
La familia de Julio César Mondragón exige a la FGR investigar a quienes ejecutaron, ordenaron o permitieron la tortura documentada desde 2014.
Los Ángeles Press
CIUDAD DE MÉXICO.— Un juez federal condenó a 26 personas, entre ellas el exalcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez, a 60 años de prisión por los homicidios cometidos durante los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Guerrero. La sentencia incluye el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, pero deja sin sanción la tortura que sufrió antes de morir, denunciaron sus familiares y la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A. C.
En un comunicado difundido este 18 de noviembre, la organización señaló que la resolución judicial llega después de doce años de exigencias de justicia y mantiene pendiente la identificación de quienes torturaron al estudiante, ordenaron esos actos o permitieron que ocurrieran. La familia reclamó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el delito de tortura con los dictámenes forenses existentes y llevar a juicio a los responsables.
La sentencia fue dictada el 10 de noviembre de 2026 por el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, dentro de la causa penal 4/2018 y sus acumuladas 5/2018, 6/2018 y 7/2018. El proceso corresponde a los ataques ocurridos en Iguala la misma noche en que desaparecieron los 42 estudiantes y un soldado encubierto de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Los condenados fueron encontrados responsables de los homicidios calificados de Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes, David Josué García Evangelista, Víctor Manuel Lugo Ortiz y Blanca Montiel Sánchez, además de la tentativa de homicidio contra decenas de personas. A los 26 sentenciados se les impuso una pena de 60 años de prisión.
De acuerdo con la Red Solidaria, la resolución establece que José Luis Abarca Velázquez, entonces presidente municipal de Iguala, actuó como inductor de los crímenes y que Felipe Flores Velázquez, quien ocupaba la Secretaría de Seguridad Pública municipal, fue autor mediato. La organización destacó que la sentencia reconoce la intervención de autoridades municipales en los asesinatos, una circunstancia relevante para determinar las responsabilidades por la tortura que sufrió Mondragón.
Una condena que deja fuera la tortura
Julio César Mondragón Fontes tenía 22 años cuando su cuerpo fue encontrado la mañana del 27 de septiembre de 2014 en el Camino del Andariego, en Iguala. El estudiante presentaba lesiones de extrema gravedad en el cráneo, el rostro y otras partes del cuerpo. Su muerte fue causada por los golpes que recibió durante el ataque.
En julio de 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que el normalista había sido torturado y asesinado brutalmente. El organismo documentó 64 fracturas en 40 huesos del cráneo, la cara, el tórax y la columna vertebral. Trece de los catorce huesos de su rostro estaban fracturados.
La CNDH también señaló que en la tortura y el homicidio participaron integrantes de Guerreros Unidos junto con policías y personal de seguridad pública de Iguala. Esos antecedentes forenses y las responsabilidades institucionales identificadas desde entonces forman parte de los argumentos que la familia considera indispensables para esclarecer el asesinato.
Sin embargo, según el comunicado, el juez calificó el homicidio de Mondragón únicamente por ventaja y alevosía, las mismas agravantes aplicadas a los asesinatos de Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava, quienes murieron por disparos de arma de fuego. La legislación penal de Guerrero contempla agravantes específicas para los homicidios cometidos con crueldad o tormento, pero éstas quedaron fuera de la resolución.
La organización precisó que ninguna de las personas condenadas fue juzgada por el delito de tortura en este proceso. Para la familia, la omisión adquiere mayor gravedad porque la propia sentencia reconoce la participación de autoridades municipales en los crímenes cometidos aquella noche.
El testimonio militar omitido en la investigación
La denuncia de la Red Solidaria se suma a las omisiones documentadas por Los Ángeles Press en el reportaje Cómo instituciones omitieron testimonio clave en asesinato de Mondragón, publicado el 16 de noviembre de 2026.
La investigación, desarrollada a partir del trabajo independiente del Grupo Pascal y de la revisión de declaraciones ministeriales y dictámenes forenses, recuperó el testimonio de Rodolfo Antonio López Aranda, soldado del 27 Batallón de Infantería, quien declaró ante la PGR el 3 de diciembre de 2014 que había encontrado a Mondragón con el rostro desollado, sin ojos y con la lengua cortada.
La declaración quedó incorporada al expediente desde 2014. El Informe Pascal localizó dos versiones del testimonio: una conservaba la referencia expresa a la lengua cortada y otra presentaba censurado ese fragmento. La investigación también documentó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) utilizó parte de la declaración militar para reconstruir los movimientos del Ejército, pero dejó fuera la descripción del cadáver que hizo López Aranda.
La primera necropsia, realizada el 27 de septiembre de 2014, no documentó el estado de la lengua. La segunda, practicada en noviembre de 2015, confirmó su ausencia y registró otras lesiones que no habían sido evaluadas adecuadamente. Posteriormente, la CNDH incorporó ese hallazgo a su dictamen, sin confrontarlo con la declaración del soldado.
El reportaje de Guadalupe Lizárraga en Los Ángeles Press documentó cómo la PGR, el GIEI y la CNDH dejaron sin resolver esa contradicción, pese a que el testimonio militar y los resultados de los estudios forenses formaban parte del expediente.
Esas omisiones adquieren nueva relevancia ante la sentencia del 10 de noviembre. Doce años después de los hechos, la resolución establece responsabilidades por el homicidio de Mondragón, pero la tortura documentada desde las primeras investigaciones permanece sin sanción penal.
La familia exige a la FGR investigar la tortura
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad reclamó a la Fiscalía General de la República que investigue la tortura sufrida por Julio César Mondragón con base en los dictámenes forenses disponibles y determine quiénes la cometieron, ordenaron o permitieron. También exigió que la Fiscalía haga valer en segunda instancia los aspectos que la sentencia dejó sin resolver respecto del normalista.
Entre sus demandas se encuentra que la reparación del daño reconozca expresamente la tortura y contemple medidas integrales para la familia. La organización pidió además que las autoridades eviten dar por concluido el caso con las condenas por homicidio, debido a que continúa pendiente el esclarecimiento de las responsabilidades por tortura y ejecución extrajudicial.
En su pronunciamiento, la Red Solidaria recordó que México está obligado por la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura a investigar de oficio cuando existan razones fundadas para considerar que se cometió ese delito. Señaló que esas razones están documentadas, al menos, desde el dictamen de la CNDH emitido en 2016.
“La tortura no prescribe en la memoria de una familia, y tampoco en las obligaciones del Estado”, sostuvo la organización en el comunicado firmado por María Magdalena López Paulino y Ericka Zamora Pardo.
La familia de Julio César Mondragón cuenta ahora con una sentencia que reconoce la responsabilidad penal de 26 personas por los homicidios cometidos en Iguala. Su exigencia ante la FGR continúa centrada en identificar y juzgar a quienes participaron en la tortura del estudiante, un delito que, pese a los antecedentes forenses y testimoniales acumulados durante doce años, quedó fuera de esta condena.