Desplazamiento forzado por violencia del crimen organizado en Chiapas

Frontera de Comalapa y Chicomuselo, Chiapas, zonas afectadas por la violencia de grupos delictivos.

Las comunidades de Chiapas en alerta por el saqueo y asesinatos.

Por Argenis Esquipulas

Frontera Comalapa, Chiapas - El Comité Digna Ochoa señaló su preocupación por el escenario que se desarrolla en la frontera de Comalapa y Chicomuselo, Chiapas, desde el pasado 22 de mayo de 2023, por la violencia del crimen organizado. En dicha fecha, se iniciaron enfrentamientos entre dos bandos delictivos, los cuales dejaron un saldo trágico de más de 60 muertos y desplazamiento forzado d eunas tres mil personas.

Según informes dados al Comité Digna Ochoa, uno de los bandos involucrados en los enfrentamientos ha utilizado drones cargados con explosivos de C4 y armas de alto calibre. Lamentablemente, se presume que dichas armas han sido empleadas indiscriminadamente entre los habitantes del ejido, quienes no tienen relación alguna con los conflictos entre grupos delictivos.

La situación se agrava aún más debido a los actos de saqueo y robo que están teniendo lugar en la zona. Se desconoce con certeza qué bando está llevando a cabo estos delitos, pero se han reportado casos de saqueo en las viviendas de los pobladores. Además, la tesorería del Ejido fue saqueada, generando una importante pérdida económica para la comunidad.

Ante esta situación de peligro y vulnerabilidad, la comunidad de Nueva Independencia, también conocida como Lajerío, ubicada en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, ha tomado la decisión de abandonar sus hogares y bienes para buscar refugio en otros lugares.

Hasta el momento, más de 3 mil personas, entre niños, hombres, mujeres y adultos mayores, se han visto forzadas a desplazarse hacia lugares como Barrio El Corralito, Absalón Castellanos, Santo Domingo, Ejido Benito Juárez, Ejido Nicolás Bravo, Ejido Costa Rica, Ejido Mazapa, Ejido Candelaria, todos pertenecientes al municipio de Frontera Comalapa. Además, algunos habitantes han buscado refugio en los ejidos de Josefa Ortiz de Domínguez y Ejido Pablo L. Sidar, en el municipio de Chicomuselo.

El gobierno federal, el ejército y la Guardia Nacional no han intervenido en la crisis, lo que ha generado una situación desesperante para las personas desplazadas. Estas comunidades han encontrado apoyo y solidaridad entre sí, pero la ausencia total de las autoridades federales y estatales es evidente.

Ninguna autoridad ha tomado medidas para asistir a los afectados, dejando al pueblo en completo abandono y a su suerte. Los graves sucesos que están ocurriendo y los que puedan suceder recaen en la plena responsabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador por las omisiones y negligencias de los gobiernos federal y estatal están configurando graves vulneraciones de los derechos humanos.

En este sentido, el Comité Digna Ochoa hizo un llamado urgente a las comunidades vecinas donde se han refugiado las personas desplazadas por la violencia generada por los grupos del crimen organizado y la indiferencia gubernamental. Solicitó que se solidaricen en la medida de sus posibilidades y se organicen para brindar apoyo con alimentos básicos como maíz y frijoles, o cualquier otro recurso que puedan ofrecer.

"En tiempos difíciles, sólo la organización y solidaridad del pueblo pueden salvar al pueblo", dijo la coordinación, ya que el gobierno mexicano dijo "parece estar más ocupado en sus campañas políticas que en la violación de derechos humanos".