Reforma del IPE y el costo invisible para quienes sostienen Veracruz

Livia Díaz

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El IPE enfrenta un déficit operativo anual de 4 mil millones de pesos, mientras 18 mil trabajadores han detenido sus trámites de jubilación por temor a recortes.

Por Livia Díaz

Xalapa, Veracruz.— En las oficinas y aulas de Veracruz hay miles de trabajadores que llevan décadas sosteniendo el servicio público y que hoy miran su futuro con una mezcla de alivio parcial e incertidumbre. La reforma al Reglamento de Prestaciones Institucionales del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) —organismo público descentralizado de carácter estatal con sede en esta capital, dirigido por Luis Octavio Hernández Lara— entró en vigor este sábado, tras su publicación el 20 de noviembre de 2026 en la Gaceta Oficial del Estado (tomo CCXIV, número extraordinario 464), órgano de difusión legal administrado por la Editora de Gobierno.

A simple vista, el decreto parece cerrar una herida abierta desde 2025, pero, al revisar la letra menuda, queda claro que la medida blinda únicamente a quienes ingresaron antes del 1 de enero de 1997, dejando a la intemperie a toda una generación intermedia.

La modificación a los artículos 2 (fracción XXXI), 41, 49 y 54 del reglamento exime del cálculo del llamado «sueldo regulador» —ese promedio ponderado de los últimos años de servicio actualizado con la inflación— solo a los cotizantes amparados por el régimen anterior a 1997, correspondiente a la abrogada Ley 5, quienes podrán jubilarse con el cien por ciento de su último sueldo tabular.

Sin embargo, el texto promulgado contrasta con lo que apenas el pasado 26 de octubre había anunciado la coalición estatal Sindicalismo Veracruzano, un frente de acción conjunta cuyos voceros dicen que agrupa a 63 sindicatos —mencionando entre ellos al Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SDTEV), al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz (SITEV) y al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo de Veracruz (STSPEV), además de gremios estatales de la Universidad Veracruzana (UV), la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Poder Judicial—. En aquella fecha aseguraron que el acuerdo del H. Consejo Directivo del IPE protegería también a los trabajadores inscritos bajo la abrogada Ley 20, contratados entre el 1 de enero de 1997 y el 21 de julio de 2014; al quedar excluidos del decreto, ese segundo grupo seguirá absorbiendo el recorte.

Para entender lo que esta omisión significa en la mesa diaria de una familia, basta traducir los porcentajes en pesos y centavos. De acuerdo con cifras expuestas públicamente por Celeste Angélica Villegas Sánchez, secretaria general del SDTEV, organización magisterial de ámbito estatal, la aplicación del sueldo regulador ha provocado recortes de entre el cinco y el cuarenta por ciento en más de tres mil trabajadores afectados desde 2024 —de quienes ya integran más de doscientos expedientes—, mientras otros dieciocho mil empleados activos que ya cumplieron requisitos para retirarse detuvieron su trámite por temor a perder su patrimonio.

En un salario base de veinte mil pesos mensuales, esa merma reduce la pensión a un rango de diecinueve mil a doce mil pesos; es decir, entre mil y ocho mil pesos menos cada mes, o hasta noventa y seis mil pesos arrancados al año del bolsillo de quien ya entregó su vida laboral.

Quienes ingresaron antes de 1997 y aún no tienen dictamen recibirán su cálculo íntegro, pero aquellos que ya fueron jubilados o cuentan con un Acuerdo de Jubilación bajo el esquema recortado deben saber que la restitución no operará de oficio: tendrán que tramitar formalmente un «Derecho de Reconsideración» a través de su representación sindical y acreditar requisitos de permanencia salarial. Mientras los derechohabientes descifran el laberinto burocrático, en las cúpulas gremiales estalló la disputa por colgarse el mérito. Por un lado, la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) —delegación estatal de un gremio de carácter nacional— atribuyó la reforma a las gestiones de su secretario general, José Reveriano Marín Hernández, quien es, además, consejero del IPE y diputado local en la LXVII Legislatura del Congreso del Estado, omitiendo en su comunicado que los trabajadores de 1997 a 2014 quedaron fuera y que se optó por un ajuste reglamentario en lugar de una reforma legislativa.

Por el otro, los voceros de Sindicalismo Veracruzano —entre quienes figuran el propio SDTEV, el SITEV y el STSPEV, representado en las mesas por su secretaria de Organización, Elsy Elizabeth Hernández Cárdenas— defienden que el cambio nació de siete meses de movilizaciones y mesas técnicas con la gobernadora Rocío Nahle García y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), al tiempo que organizaciones independientes como el Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV) insisten en que la salida real exige reformar de fondo la vigente Ley 287.

Observado desde la ciencia actuarial y la economía política, este decreto no es un rescate financiero, sino una transferencia intergeneracional de costos: se desactiva la presión política del sector más próximo al retiro, pero se financia esa paz laboral manteniendo el castigo sobre la generación intermedia para contener las finanzas de un instituto que atiende a ciento treinta y cinco mil derechohabientes —noventa y ocho mil activos y más de treinta y ocho mil pensionados—, con un presupuesto de doce mil seiscientos millones de pesos, una reserva técnica de apenas dos mil quinientos treinta millones, una cartera vencida de ciento veintisiete millones y un déficit operativo anual de cuatro mil millones de pesos.

Y aunque a simple vista pareciera un pleito ajeno al ciudadano común, esa factura termina pagándola todo Veracruz y el país: cada peso que Sefiplan desvía del presupuesto público para tapar ese boquete es un peso menos para hospitales, medicinas, seguridad y escuelas; cada jubilado al que le recortan hasta ocho mil pesos mensuales deja de consumir en las tiendas, farmacias y mercados de nuestras ciudades; y el quiebre de un instituto estatal termina presionando las participaciones federales que sostenemos todos los contribuyentes. La reforma alivia una urgencia administrativa, pero deja intacta una crisis humana y financiera que nos alcanza a todos.

liviainforma@gmail.com