Además del escándalo de corrupción del gobierno de Mara Lezama, el presidente del IAPQROO es amenazado por revelar los resultados del informe.
Los Ángeles Press
Los resultados del 1er Informe Anual de Problemas Públicos 2022-2023, presentados por el Instituto de Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C. (IAPQROO), han revelado la corrupción en todas las dependencias del Gobierno del Estado de Quintana Roo bajo el liderazgo de Mara Lezama.
El informe destaca que el problema de la corrupción no sólo es generalizado, sino que también abarca múltiples áreas programáticas, incluidos el Bienestar Social, la Seguridad Ciudadana, el Desarrollo Económico y el Medioambiente. La corrupción ha eclipsado incluso los esfuerzos destinados al "Eje 5. Gobierno honesto, auténtico y cercano a la gente", que se suponía sería la piedra angular de la administración de Lezama.
Las políticas públicas supuestamente diseñadas para combatir la corrupción han sido señaladas como ineficaces, con un nuevo acuerdo para el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, la transparencia y el combate a la corrupción, y las finanzas públicas todos enfrentando críticas severas. Estos hallazgos cuestionan seriamente los indicadores de transparencia anunciados por el Gobierno de Quintana Roo y sugieren un retroceso en áreas clave como la deuda pública y la presupuestación del gasto.
Además, el informe revela que el gobierno de Mara Lezama ha obstaculizado los esfuerzos de evaluación gubernamental y rendición de cuentas, ignorando los llamados de la sociedad civil y las instituciones dedicadas a la administración pública.
Amenazas de la gobernadora al presidente del IAPQROO
Tras la publicacion del Informa Anual de Problemas Públicos de Quintana Roo, el presidente del Consejo Directivo del IAPQROO, León Lizárraga, recibió amenazas con el fin de silenciarlo por las evaluaciones deficitarias del gobierno de Mara Lezama. El presidente del instituto consideró una fuerte alarma, especialmente en un contexto electoral donde la violencia política ha cobrado la vida de numerosos candidatos y líderes partidistas.
Este escándalo también ha puesto al descubierto el presunto robo de 21,500 millones de pesos en sobreprecios de la tarifa de agua potable y alcantarillado desde 2011 hasta la fecha, lo que plantea graves implicaciones legales para los responsables. León Lizárraga ha prometido continuar su labor de profesionalización de las personas servidoras públicas y lucha contra la corrupción, a pesar de las amenazas y los desafíos.
Este informe no solo es un llamado de atención para el Gobierno de Quintana Roo, sino también una advertencia para la sociedad sobre la gravedad de la situación y la urgencia de tomar medidas contra la corrupción arraigada en las estructuras gubernamentales.