Guadalupe Lizárraga Jueves, 23 de Abril del 2026
Familiares de los internos en Los Ángeles recogen firmas de respaldo para las denuncias de violaciones de derechos humanos que apuntan a un patrón de abusos dentro del CEFERESO 13.
Por Guadalupe Lizárraga
Personas privadas de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) 13, en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, denunciaron actos de tortura, negligencia médica y abusos por parte de autoridades penitenciarias.
De acuerdo con un manuscrito enviado a Los Ángeles Press, y dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los internos reportan tratos inhumanos, falta de atención médica, escasez de medicamentos y sanciones disciplinarias sin posibilidad de impugnación.
El documento señala que existen más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por estos hechos, así como más de mil denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR). También se acusa del robo de las pertenencias de los internos, y al denunciar reciben descargas eléctricas, golpes y castigos injustificados dentro del penal.
Los testimonios describen también un patrón de tratos degradantes, negligencia médica, desabasto de medicamentos, sanciones disciplinarias sin garantías, castigos físicos, y la tortura es constante. La llamada “Tercera compañía”, responsable de la custodia, es señalada de manera directa por las agresiones físicas y abusos de autoridad. En el mismo nivel aparece el Comité Técnico del penal, acusado de imponer sanciones sin permitir defensa ni acceso al juez de ejecución.
El Comité Técnico concentra decisiones sobre clasificación, disciplina y condiciones de internamiento. Está presidido por la dirección del penal e integrado por mandos de seguridad, personal jurídico, médico y administrativo. Sus resoluciones deben quedar asentadas en actas y notificarse por escrito. Sin embargo, la denuncia enviada a Los Ángeles Press señala que ese procedimiento no se cumple y que las sanciones se ejecutan sin control judicial.
El caso de Abraham Camacho Mendoza se ubica en este contexto. El 21 de abril de 2026, en comparecencia ante el Comité Técnico le negaron su derecho a impugnar una sanción que le fue impuesta injustamente y fue sacado de la comparecencia con golpes, humillaciones y empujones. No es un caso aislado. Este trato es señalado como parte de un patrón de denuncias relacionadas con abandono médico y falta de medicamentos. La referencia pública más reciente corresponde a la Recomendación 137/2025, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que documenta relacionados con negligencia médica, falta de atención oportuna y omisiones en la custodia de personas privadas de la libertad, con consecuencias graves, incluida la muerte.
Durante el periodo en que estos hechos han sido señalados en reportes públicos, la dirección del CEFERESO 13 ha estado a cargo de Javier Manuel Guerra Pineda y posteriormente de Marte Camarena Bahena. En la estructura operativa figura Gregorio Mario Martínez Pacheco como responsable de seguridad. Denuncias previas han mencionado a servidores públicos como René Torres Torres y Claudia Yanet Ortiz Lizárraga por actos de tortura y agresiones dentro del penal.
El documento incorpora además la voz de familiares. Refiere más de 650 firmas recabadas, varias desde Los Ángeles, California, enviadas por familiares de los internos como respaldo. Los firmantes solicitan la destitución del Comité Técnico y del mando identificado como “Juan Carlos”, a quien ubican como comandante de la Tercera compañía.
Las acusaciones coinciden con antecedentes documentados por la CNDH sobre el CEFERESO 13, donde se han emitido recomendaciones por tortura, omisiones en custodia y deficiencias en la atención médica, algunas con resultado de muerte.