Jorge Octavio Ochoa Domingo, 01 de Noviembre del 2026, 13:09
Morena enfrenta cuestionamientos por su respaldo político a Taddei y por las decisiones que ampliaron sus facultades dentro del INE.
Por Jorge Octavio Ochoa
El régimen ha hecho circo y maroma para minimizar los efectos del golpe político y mediático que implica la caída de Guadalupe Taddei y sus repercusiones para los comicios del 2027. Abrir debates y presuntas carpetas de investigación sobre lo ocurrido “antes”, cuando Lorenzo Córdova todavía presidía el INE, lo único que demuestra es falsedad. ¿Y el pañuelito blanco de “se acabó” la corrupción?
Como “asunto de Estado”, Presidencia de la República busca disminuir la carga de la culpa sobre Morena, pero entre más escarba, más se hunden. Lo peor es que, a la luz del caso Taddei, queda al descubierto la doble moral con que la 4T aplica la justicia en México. Hay una actitud diametralmente distinta con la que las autoridades judiciales tratan a los amigos y a los enemigos.
Pese al cúmulo de evidencias, Claudia Sheinbaum dice que “primero debe realizarse una auditoría al INE y, posteriormente, determinar si existen elementos para presentar denuncias penales”. Sin embargo, en el caso de Ernesto Ruffo, primero se le privó de la libertad y lo mantuvieron bajo arresto domiciliario. Mientras, la familia Taddei acapara cargos públicos.
Ahora, hasta el vicecoordinador de los diputados de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, también dijo que ella debe ir a la cárcel y fincársele responsabilidades administrativas y penales. El consejero del INE Arturo Castillo se sumó a esa demanda y pidió que se dicte prisión preventiva por el alud de anomalías que permitió Guadalupe Taddei desde que le otorgaron sus “maxi poderes”.
Por si fuera poco, salen con otra idea genial: que Talleres Gráficos de México se encargue de toda la papelería electoral en los comicios del 2027, como propone la presidenta Sheinbaum, sin tomar en cuenta que fue Guadalupe Taddei la que avaló el contrato por 71 millones de dólares (mil 300 millones de pesos) para elaborar las credenciales de elector hasta el 2031.
Entre los firmantes aparece Arturo Chávez, que era director de esos Talleres Gráficos de México. Actualmente es consejero del INE. Él fue colaborador de Sheinbaum en la Alcaldía de Tlalpan. ¿Qué confianza o credibilidad puede generar esa decisión si dichos Talleres están involucrados en los negocios turbios de la exconsejera y el contratista José Alfredo Hernández Casillas?
En el video del brindis de “colaboradores de Taddei” aparece Fernando Marón Kahwagi, vicepresidente de Cosmocolor, y Ramón Mondragón, director de Grupo Anémona, que genera el código QR de ciberseguridad de la credencial, misma que se utilizará en las elecciones del 2027 y las del 2030. La voz en off es de José Alfredo Hernández Casillas.
Existe un mar de evidencias que apuntan a Taddei y Morena. El jefe de la oficina de la expresidenta del INE era Carlos Daniel Luna Rosas. Antes de llegar a ese puesto, era colaborador del representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Guillermo Santiago, con un salario superior a los 200 mil pesos al mes. Tenía un poder especial.
Las decisiones administrativas de Taddei pasaban por su escritorio. Es uno de los cargos de mayor nivel de confianza dentro de dicho Instituto. ¿Qué tanto influyó en la administración de recursos? Ese dato pasó inadvertido al Órgano Interno de Control, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República.
Hay alrededor de 57 funcionarios públicos bajo sospecha de haber hecho negocios con empresas proveedoras del INE. Dicen que el Instituto no está tocado de muerte, pero, lejos de castigar la corrupción imperante, Morena se montó en ella y echó mano de operadores expertos. Manuel Bartlett y Alfonso Durazo saben mucho de cómo manipular entes electorales.
Andrés Manuel López Obrador se sirvió de una gran gama de expriistas para así ensanchar el poder de Morena en todo el país, a nivel estatal y municipal. Sonora es un caso ejemplar.
Estamos en un punto en que quizá se tenga que revisar la licitación de las nuevas credenciales de elector; el padrón; determinar por qué hay tanto venezolano y cubano en la lista de electores; vigilar folios de papelería electoral que se va a imprimir; cancelar contratos e incluso revisar perfiles de titulares de los institutos estatales.
El debate de fondo no es imputar la militancia política de Taddei a Morena o al PRI. Al final de cuentas, esa mujer fue la que anunció el triunfo de Sheinbaum como presidenta de la República. Esa mujer es a la que López Obrador definió como honesta y de familia “progresista”. Ahora sabemos que al menos 14 de esa familia ocupan altos puestos públicos, principalmente en Sonora.
Es cínico decir que las irregularidades vienen “de hace años” cuando fueron ellos, con su mayoría amañada en el Congreso, quienes otorgaron, en octubre del 2024, la facultad unipersonal a la presidenta del INE de hacer nombramientos y decidir trámites administrativos sin consulta al Consejo General.
Fue el senador morenista Pavel Jarero Velázquez quien, en el marco de la Reforma Judicial, presentó un transitorio para otorgarle ese megapoder. Esa proclividad por las mayorías absolutas y el “carro completo” es parte de la escuela del PRI que Morena no ha podido, y mejor dicho no ha querido, sacudirse. Gustan del poder omnímodo, donde nadie se les oponga o diga NO.
El error de Morena fue dar ese maxipoder a Taddei, o quizá es la información genética que ya traen del PRI. Por eso, el prurito de obtener el gobierno en todos los estados de la República a como dé lugar. Hoy hablan de “coyotes electorales”, pero Morena ha hecho de las adjudicaciones directas un modus operandi.
Han creado empresas multimillonarias, instaladas en bodegones de la Central de Abastos, como Grupo Maferefun S.A. de C.V., en un local donde sólo se vendía piña, sandía, melón y papaya. Ahí se fundó, a los seis meses de que Andrés Manuel López Obrador llegara al poder, catalogada como microempresa, que sólo debía vender menos de 4 millones al año.
Sin embargo, al poco tiempo recibió más de 20 contratos de la Secretaría del Bienestar por 307 millones de pesos, siendo Ariadna Montiel su titular. Luego, a los cinco días de que ella asumió la dirigencia de Morena, Grupo Maferefun recibió un contrato por 11.4 millones de pesos para organizar el evento del registro de “corcholatas” estatales de ese partido en el World Trade Center.
Este es otro escándalo del que la 4T no ha explicado nada, pese a que implica no sólo un conflicto de interés, sino un perverso uso clientelar de los apoyos sociales en medio de la pandemia del COVID en el 2020 y de la crisis de migrantes en la frontera de Estados Unidos en el 2019. La Secretaría del Bienestar concentró con Maferefun compras millonarias de supuestos apoyos sociales.
Renta de sillas, carpas, mesas, alimentos, en eventos de entrega de programas sociales, en concentraciones para el reparto de tarjetas de la pensión de adultos mayores; becas a jóvenes; herramientas y alimentos para migrantes. Compras millonarias a sobreprecio, según documentó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Grupo Maferefun ha obtenido contratos de servicios en los Centros de Desarrollo Infantil; en Fonatur, Conagua, el AICM y el Organismo Promotor de Inversión en Telecomunicaciones. López Obrador cerró su mandato con un total de irregularidades por 99 mil millones de pesos. Son gastos sin aclarar. Es el monto más alto de la historia.
Falta autoridad moral en el régimen para hablar del pasado. Hoy existen graves asuntos turbios, como los negocios de Amílcar Olán en la refinería Dos Bocas, donde obtuvo contratos por casi 22 mil millones de pesos, y en el Tren Maya, por otros cerca de 15 mil.
Hay un megafraude de más de 2 mil millones de pesos en la adjudicación de contratos para compra de medicinas, que se mantendrá en secreto hasta el 2028; un desvío de 592 millones de pesos de 95 mil tarjetas del Bienestar que no se entregaron. Eso es parte del pasado, sí, pero del pasado reciente.
Con voz propia
