Fiscalía de Veracruz, cuestionada por clasificar mal muertes violentas

Livia Díaz

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Veracruz registra 44 feminicidios entre enero y septiembre de 2026, según el observatorio universitario, frente a los 23 reportados por el gobierno estatal.

Por Livia Díaz

XALAPA, VER.— La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz enfrentó cuestionamientos este jueves por aplicar criterios dispares y cometer omisiones técnicas al clasificar muertes violentas de mujeres y menores en Poza Rica y Coatzacoalcos. El señalamiento surge tras dos resoluciones judiciales dictadas esta semana, donde las imputaciones ministeriales iniciales contradijeron los protocolos de investigación reforzada. Esta situación ocurre pese a que la entidad mantiene activas dos Alertas de Violencia de Género desde 2016 y 2017.

En el sur del estado, un juez de control de Coatzacoalcos reclasificó este miércoles 18 de noviembre el asesinato de Darla Karina de homicidio doloso calificado a feminicidio y vinculó a proceso a Jorge Armando “N”. El crimen ocurrió el pasado 4 de noviembre al interior de un domicilio del fraccionamiento Santa Martha, donde la víctima fue atacada con un arma blanca. La Fiscalía Regional presentó originalmente una acusación por homicidio común, pero la autoridad judicial corrigió el delito en la audiencia de continuación al hallar razones de género y ratificó la prisión preventiva oficiosa.

Tras la resolución judicial emitida el 18 de noviembre en Coatzacoalcos, el expediente del proceso penal 598/2026 fue turnado a la Fiscalía Coordinadora Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas. Especialistas en derecho penal con perspectiva de género advirtieron este jueves que la corrección hecha por el juez exhibe una falla técnica del Ministerio Público desde el inicio de la investigación. Esta omisión obliga ahora a reencauzar actos periciales que debieron ejecutarse bajo protocolo desde las primeras horas del crimen.

En contraste, en el norte de Veracruz, la misma Fiscalía Especializada imputó el miércoles 18 de noviembre el delito de homicidio culposo contra Lucy Naydelyn “N” por la muerte de su hija de dos años en Poza Rica. El fallecimiento ocurrió el sábado 14 de noviembre dentro de un motel de la colonia La Rueda, donde un juez dictó prisión preventiva justificada contra la madre. Según el comunicado oficial del proceso penal 526/2026, “las tres personas habrían permanecido dentro de un vehículo con el motor encendido en el garaje del establecimiento”, mientras un acompañante adulto resultó hospitalizado. La institución explicó que “la imputación se sustenta en el presunto incumplimiento del deber de cuidado hacia la menor de edad en esas circunstancias”.

Analistas jurídicos cuestionaron este 19 de noviembre que la Fiscalía de Veracruz optara por la vía del homicidio culposo y solicitara cárcel preventiva exclusiva para la madre en el expediente 526/2026. Esta actuación contradice la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Mariana Lima Buendía, la cual establece desde 2015 que “todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos”. Además, el homicidio culposo no amerita prisión oficiosa y la autoridad ministerial omitió informar hasta este jueves cuál es la situación jurídica del adulto que también estaba dentro del automóvil.

El debate sobre las clasificaciones penales en Veracruz coincide este noviembre de 2026 con una marcada discrepancia estadística entre el Gobierno del Estado y la Universidad Veracruzana. Mientras la administración estatal reportó recientemente un acumulado de 23 feminicidios en lo que va del año en toda la entidad, el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) contabilizó 44 feminicidios tan solo entre enero y septiembre de 2026. El monitoreo académico advirtió en su último informe trimestral que “la invisibilización oficial y la falta de debida diligencia” persisten al registrar agresiones contra mujeres bajo otros delitos.

Ante las resoluciones judiciales de esta semana en Poza Rica y Coatzacoalcos, académicas y defensoras de derechos humanos reiteraron este jueves su alerta sobre el impacto de tipificar mal estos crímenes en Veracruz. Las especialistas señalaron mediante análisis públicos que iniciar una carpeta por homicidio culposo o doloso en lugar de feminicidio altera las estadísticas oficiales de la entidad. Esta práctica limita además el acceso de las víctimas indirectas a la reparación integral del daño y debilita la solidez de las pruebas para la etapa de juicio oral.

Nota: Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas mencionadas en ambos procesos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial.