, registró cerca de 670 incidentes que involucraron drones armados en toda América Latina desde 2018. Más del 72% de estos episodios ha ocurrido entre enero de 2025 y agosto de 2026, aseguró la organización en un informe publicado en agosto pasado.
Las cifras reflejan el aumento en el uso de drones armados en la región y no se limita a delitos ambientales.
La oficina también destacó el uso de redes sociales para comercializar mercurio —un metal tóxico utilizado en la minería ilegal de oro que puede contaminar ríos y arroyos y se puede acumular en los pescados que consumen las comunidades locales.
Fiscales documentaron 108 publicaciones en TikTok que anunciaban mercurio para la minería ilegal de oro y que acumularon más de 5,8 millones de visualizaciones, de acuerdo con REDESCA. En su respuesta a las consultas de The Associated Press, la oficina no identificó al país involucrado.
La REDESCA señaló que entre los casos documentados públicamente también se incluyen drones que volaron sobre comunidades indígenas en medio de disputas relacionadas con la tala ilegal, así como drones armados utilizados para intimidar a civiles indígenas. Advirtió, sin embargo, que la evidencia no siempre establece una conexión directa entre esos incidentes y actividades de protección ambiental.
La tecnología también ayuda a las comunidades a proteger los bosques
Las mismas tecnologías utilizadas por organizaciones delictivas también pueden ayudar a las comunidades indígenas a defender sus territorios.
Las imágenes satelitales, el mapeo por GPS y el uso de drones pueden detectar actividades de deforestación y minería ilegal, permitiéndole a las comunidades reunir evidencias de incursiones y, al mismo tiempo, reducir su exposición a grupos armados.
La REDESCA instó a los gobiernos a reforzar la supervisión de las transferencias de tecnología e investigar su uso ilícito, además de pedir que las empresas tecnológicas y de telecomunicaciones evalúen la posibilidad de que sus productos y servicios puedan ser desviados hacia organizaciones criminales.
La oficina también advirtió que el desarrollo y operación de tecnologías avanzadas conlleva costos ambientales, incluido el consumo de energía y agua, extracción de minerales y desechos electrónicos.
Subrayó que los gobiernos deben apoyar el monitoreo ambiental liderado por las comunidades sin eximir a las autoridades públicas de la responsabilidad de proteger los territorios.
___
La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de la AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.