Daniel Lee Viernes, 07 de Agosto del 2026, 12:42
La medida de Trump vuelve a colocar a los hijos de migrantes en el centro de una disputa sobre ciudadanía, pertenencia y límites del poder presidencial.
Por Daniel Lee
Donald Trump volvió a intentarlo. Apenas unas semanas después de que la Suprema Corte de Estados Unidos frenara su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento, el presidente firmó dos nuevas órdenes ejecutivas con las que busca reducir el alcance de uno de los principios constitucionales más emblemáticos de la democracia estadounidense. No es un hecho menor. Es un nuevo capítulo de una estrategia política que pretende reescribir la política migratoria desde la Casa Blanca, aun cuando la Constitución y el máximo tribunal del país ya han establecido límites claros.
Las nuevas órdenes ejecutivas tienen objetivos específicos: impedir el reconocimiento automático de la ciudadanía a hijos de diplomáticos extranjeros, de personas catalogadas como "enemigos extranjeros" y de mujeres que ingresen al país exclusivamente para dar a luz.
Paralelamente, la administración ordena endurecer la entrega de visas para combatir el llamado birth tourism o turismo de maternidad, reforzar la detección de supuestos fraudes y perseguir a quienes organizan estos viajes.
En apariencia, la medida parece enfocarse únicamente en combatir abusos específicos del sistema migratorio. Sin embargo, una lectura más profunda revela otra realidad. Se trata de un nuevo intento por debilitar el principio constitucional del jus soli —el derecho de ciudadanía por nacimiento—, utilizando casos excepcionales para justificar restricciones que podrían abrir la puerta a interpretaciones mucho más amplias en el futuro.
La Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense no nació por casualidad. Fue aprobada después de la Guerra Civil precisamente para impedir que el gobierno decidiera, según criterios políticos o raciales, quién merecía ser ciudadano y quién no. Su redacción es contundente: toda persona nacida en territorio estadounidense y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de Estados Unidos. Esa disposición no fue diseñada para agradar a los gobiernos; fue creada para limitar su poder.
Por eso resulta especialmente significativo que hace apenas un mes la Suprema Corte rechazara el intento anterior de Trump de eliminar ese derecho para hijos de inmigrantes indocumentados o con estancia temporal. El máximo tribunal recordó un principio jurídico elemental: los hijos nacidos en Estados Unidos de personas presentes en el país, independientemente de su condición migratoria, están sujetos a la jurisdicción estadounidense y, por tanto, son ciudadanos. La decisión también evitó que alrededor de 255 mil niños al año vieran comprometido su reconocimiento legal.
Lejos de asumir ese fallo como definitivo, la Casa Blanca decidió buscar nuevas rutas. Es una estrategia política conocida: cuando el camino constitucional se cierra, se intenta avanzar por los márgenes administrativos. El problema es que el respeto a la Constitución no admite interpretaciones selectivas según la conveniencia del momento político.
Es cierto que el turismo de maternidad existe y que diversos países han regulado prácticas similares para evitar redes de fraude o de comercialización de servicios migratorios. Combatir delitos, falsificación documental o tráfico de personas es una obligación legítima de cualquier Estado. Pero una cosa es perseguir organizaciones criminales y otra muy distinta utilizar esos casos para alimentar una narrativa que vuelve sospechoso cualquier nacimiento relacionado con personas extranjeras.
La política migratoria de Trump ha demostrado reiteradamente una característica: construir excepciones para justificar restricciones cada vez mayores. Primero fueron los solicitantes de asilo. Después los beneficiarios de programas humanitarios. Más tarde los estudiantes, trabajadores temporales y familias migrantes. Ahora el debate alcanza incluso a los recién nacidos, quienes no han cometido falta alguna y cuya condición depende exclusivamente del lugar donde nacieron.
Resulta preocupante que la discusión ya no gire únicamente sobre el control fronterizo, sino sobre quién merece pertenecer a la comunidad política estadounidense. Ese cambio de enfoque tiene profundas implicaciones sociales. Alimenta la percepción de que ciertos grupos son ciudadanos de segunda categoría o que algunos niños deben demostrar que son más estadounidenses que otros simplemente por el origen de sus padres.
Sígueme en mis redes sociales:
@DANIELLEE69495
