Alberto Patishtán convirtió su encarcelamiento en una causa pública contra las violaciones al debido proceso y la criminalización de indígenas.
Los Ángeles Press
Murió Alberto Patishtán Gómez, maestro tzotzil y defensor de derechos humanos que pasó 13 años en prisión por una acusación construida sobre un proceso plagado de irregularidades y que terminó convertido en uno de los casos más emblemáticos de fabricación de culpables contra indígenas en México.
Patishtán falleció el viernes 2 de octubre, a los 55 años, después de haber sido trasladado a la Ciudad de México por problemas de salud. Era originario de El Bosque, Chiapas, donde ejerció como maestro bilingüe y participó en movimientos comunitarios contra la corrupción y los abusos del entonces presidente municipal Manuel Gómez Ruiz.
Su detención ocurrió el 19 de junio de 2000, siete días después de una emboscada en la carretera El Bosque-Simojovel en la que murieron siete policías. Patishtán fue acusado de participar en el ataque y posteriormente sentenciado a 60 años de prisión. Desde el inicio sostuvo que era inocente y que su encarcelamiento estaba relacionado con su activismo contra el gobierno municipal.
La acusación se sostuvo principalmente en el señalamiento de Rosemberg Gómez Pérez, hijo del entonces alcalde de El Bosque, quien sobrevivió a la emboscada. La defensa denunció que otros testimonios ubicaban a Patishtán en actividades escolares el día de los hechos y que durante el proceso se incorporaron pruebas de manera irregular, además de ignorarse contradicciones entre los testigos.
Antes de su captura, Patishtán había participado en movilizaciones para exigir la salida de Manuel Gómez Ruiz y denunciar actos de corrupción, enriquecimiento y abuso de poder dentro del ayuntamiento de El Bosque. Él mismo sostuvo durante años que la acusación fue una represalia por esa actividad política y comunitaria.
El expediente terminó evidenciando fallas que trascendieron su defensa individual. En 2013, el gobierno federal reconoció que en su proceso existían “indicios consistentes de violaciones graves a los derechos humanos”, particularmente al debido proceso, y le concedió un indulto presidencial que permitió su liberación después de 13 años de prisión.
El indulto no equivalió a una declaración judicial de inocencia, pero abrió la puerta para reconocer formalmente las violaciones cometidas en su caso. Años después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó un acuerdo de solución amistosa mediante el cual el Estado mexicano asumió responsabilidad y acordó medidas de reparación, atención médica, indemnización y restitución laboral.
Durante su encierro, Patishtán convirtió la prisión en otro espacio de organización. Fue uno de los fundadores y voceros de La Voz del Amate, colectivo que denunció tortura, corrupción y discriminación contra presos indígenas. También participó en huelgas de hambre y acciones para exigir la revisión de expedientes de otros internos.
Su caso alcanzó dimensión nacional e internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró que se había convertido en un paradigma de violaciones graves a los derechos humanos y respaldó su liberación en 2013. Comisión Nacional de Derechos Humanos
Después de recuperar la libertad, continuó participando en actividades relacionadas con la defensa de presos, pueblos indígenas y víctimas de injusticias.
La historia de Alberto Patishtán quedó marcada por una contradicción que acompañó todo su proceso: un maestro comunitario que había denunciado abusos de poder terminó condenado a 60 años por una acusación cuya solidez fue cuestionada durante más de una década por familiares, defensores, organizaciones nacionales e internacionales y, finalmente, por el propio Estado mexicano.