Foro Público: “El góber precioso” en la impunidad

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Mario Marín Torres, ex gobernador de Puebla, tristemente célebre a nivel nacional por ser llamado “el góber precioso”, vive en la impunidad, ya que la jueza segunda de distrito de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño Sánchez, le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, a tres años de su detención por los delitos de tortura y protección a redes de trata infantil, que cometió para defender al empresario libanés, Kamel Nacif, “el señor de la mezclilla”, quien fue evidenciado por la periodista Lydia Cacho en el libro “Los demonios del Edén”.

Marín Torres, que estuvo al frente del Poder Ejecutivo de Puebla entre 2006 y 2011, vivió en la absoluta impunidad durante una década después de dejar su cargo, pues aunque existieron denuncias por parte de los abogados de la comunicadora, así como de diferentes organizaciones defensoras de periodistas, las autoridades mexicanas no actuaron en contra del ex mandatario estatal emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se aprovechó de los distintos resquicios legales.

Aunque Marín no era un gobernador con una visibilidad nacional por su trabajo político, fue a través de la revelación de la conversación telefónica que sostuvo con el empresario de la mezclilla, en la que reconoció que ordenó la detención de la periodista para “darle sus coscorrones” y en la que el libanés le llamó “eso, mi góber precioso”, “eres mi héroe”, que se convirtió en una figura pública nacional.

El ex mandatario poblano en su momento negó que hubiese sido su voz la que se difundió en los medios de comunicación, sin embargo, ante la falta de pruebas, tuvo que referir que se trató de una distorsión de la misma para atacarlo políticamente, no obstante, Lydia Cacho responsabilizó públicamente al ex gobernador de ser el autor intelectual de las agresiones que sufrió por parte de elementos de la policía estatal para detenerla en Cancún y trasladarla en la cajuela de una unidad oficial hasta la ciudad de Puebla en 23 horas de trayecto.

Aunque en su momento la dirigencia nacional del PRI se deslindó públicamente de Marín, lo cobijó políticamente para evitar que fuese encarcelado y concluyera su mandato constitucional como gobernador, pese a que también estuvo implicado en otras acusaciones de corrupción durante su gestión.

En su administración, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que el gobierno de Puebla violó la Ley de Egresos del estado al asignar directamente sin licitación la construcción de la carretera estatal de Eloxochitlán a la empresa Esna Construcciones, principal beneficiaria de obras públicas en la entidad, y con un sobrecosto del doble del total del presupuesto que originalmente se había contemplado que era de 11 millones de pesos y que finalmente costó 22 millones de pesos.

Aunque el órgano fiscalizador interpuso la denuncia penal correspondiente, no existieron consecuencias legales en contra de Marín, que también acusado de mantener una relación sentimental con una menor de edad cuando fue presidente municipal de Puebla entre 1999 y 2002, terminando su sexenio como uno de los gobernadores peores calificados en la historia de la entidad, situación que permitió que iniciara la alternancia en Puebla con la victoria de Rafael Moreno Valle, otro ex mandatario acusado de distintos hechos de corrupción.

Por ello, con la decisión de la jueza que determinó concederle prisión domiciliaria al ex gobernador poblano, la defensa legal de Lydia Cacho anunció que impugnará esa resolución, al considerar que sí existe riesgo de fuga de Marín, pues confesó que tiene ingresos económicos por la Notaría Pública que maneja y por los negocios particulares que tiene en Puebla.

Con ello, la decisión de la jueza fortaleció las acusaciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra del Poder Judicial, ya que calificó que se trató de “un sabadazo” para darle libertad a un ex servidor público que utilizó las fuerzas de seguridad de Puebla para beneficio personal, y con ello continuar con sus reclamos de reformar a este poder para colocar a “jueces incorruptibles que sean electos por el pueblo”, lo que ya hemos referido en este mismo espacio que es inviable técnica y administrativamente.

Pero López Obrador no puede reprochar la protección del Poder Judicial a Marín, si el propio ex gobernador poblano impulsó su carrera política al cobijo del hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett,--uno de los perfiles que más ha protegido en este sexenio--cuando fue gobernador de Puebla entre 1993 y 1999, periodo en el que se desempeñó como subsecretario y secretario de Gobierno de Puebla.

Así, las falencias del sistema penal acusatorio en México permiten brindar mayor protección a los propios responsables de los delitos que a las víctimas, quienes nuevamente tienen que observar todas las bondades que les ofrece el marco judicial nacional para obtener su libertad sin consecuencias reales por los daños que causaron a la sociedad.

Pero las herencias políticas del marinismo en Puebla siguen vigentes, pues el próximo gobernador de la entidad, Alejandro Armenta, se desempeñó como secretario de Desarrollo Social en la gestión de 2006 a 2008, y aunque ha señalado que ahora “está del lado correcto de la historia” por unirse a las filas del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y deslindares por completo de su pasado en la administración del “góber precioso”, la defensa legal de la periodista no confía en las acciones legales que pudiera emprender el siguiente gobierno en su defensa.

Nota aparte: Desde la salida de Mario Marín, la ciudadanía en Puebla ha castigado al PRI, que no ha vuelto a tomar las riendas de la entidad, pues ha sido administrada por los partidos Acción Nacional (PAN) entre 2011 y 2018 y desde 2019 por Morena, que seguirá al frente del estado por los siguiente seis años.