El comunicador ambiental Alex Serna había denunciado amenazas por sus denuncias sobre agua, contaminación y corrupción local de empresas.
Por Diego Gastélum
Chilpancingo, Guerrero.— Periodistas de Guerrero interrumpieron el 9 de julio un acto institucional en la Fiscalía General del Estado para exigir el esclarecimiento del asesinato del comunicador y activista ambiental Alex Serna, quien documentaba en las redes sociales los conflictos relacionados con el agua, daños ecológicos y actos de corrupción en la Costa Grande.
Los reporteros ingresaron con carteles que exigían “Justicia para Alex” durante la presentación del programa federal “Sí al desarme, sí a la paz”. Frente a los funcionarios estatales, reclamaron la falta de avances en la investigación y medidas de protección para quienes ejercen el periodismo en el estado.
La protesta de los reporteros guerrerenses volvió a poner el caso en los medios nacionales después de que los familiares de Serna identificaron su cuerpo en el Servicio Médico Forense de Zihuatanejo. Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido en las redes como Alex Serna, desapareció desde el 20 de junio.
Su cuerpo fue localizado dos días después, el 22 de junio, dentro de un recipiente abandonado a orillas de una carretera en el municipio de Petatlán. Permaneció durante 14 días en el Semefo antes de ser identificado por sus familiares, quienes informaron que presentaba huellas de violencia.
Sunset Tropicales de México en las denuncias de Alex Serna
Alex Serna difundía mediante Facebook y YouTube investigaciones sobre el manejo del agua, obras construidas sin permisos, daños ambientales y vínculos entre empresas y autoridades municipales.
El día de su desaparición publicó un video sobre la empresa deshidratadora de mango Sunset Tropicales de México, S.A. de C.V., constituida el 3 de mayo de 2017, con RFC STM170503CC5 y ubicada en la comunidad de La Saladita y Los Llanos de Temalhuacán, en el municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero.
Serna identificó en su transmisión al empresario Frank Thomas Cruz como responsable de la planta. En el video del 20 de junio afirmó que la empresa operaba desde 2017 sin autorizaciones ambientales, concesión de agua ni permiso para descargar aguas residuales. Esos fueron los señalamientos de Serna sustentados, según explicó, en respuestas obtenidas de Semarnat y Conagua.
Los Ángeles Press verificó en la Plataforma Nacional de Transparencia que el único registro público localizado a nombre de Sunset Tropicales de México, S.A. de C.V. corresponde a una licencia expedida por el Ayuntamiento de La Unión de Isidoro Montes de Oca, con vigencia a partir del 23 de enero de 2025 y un pago registrado de 10 mil 929 pesos, bajo el concepto de “Deshidratadora de Frutas Tropicales”.
Serna sostuvo que la compañía operaba sin autorizaciones ambientales y utilizaba agua sin los permisos correspondientes. En la Plataforma Nacional de Transparencia también se identificó a Frank Thomas Cruz, relacionado públicamente con Sunset Tropicales de México, como titular de una autorización expedida por el Senasica a favor de North American Solutions, S.A. de C.V. El documento corresponde a un certificado de Sistemas de Reducción de Riesgos de Contaminación para unidades de producción de mango, por lo que acredita medidas de inocuidad agrícola de esta segunda empresa, pero no constituye una autorización ambiental, concesión de agua o permiso de descarga para la planta deshidratadora operada por Sunset Tropicales.
Desde marzo de 2026, el periodista había compartido capturas de mensajes enviados por cuentas anónimas. Los autores le exigían suspender sus publicaciones y afirmaban conocer su ubicación.
Las autoridades no han informado oficialmente si las amenazas provinieron por sus investigaciones ambientales y si están relacionadas con su asesinato.
RSF pide investigar su trabajo periodístico
Reporteros Sin Fronteras registró a Alex Serna como el quinto periodista asesinado en México desde enero de 2026 y pidió una investigación independiente y exhaustiva que considere como línea prioritaria su labor informativa.
Artículo 19 y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también solicitaron que las investigaciones contemplen sus denuncias periodísticas y que las autoridades protejan a sus familiares.
Durante la protesta del 9 de julio, los periodistas exigieron respuestas a la gobernadora Evelyn Salgado, a la Fiscalía de Guerrero y a las autoridades municipales de Zihuatanejo. Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas por el asesinato.