ONU discrepa del gobierno de Sheinbaum sobre cifras de desaparecidos

AP

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La ONU mantiene cuestionamientos sobre la respuesta de México ante las desapariciones y pide claridad sobre las personas reportadas como localizadas.

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La crisis de personas desaparecidas que enfrenta México generó el miércoles nuevas fricciones entre el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) y el gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum, que ha mantenido en los últimos meses tirantes relaciones con esa instancia de Naciones Unidos luego de que solicitó remitir la grave situación del país latinoamericano a la Asamblea General.

Tras exponer la víspera su informe sobre la situación de México ante la tercera comisión de la Asamblea General, Juan Pablo Albán, presidente del CED, expresó el miércoles dudas sobre las 16.000 personas que según el gobierno mexicano fueron localizadas en el último año.

Albán dijo en su cuenta de X que “es importante saber quienes son las personas localizadas, si ya fueron regresadas a sus familias”, y añadió que “quedan más 120.000 por localizar y hay que continuar los esfuerzos en tal sentido”.

La reacción del jurista ecuatoriano se dio horas después de que Sheinbaum celebró en su habitual conferencia matutina la postura del CED ante la tercera comisión de la Asamblea General asegurando que pasaron “de una crítica a una felicitación”, aunque añadió que los avances de su gobierno en esa materia no se debían al informe que realizó en abril el comité, sino al “cambio en las leyes que se hicieron y del trabajo constante de búsqueda que ha realizado la nueva comisionada”.

Al contrapunteo de declaraciones se sumó la noche del miércoles Jennifer Feller, representante permanente alterna de México ante la ONU, quien afirmó en su cuenta de la red social que la “cooperación, la auténtica, no se impone. Se construye con ética, sin protagonismos, manteniendo en todo momento el rigor y la transparencia en beneficio de las víctimas”.

Feller sostuvo que las intervenciones que realizaron los estados en la sesión de la comisión el martes evidenció que el diálogo internacional sobre desapariciones y desaparición forzada “exige seriedad, cooperación y compromiso genuino en el fortalecimiento del sistema internacional de derechos humanos”.

Desde abril pasado surgieron tensiones entre el gobierno de Sheinbaum y el CED luego que esa instancia solicitó remitir urgentemente la situación de México a la Asamblea General para que sopesara medidas de prevención, investigación, castigo y erradicación de las desapariciones forzadas.

Según el comité, que forma parte del sistema de la ONU, existen “indicios fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”, un planteamiento objetado por las autoridades mexicanas.

Al reporte del CED le siguió un informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que instó en mayo a México a tomar acciones para hacer frente a lo que catalogó como una “grave” y “generalizada” crisis de desaparecidos que se ha exacerbado por la violencia, la complicidad de algunas autoridades con el crimen organizado y la “impunidad estructural”.

Desde el año pasado, la presidenta impulsó una serie de reformas para agilizar las búsquedas y presentó una revisión del registro nacional de personas desaparecidas. Organizaciones humanitarias locales criticaron dicha revisión, asegurando que las debilidades en los registros revelan la enorme impunidad que existe en el país sobre esos casos, y consideraron que las nuevas clasificaciones no tienen fundamento legal.

En un nuevo paso para atender la crisis, las autoridades mexicanas anunciaron la semana pasada que recibirán el apoyo de nueve expertos locales y extranjeros.

Sheinbaum decidió hacer los cambios tras la controversia que se desató en el país luego de que, en marzo de 2025, un colectivo denunció el hallazgo de numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir en el Rancho Izaguirre, ubicado a las afueras de Guadalajara, capital del estado de Jalisco. El predio era utilizado por el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación como un centro de entrenamiento de sus integrantes.