Jorge Octavio Ochoa Domingo, 15 de Noviembre del 2026, 08:18
Sheinbaum enfrenta señalamientos por respaldar una estrategia política que vulnera el artículo 134 constitucional sobre imparcialidad electoral.
Por Jorge Octavio Ochoa
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, bordea los terrenos de una grave violación constitucional por haberse prestado para convertir el debate sobre la militancia de Taddei en Morena en una abierta estrategia para influir en las elecciones de 2027.
La campaña es impulsada desde el Congreso de la Unión por los diputados federales de Morena y apuntalada en Palacio Nacional por la mismísima jefa del Ejecutivo. Lo peor es que ambos poderes han admitido que esto es parte de una operación para enfrentar la crisis política que vive el INE.
Se les dio “línea” para colocar al partido Somos en el blanco de esa “estrategia” mediática y responsabilizar desde ahí a Lorenzo Córdova y Jacobo Molina del ingreso de Taddei al Instituto, junto con otros presidentes electorales estatales del INE que se coludieron con ciertos proveedores para hacer negocios turbios.
Como podemos recordar, México se encuentra ya en año electoral y el artículo 134 de la Constitución obliga a los servidores públicos a preservar la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y no utilizar los recursos bajo su responsabilidad para afectar la equidad electoral.
En la Cámara de Diputados, EL UNIVERSAL descubrió las líneas de esa campaña sobre la existencia de una supuesta “mafia electoral”, en un perfecto “nado sincronizado”, como antes acusaban ellos al PRIAN. Los 254 diputados federales de Morena recibieron el instructivo por WhatsApp.
Se les ordenó repetir la misma consigna en entrevistas, conferencias y en todas las redes sociales, con el mensaje a emitir, como si fueran empleados de call center. Así, tenían que llegar a la meta de 9 millones de vistas. Pasaron de ser legisladores a convertirse en una jauría de bots con fuero.
Se fijaron cinco puntos discursivos, que ya habían sido planteados en la mañanera los días 5, 6 y 9 de noviembre, para generar una nueva “narrativa” sobre la crisis de ese organismo y plantear lo increíble: volver a someter a revisión y juicio las elecciones de 2006. Las líneas discursivas son:
Que existe una presunta “mafia electoral” dentro del INE.
Que Lorenzo Córdova conocía la concentración de contratos y que durante su presidencia hubo contratos por más de 2,000 millones de pesos entre organismos electorales locales y empresas vinculadas a Alfredo Hernández Casillas.
Que la reforma electoral de 2014 otorgó al INE facultades para aprobar designaciones de presidentes de los OPLE, atribuyendo esos “superpoderes” a la etapa en que Córdova encabezó el Instituto.
Que Juan Carlos Padilla Aguilar sería el vínculo entre Lorenzo Córdova y Alfredo Hernández Casillas.
Que Guadalupe Taddei formaría parte de esa presunta “mafia electoral”, argumentando que fue designada para un organismo electoral en Sonora durante la etapa de Córdova y vinculándola con decisiones sobre contratos de los OPLE.
Más que nado sincronizado, el de Morena parece un nado de focas. Piden investigación judicial contra Córdova, pero no contra Taddei ni Rocha, ni de los millonarios desvíos de recursos en la Secretaría del Bienestar en la época de Ariadna Montiel. Y ahora cierran los ojos ante los escándalos de Octavio Romero.
Tampoco sobre el extraño caso de la anciana de 90 años que vive sobre una tienda de abarrotes en Jiutepec, Morelos, y posee el 51% de la empresa Grupo Pryse, que ha recibido 246 contratos por 12 mil 911 millones de pesos de 28 dependencias federales durante los gobiernos de AMLO y Sheinbaum.
Son tan hábiles que pueden convertir un local de piñas y papayas en la Central de Abasto en un gran consorcio proveedor de la Secretaría del Bienestar. Pero si hablamos de Pemex, vemos que es la única petrolera en el mundo que opera con pérdidas. Más de 1 billón 353,159 millones de pesos.
La “superioridad moral” que suponen tener para proponer una Comisión por la Verdad de lo ocurrido en 2006 sólo exhibe una profunda sevicia e ignorancia. La Constitución, en su artículo 23, establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
La presidenta dice que “hay odio y enojo” en la oposición de cara a los comicios de 2027. Sin embargo, a la luz de este somero análisis, lo que en realidad hay es pánico de ella y de Morena ante el tamaño de derrotas que podrían sufrir. La inconformidad es ya creciente y se vive todos los días en las calles.
Con voz propia
