La auditoría sobre la Basílica de Guadalupe abre una revisión sobre los ingresos, la opacidad administrativa y el control del santuario.
Por Diego Gastélum
Ciudad de México.— El Vaticano ordenó una auditoría sobre los recursos económicos de la Basílica de Guadalupe después de que se hicieran varias denuncias internas por presuntos malos manejos y desvíos financieros bajo la gestión del rector Efraín Hernández Díaz.
La Basílica es uno de los santuarios católicos en la Ciudad de México más visitados del mundo, que ahora se ve expuesta por una disputa por el control económico del recinto guadalupano que data de hace un par de décadas. Los señalamientos apuntan al mal manejo de fondos, a la falta de transparencia en los ingresos y a las prácticas internas que miembros del cabildo consideran incompatibles con la administración de bienes espirituales y materiales de la Iglesia.
De acuerdo con la información que ha trascendido en los medios locales, el rector de la Basílica fue suspendido mientras el Tribunal Eclesiástico y la firma Deloitte revisaban su gestión. Hernández Díaz, conocido en la comunidad católica como el “Padre Efra”, fue designado por el arzobispo primado de México, el cardenal Carlos Aguiar Retes.
La suspensión ocurrió en medio de acusaciones formuladas por integrantes del cabildo, el órgano canónico encargado de acompañar la administración de los bienes materiales y espirituales del templo.
Hernández Díaz fue restituido en el cargo a finales de mayo de 2026 por decisión del cardenal Aguiar Retes. La reposición en su cargo ocurrió sin que se hicieran públicos los resultados de la auditoría ni las conclusiones del Tribunal Eclesiástico, lo que generó inconformidad entre los sectores internos de la Basílica.
La opacidad sobre los ingresos del santuario impide conocer con precisión el volumen de recursos que recibe cada año. La Basílica concentra limosnas, donativos, servicios religiosos, actividad comercial asociada a la imagen guadalupana y flujos económicos derivados de la visita de millones de fieles. Ese volumen financiero ha convertido al recinto en un espacio de tensión entre clérigos, administradores y grupos de poder eclesiástico.
El conflicto actual tiene su origen en los años noventa, cuando la Basílica de Guadalupe ya había sido escenario de disputas por su control. Una de las más visibles se dio entre el entonces abad Guillermo Schulenburg y el arzobispo Norberto Rivera Carrera, en una etapa marcada por tensiones internas, acusaciones de poder patrimonial y cercanía con grupos políticos y empresariales.
Schulenburg dirigió durante décadas el santuario guadalupano. Su gestión fue señalada por la falta de rendición de cuentas y por una administración cerrada sobre los recursos de la Basílica. Investigaciones citadas en la información disponible de la prensa local lo ubican como una figura con influencia dentro de la jerarquía católica mexicana, vínculos con sectores de poder y cercanía con el entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione.
Con la llegada de Norberto Rivera al arzobispado, la disputa por el control del recinto tomó una nueva forma. Rivera terminó imponiendo su autoridad sobre la Basílica y, durante los años siguientes, el santuario quedó asociado a nuevas acusaciones sobre manejo de recursos, explotación comercial de la imagen guadalupana y beneficios económicos alrededor de la Plaza Mariana.
En ese periodo aparece también el nombre de Diego Monroy, rector entre 2000 y 2010, identificado en diversos señalamientos como una figura cercana a Rivera. Las denuncias periodísticas han referido presunto enriquecimiento, adquisición de propiedades y decisiones administrativas ligadas al uso comercial del culto guadalupano.
El nuevo expediente sobre Efraín Hernández Díaz volvió a poner de relieve esas tensiones. Ahora la auditoría ordenada desde el Vaticano pone bajo revisión la gestión de los recursos, las decisiones administrativas del cabildo y la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas que permitieron la continuidad del rector pese a las denuncias internas.