
La Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC), denuncia públicamente, que las oficinas de esta organización fueron allanadas, el viernes 2 de octubre del presente.
Redacción
La organización de derechos humanos y por la libertad de expresión, Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC), denunció en un comunicado público que sus oficinas fueron allanadas con violencia el pasado 2 de octubre, llevándose objetos de valor y diez memorias con información del trabajo de los activistas que litigan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Las responsables del comunicado, Ericka Zamora Pardo y María Magdalena López Paulino, especificaron que alrededor de la 1:30 pm, Martha Adriana López Paulino, quién habita la casa, donde se encuentran las oficinas de la Red, y quién es además la responsable administrativa, al abrir la puerta principal, fue empujada con violencia por un sujeto y al voltear se percató que había otros dos sujetos, uno se quedó fuera de la casa y el otro la sometió, la arrastró y la golpeó. Posteriormente, la amarró de las manos y de los pies, y así la mantuvo por aproximadamente dos horas, mientras violaba la cerradura de todos los muebles y finalmente extrajeron todo lo que había de valor, incluyendo la información en las memorias USB.
Entre otros casos en litigación por la Red, se encuentra el de Jorge Sotero Tzompaxtle Tecpile con el Informe de Fondo, y tiene que ver con la ilegalidad de la figura del arraigo. Así mismo, el caso de la masacre de El Charco, el caso de la ejecución extrajudicial de Arturo Hernández Cardona. También, la Red litiga los casos de los periodistas Guadalupe Lizárraga y Manuel Osbaldo Salvador Ang, que han sufrido acoso y persecución de autoridades por su trabajo.
El domingo 4 de octubre, decidieron accionar el botón de pánico, ya que varios miembros de la organización de derechos humanos cuentan con éste, para solicitar el apoyo del Mecanismo de Protección para las personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, cuyo apoyo sólo consistió en enviar una patrulla, manifestando que no podían hacer más.
La denuncia de los hechos se encuentra interpuesta ante la Fiscalía de la alcaldía Magdalena Contreras.
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