Miguel Montesinos León Jueves, 12 de Noviembre del 2026
El Fobaproa vuelve como bandera política, aunque varios de sus antiguos participantes permanecen integrados al poder bajo las siglas de Morena.
Por Miguel Montesinos León
El Fobaproa vuelve a la discusión pública como si se tratara de un asunto recién descubierto. Para mí, es una cortina de humo, como tantas otras que el mismo gobierno empuja cuando necesita desviar la atención ciudadana.
No se trata de defender el rescate bancario ni de olvidar lo que significó para México convertir las pérdidas de los bancos en una deuda que terminó pagando la población. Se trata de preguntar por qué quienes hoy anuncian investigaciones y castigos guardan silencio sobre los funcionarios y políticos que participaron en aquella operación y que ahora están acomodados en Morena, protegidos por los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.
Ahí están los nombres.
Ignacio Mier era diputado del PRI cuando votó a favor, en 1998, de la legislación que convirtió los pasivos del Fobaproa en deuda pública y creó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Hoy es senador de Morena y coordinador de su bancada. Javier Corral respaldó también aquella reforma desde las filas del PAN y después llegó al Senado bajo las siglas de Morena. Miguel Ángel Navarro Quintero, entonces legislador priista que votó por el rescate, gobierna actualmente Nayarit por Morena.
Patricia Armendáriz no era legisladora ni votó aquella reforma, pero ocupaba la vicepresidencia de Supervisión Bancaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisamente cuando el sistema financiero atravesaba la crisis y se instrumentaba el rescate. Después fue diputada federal por Morena.
Arturo Zaldívar también aparece en esta historia. Antes de convertirse en ministro de la Suprema Corte y, posteriormente, en coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia con Claudia Sheinbaum, fue señalado por haber representado jurídicamente a instituciones bancarias relacionadas con el proceso del Fobaproa. Actualmente ocupa uno de los cargos políticos más cercanos a la Presidencia.
Esteban Moctezuma Barragán fue secretario de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Zedillo y hoy continúa como embajador de México en Estados Unidos, cargo al que llegó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
También está Altagracia Gómez. Su padre, el empresario Raymundo Gómez Flores, ha sido mencionado entre los empresarios cuyas compañías recibieron apoyo durante el rescate bancario. Ella se convirtió después en una de las principales interlocutoras empresariales de Claudia Sheinbaum y participa en las negociaciones económicas del actual gobierno.
Ésa es la contradicción que debe discutirse en la opinión pública.
Morena convirtió durante años al Fobaproa en uno de sus principales argumentos contra los gobiernos del PRI y del PAN. Andrés Manuel López Obrador lo utilizó como símbolo del saqueo económico del país. Sin embargo, una parte de quienes participaron en aquel episodio terminó dentro de su movimiento, de sus gobiernos o alrededor de las estructuras políticas construidas después de 2018.
Por eso resulta difícil aceptar que ahora sí va a haber una nueva ofensiva contra los responsables del Fobaproa.
¿Van a investigar realmente a todos?
¿También a quienes hoy forman parte del oficialismo?
¿O sólo a quienes políticamente resulten convenientes?
El problema de México es que los partidos cambian de nombre, pero tienen las mismas estructuras. Con López Obrador vimos cómo antiguos priistas, panistas y personajes provenientes de gobiernos anteriores encontraron espacio dentro de Morena para conservar posiciones de poder.
No hubo una ruptura completa con el viejo sistema. Hubo una redistribución de sus integrantes.
También resulta contradictorio el retiro político de López Obrador. Durante su gobierno hizo de la austeridad y de la eliminación de privilegios presidenciales una bandera permanente. Hoy vive en su finca de Palenque, La Chingada, que convirtió en un cuartel protegido por el ejército. ¿Cuál es su miedo? ¿Acaso no se presentaba como el segundo Benito Juárez?
El problema no es que un expresidente reciba protección si existe riesgo que lo justifique. Pero aquí el problema es la incongruencia y las mentiras de quienes cuestionaban a las mismas instituciones de las que ahora se sirven.
Mientras tanto, el país sigue resquebrajándose.
El caso de Guadalupe Taddei y las irregularidades denunciadas durante su gestión en el Instituto Nacional Electoral no puede desaparecer del debate público. El propio INE y su órgano de control han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República relacionadas con contrataciones y posibles delitos, y senadores de distintas fuerzas políticas han exigido que las investigaciones avancen.
Por eso hay que estar atentos.
El regreso del Fobaproa al discurso gubernamental puede servir para revisar uno de los episodios más costosos de la historia financiera de México. Si ése es realmente el propósito, que se empiece por investigar a sus propios funcionarios morenistas.
De no hacerlo, solo sería una simulación más para desplazar otros escándalos.