Hazael Sayavedra Martes, 13 de Octubre del 2026, 00:54
La cooperación con Israel abarca acuíferos, riego, desalinización, monitoreo y transferencia tecnológica.
Por Hazael Sayavedra
México no tiene una política de agua: tiene una dependencia. Y esa dependencia se está volviendo un riesgo estratégico que nadie en el gobierno quiere nombrar.
La presencia israelí en el país crece de forma sostenida. Según la Cámara México-Israel de Comercio e Industria, operan más de cuatrocientas empresas con capital israelí, con una inversión acumulada de unos dos mil cuatrocientos noventa millones de dólares. La Secretaría de Economía reportó cincuenta y seis millones de dólares de inversión extranjera directa israelí el año pasado, con apuestas en seguridad, agroindustria, semiconductores y centros de datos.
Las cifras oficiales ayudan a dimensionar el fenómeno. El Banco de México —Banxico— registra que en 2024 México exportó a Israel apenas doscientos cuatro millones de dólares y le compró mil doscientos veintitrés millones, con un déficit de mil diecinueve millones de dólares. La Secretaría de Relaciones Exteriores reporta que el comercio bilateral pasó de doscientos once millones de dólares en 1999 a mil doscientos cuarenta y tres millones en 2022, un aumento de cuatrocientos noventa por ciento desde que el Tratado de Libre Comercio —TLC— entró en vigor.
En inversión extranjera directa —IED—, los flujos israelíes suman dos mil cuatrocientos catorce millones de dólares entre 2006 y el primer trimestre de 2025, y dos mil trescientos veinte millones de ese total están en la industria farmacéutica. Es decir: el grueso del dinero israelí en México está en medicamentos, no en agua.
La injerencia que documenta esta columna no se mide en el monto de la inversión, sino en el sector donde se coloca, en los convenios que se firman con instituciones del Estado y en la información a la que se accede.
La propia agregada comercial de Israel en México reconoce que la inversión directa israelí alcanzó cincuenta y cinco millones de dólares en 2024, y el presidente de la Cámara México-Israel de Comercio e Industria, Sony Chalouh Jrade, descrito por El CEO como un empresario cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, explicó que una misión comercial israelí de diecisiete empresas llegó a México en 2024 por gestión de la Confederación de Cámaras Industriales —Concamin— y el Consejo Coordinador Empresarial —CCE—, y que varias empresas evalúan inversiones en agua.
El foco en el agua es real e institucionalizado. En noviembre de 2013, la Comisión Nacional del Agua —Conagua— firmó con Mekorot, la empresa estatal israelí del agua, un convenio de remediación de acuíferos contaminados durante la visita de Shimon Peres: unos seis millones de dólares para estudiar diez acuíferos.
En 2023, la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua firmó con MASHAV, la agencia de cooperación israelí, un plan técnico vigente hasta 2027, cuestionado por no haber sido registrado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores —SRE— ni la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo —Amexcid—.
En Querétaro, la embajada organizó en 2024 la Semana Internacional de Agua con Mekorot, y la empresa Aquestia trabaja con la Comisión Estatal de Aguas y Amazon en gestión de presión, ahorrando más de mil millones de litros al año.
En el sector privado, Netafim, ochenta por ciento de Orbia, abrió en junio de 2026 su tercera planta en Hermosillo con veinte millones de dólares. Odis Asversa construyó una planta de tratamiento en Rosarito por mil trescientos treinta y nueve millones de pesos para regar el Valle de Guadalupe. Y en diciembre de 2025, la Oficina Comercial de la Embajada de Israel presentó en México a empresas como Aquestia, Bermad, Phytech, Rivulis y Treetoscope, especializadas en riego de precisión, válvulas inteligentes y sensores.
En el plano federal, el convenio de 2013 no fue un hecho aislado. El 27 de noviembre de 2013, el titular de Conagua, David Korenfeld, y el director ejecutivo de Mekorot, Shimon Ben-Hamo, firmaron el convenio en presencia de los presidentes Shimon Peres y Enrique Peña Nieto.
Mekorot y Conagua seleccionaron diez acuíferos con distintos tipos de deterioro —salinización, contaminación inorgánica, sobrecarga de aguas residuales, filtración de pesticidas y contaminación por hidrocarburos— para que la empresa israelí diagnosticara las causas y propusiera estrategias de rehabilitación química y biológica.
El 9 de noviembre de 2015, Conagua anunció una segunda fase con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua —IMTA—, que incluía el acuífero Cuautitlán-Pachuca, en Tultitlán, y proyectos para la Comarca Lagunera.
En noviembre de 2016, una proposición con punto de acuerdo registrada en el Sistema de Información Legislativa pidió a Conagua exhibir los convenios y contratos con Mekorot, señaló que no quedaba claro cuándo se habían realizado las licitaciones públicas y citó la intermediación del empresario israelí Natan Eshel, a quien describe como gestor de negocios. Es una petición de transparencia; la respuesta de la autoridad no consta en el documento consultado.
En los estados, el patrón se repite. En Chihuahua, activistas de Salvemos los Cerros acusan que la Junta Central de Agua y Saneamiento —JCAS— entregó información sobre el manejo del agua a la agencia israelí MASHAV mediante un convenio que incluye temas agrícolas y de riego ajenos a sus atribuciones; la JCAS responde que el acuerdo no genera obligaciones y se limita al intercambio de conocimientos.
Los activistas citan, además, un oficio de transparencia de la SRE que no localizó instrumentos con Israel y Chihuahua, y convocaron a una marcha nacional el 1 de agosto con movilizaciones en al menos catorce estados.
En Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri y el entonces embajador Zvi Tal firmaron en octubre de 2022 un memorándum de entendimiento que abarca agua, movilidad y planeación urbana, y también seguridad y tecnologías de la información, junto con los secretarios estatales de Desarrollo Sustentable y Educación y el titular de la Comisión Estatal de Agua.
En julio de 2023, Kuri develó en la capital queretana una calle llamada Estado de Israel y dijo que hay mucho que aprender de Israel en agua, innovación y desarrollo tecnológico.
En Guanajuato, diplomáticos israelíes manifestaron interés en firmar una carta de intención que incluye agua y seguridad pública.
Y en Baja California, el gobierno estatal informó en marzo de 2022 que recibió a representantes de la Embajada de Israel, interesados en que la gobernadora Marina del Pilar Ávila y el embajador Zvi Tal firmaran una carta de intención en economía, agricultura e innovación; la documentación consultada no confirma si esa carta se firmó.
Años antes, en 2018, la Secretaría de Desarrollo Económico del estado mantenía un catálogo de catorce compañías israelíes, concentradas en Tijuana y Ensenada, dedicadas a publicidad, fabricación de cables, servicios de investigación y protección y custodia, y, sobre todo, a agricultura y producción de agua; entre las empresas mencionadas aparece 24/7 Grupo de Seguridad Privada.
El proyecto más ambicioso apuntó al Mar de Cortés. Un consorcio encabezado por la israelí IDE Technologies propuso construir en Puerto Peñasco, Sonora, una planta desalinizadora de cinco mil quinientos millones de dólares para vender agua a Arizona, con un sistema de bombeo y tuberías de casi trescientos veintiocho kilómetros y arranque de operaciones previsto para 2027.
La propuesta contemplaba enviar hasta trescientos mil acres-pie de agua dulce a Arizona, unos trescientos setenta millones de metros cúbicos, según conversión de esta columna.
En diciembre de 2022, la Autoridad de Financiamiento de Infraestructura Hídrica de Arizona —WIFA— aprobó por unanimidad una resolución no vinculante de apoyo al proyecto.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció que se reunió con representantes de IDE, pero afirmó que fue para hablar de tecnología de desalinización en general y no del envío de agua a Arizona, y funcionarios sonorenses criticaron a la empresa por falta de ética.
El proyecto no ha avanzado, según el medio Ojalá, pero IDE conserva vínculos con el Estado mexicano.
En seguridad, la dependencia es más profunda y más vieja. El software espía Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, fue adquirido en México en 2011; The New York Times estimó que el país ha gastado más de sesenta millones de dólares en Pegasus, que lo compraron el Ejército, la Fiscalía General de la República —FGR— y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional —CISEN—, y que México es el mayor usuario del programa a nivel mundial.
En 2021, el entonces titular de la Unidad de Inteligencia Financiera —UIF—, Santiago Nieto, informó que el gobierno de Peña Nieto pagó treinta y dos millones de dólares por Pegasus mediante la empresa Tech Bull.
La dependencia no terminó con ese gobierno: en 2019, la Secretaría de la Defensa Nacional —Sedena— firmó un contrato con Comercializadora Antsua, representante en México de NSO Group, y en octubre de 2022 la Red en Defensa de los Derechos Digitales —R3D—, Artículo 19 y Citizen Lab documentaron infecciones con Pegasus contra dos periodistas y un defensor de derechos humanos durante el sexenio de López Obrador.
Según la demanda de WhatsApp contra NSO Group, México fue el país con más víctimas en 2019: cuatrocientas cincuenta y seis personas, treinta y siete por ciento de los casos globales.
El eslabón de corrupción está documentado en la prensa, aunque no ha sido probado en tribunales. En julio de 2025, el periódico israelí The Marker reveló un arbitraje entre los empresarios Uri Ansbacher y Avishai Neriah, quienes afirman haber pagado unos veinticinco millones de dólares a Enrique Peña Nieto para obtener contratos, entre ellos la venta de Pegasus; el vínculo, según el reportaje, comenzó cuando Neriah fue nombrado cónsul honorario de México en Haifa.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad —MCCI— reconstruyó que Air Cap SA de CV fue una de las dieciocho empresas fachada que Ansbacher creó en México, según reveló el Pegasus Project en 2021, y que entre 2017 y 2020 acumuló asignaciones por casi mil millones de pesos entre el gobierno de Peña Nieto y el de Alfredo del Mazo en el Estado de México.
Peña Nieto respondió que nunca dio línea para asignar contratos y que las acusaciones carecen de sustento. Es una acusación de dos empresarios en una disputa comercial, no una sentencia; pero describe, con nombres, empresas y montos, el mecanismo que los propios involucrados atribuyen a la entrada de esa tecnología al Estado mexicano.
Más allá del software está el equipo militar y de vigilancia. De acuerdo con medios y organizaciones críticos de la relación, desde 2018 el gobierno mexicano ha adquirido más de cincuenta millones de dólares en equipo y servicios de Elbit Systems, Israel Aerospace Industries —IAI— y Rafael Advanced Defense Systems; Elbit confirma en su sitio que México compra su dron Hermes 900 y que tiene una academia de entrenamiento en el país.
Otro medio afirma que IAI vendió radares y aviones no tripulados para el monitoreo en Chiapas y la frontera sur. Según la campaña internacional Stop the Wall, citada por el periodista Zósimo Camacho, la distribuidora de Elbit en México, RCU Sistemas, opera el botón de pánico federal para periodistas y defensores de derechos humanos.
Son afirmaciones de fuentes con postura política declarada: los contratos individuales deben solicitarse por la Plataforma Nacional de Transparencia antes de tomarse como cifra firme.
El contexto de Oriente Medio es el que da peso a la pregunta. La Organización de las Naciones Unidas —ONU— mantiene una lista de doscientas catorce empresas con actividades económicas en asentamientos ilegales de Cisjordania y Jerusalén Este: ciento noventa y dos israelíes, ocho estadounidenses, tres españolas y una mexicana —Orbia Advance, la matriz de Netafim—.
En septiembre de 2025, el secretario general Guterres reportó que se aprobaron o licitaron planes para casi cuarenta y siete mil trescientas noventa unidades de vivienda en Cisjordania, el nivel más alto desde que la ONU monitorea en 2017.
La Corte Internacional de Justicia emitió en julio de 2024 una opinión consultiva llamando a terminar con la colonización, y ordenó medidas provisionales en enero de 2024 porque encontró riesgo plausible de genocidio.
La Corte Penal Internacional emitió órdenes de captura contra Netanyahu y Gallant por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La acusación de genocidio es una acusación formal de Sudáfrica, no una sentencia. Pero la evidencia de civiles muertos, ciudades bombardeadas y niños entre las víctimas es documentada por la propia ONU, por Amnistía Internacional y por Human Rights Watch.
La contradicción es del propio Estado mexicano. México presentó en mayo de 2024 una declaración de intervención en el caso de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, y en septiembre de 2025 la presidenta Sheinbaum pidió que pare el genocidio en Gaza.
La Corte Penal Internacional —CPI— emitió el 21 de noviembre de 2024 las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant y rechazó en 2025 la apelación de Israel; la ofensiva israelí en Gaza supera los setenta y dos mil muertos, según la prensa internacional.
Mientras tanto, el plan de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua con MASHAV tiene vigencia hasta 2027.
Ahora, Guadalajara. La Zona Metropolitana lleva meses recibiendo agua color chocolate, con olor a drenaje, sedimentos y organismos visibles. Un monitoreo ciudadano entre abril y junio en noventa colonias, con ciento ochenta y cuatro muestras, detectó ausencia de cloro residual en el noventa y tres por ciento de los casos e indicios de E. coli, plomo, mercurio y aluminio.
En julio, la Secretaría de Salud de Jalisco recomendó no usar el agua de la llave para beber ni cocinar. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado —SIAPA— reconoció que el deterioro viene desde diciembre de 2025, y el propio gobernador Lemus admitió en octubre una crisis de agua potable como nunca antes.
La causa oficial son descargas irregulares en el canal de Las Pintas, que alimenta la planta potabilizadora número uno de Miravalle, construida en 1956. El gobierno cerró esa presa, lo que reduce el suministro hasta dos punto cinco metros cúbicos por segundo y obliga a tandeos de hasta tres días durante seis meses.
Pero la ciudadanía no acepta la explicación de negligencia. Hay fotografías y videos circulando en redes que muestran pipas y descargas contaminando ríos y canales, y los vecinos señalan directamente al gobierno de Guadalajara como responsable de la contaminación.
Esa acusación —que el agua se contamina a propósito— es una denuncia ciudadana documentada en imágenes, no una conclusión verificada por autoridad alguna. Hasta ahora no hay investigación oficial que la confirme ni la desmienta.
El domingo, unas diez mil personas marcharon de La Minerva a Casa Jalisco. Terminó con treinta y nueve detenidos, veintiocho policías heridos y treinta y un civiles atendidos. Sheinbaum condenó el uso de gas lacrimógeno y chorros de agua contra manifestantes, llamándolo técnica represiva, y exigió a Lemus transparentar las detenciones. La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió investigación.
Sobre la injerencia israelí en Jalisco: no hay evidencia de que el SIAPA o la Comisión Estatal del Agua —CEA— hayan sido entregados a empresas israelíes. Lo documentado es una carta de intención de 2016 con el Technion para cooperación académica en agua, y una delegación estatal que visitó Israel en 2022.
Los colectivos que marcharon en agosto mencionaron a Jalisco junto con Chihuahua como preocupación de que la presencia se extienda a estados ricos en agua, no como hecho comprobado. El gobernador Lemus lo negó en julio.
La presidenta Sheinbaum rechazó hoy el esquema de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación —CMRO— de once mil novecientos veintidós millones de pesos para el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara, diciendo que no van a apoyar la privatización de ningún servicio de agua. Lemus respondió que el agua no se privatizará.
Y en Mexicali, el caso que resume todo. En diciembre de 2023, la alcaldesa Norma Bustamante anunció la instalación de una planta de Niagara Bottling, la mayor embotelladora de agua de América del Norte, una empresa estadounidense de la familia Peykoff.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila defendió el proyecto: diecisiete litros por segundo, unos quinientos mil metros cúbicos al año, derechos de agua comprados a agricultores, y el producto se vendería en Baja California, no se exportaría.
Pero la alcaldesa negó los permisos municipales y, en enero de 2024, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación —Canacintra— confirmó que la empresa no tenía ningún permiso para operar. El proyecto quedó en evaluación y nunca se concretó.
El contexto es lo que lo vuelve explosivo: Mexicali es la ciudad más estresada hídricamente del país, con el acuífero Valle de Mexicali sobreexplotado y el río Colorado reducido. La propia senadora Alejandra León presentó un punto de acuerdo en el Senado para frenar la planta, citando la consulta de 2020, donde la ciudadanía rechazó a Constellation Brands por el mismo motivo.
Y aquí está el dato que conecta con tu columna: la empresa es estadounidense, no israelí. Pero el patrón es idéntico al de Veracruz: políticos abriendo puertas a empresas que lucran con el agua mientras la población paga ochocientos pesos por pipa.
Y en Veracruz, el caso más grave de todos: Constellation Brands opera con catorce concesiones transferidas de uso agrícola a industrial, unos tres punto cuatro millones de metros cúbicos al año del acuífero Costera de Veracruz. Nestlé suma un millón seiscientos diecisiete mil metros cúbicos anuales entre Coatepec y el Papaloapan. Coca-Cola tiene diecinueve unidades operativas en el estado.
El acuífero Xalapa-Coatepec está sobreexplotado, y en septiembre de 2025 Conagua confirmó que revisa tres aprovechamientos de un mismo manantial compartido por Nestlé y Coca-Cola, con posibilidad de sanciones o clausura.
Ahí sí hay un modelo exportador real: Constellation Brands produce cerveza en Veracruz para venderla en Estados Unidos. Pero ese actor es una empresa estadounidense, no israelí.
La evaluación honesta de por qué México elige a Israel y no a otros: no es una elección ideológica, es una combinación de factores. Israel tiene un tratado de libre comercio con México vigente desde el año 2000. Tiene una máquina de promoción estatal —TradeIL, la misión económica, la Cámara México-Israel fundada en 1930— que trabaja activamente con gobiernos estatales y federales.
Y tiene un récord técnico real: recicla cerca del noventa por ciento de sus aguas residuales, el mejor del mundo, contra el diez al doce por ciento de España, que es el segundo. Sus cinco plantas desalinizadoras cubren el sesenta y cinco por ciento del agua potable del país, y el riego por goteo, inventado por Netafim, se usa en el noventa y cinco por ciento de sus cultivos.
España es el competidor directo y tiene presencia: Cox ganó la desaladora de Rosarito con cinco mil doscientos noventa y dos millones de pesos, y Acciona-Fengate avanza en Puerto Peñasco. Holanda y Australia también tienen tecnología de agua de primer nivel. Pero no tienen el mismo aparato de promoción ni el mismo acceso a gobiernos estatales mexicanos.
Y aquí viene la reflexión que nadie quiere hacer. Israel recicla el noventa por ciento de su agua porque no le queda de otra: es un país desértico con un río compartido y un acuífero que se agota. México tiene el doce por ciento de la superficie terrestre con agua dulce del planeta, ríos caudalosos y acuíferos enormes. No tenemos el problema de ellos. Tenemos otro: no sabemos administrarlo.
Por eso la pregunta no es por qué Israel vende goteo. Es por qué México compra. No compramos tecnología: compramos dependencia. Y la puerta no la abrió el pueblo: la abrió el Estado, con el tratado de 2000, la Cámara México-Israel fundada en 1930 y gobiernos estatales que firman convenios sin registro ante la SRE, como el de Chihuahua.
El reclamo territorial no es paranoia: es el precedente documentado. En 2023, el gobierno de Netanyahu aprobó una ley que permite a colonos israelíes reclamar tierras privadas en Cisjordania, y en 2025 el parlamento israelí avanzó en anexar el valle del Jordán.
Si un Estado puede reclamar tierras de otro con ese precedente, la pregunta legítima es qué tan protegida está la soberanía mexicana cuando el mismo actor tiene convenios de agua en Chihuahua, Querétaro y Jalisco. La respuesta honesta es que no hay evidencia de que Israel reclame territorio mexicano. Pero la asimetría es real: ellos tienen un Estado que defiende sus intereses con maquinaria diplomática y militar, y nosotros tenemos gobiernos que firman sin leer la letra chica.
La corrupción es el pegamento que sostiene todo esto. El crédito de Leumi en Veracruz, tres mil millones de pesos anunciados en 2013, nunca se ejecutó como se prometió: el titular de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz —CAEV— terminó vinculado a proceso por desvío de cuatrocientos treinta y cinco millones de pesos.
El convenio de Chihuahua con MASHAV se firmó sin registro ante la SRE ni Amexcid. Y en el Valle del Mezquital, Niagara Bottling extrae dos punto ochenta y cinco millones de metros cúbicos anuales del acuífero más contaminado del centro del país, mientras los vecinos pagan ochocientos pesos por pipa.
Por la explotación de esos cuatro punto siete millones de metros cúbicos, el gobierno recibe apenas cuarenta y un millones de pesos al año, mientras las ganancias se van al extranjero.
Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta: ¿por qué México hace tratados, negocios y convenios con un país que está bajo investigación internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y que tiene una acusación formal de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia?
La respuesta no es una conspiración: es que el Estado mexicano no tiene filtro ético en sus compras. Hace negocios con todos los que le venden tecnología: Estados Unidos, España, China, Israel. No es una elección moral, es una elección de mercado.
Y ahí está el problema: la corrupción abre puertas a cualquiera que pague, y las empresas israelíes entraron por esa puerta igual que las demás. El problema no es quién entra, es que la puerta no tiene filtro.
El contraste con España demuestra que la falta de filtro es una decisión y no una fatalidad. Después del 7 de octubre de 2023, el gobierno español adjudicó cuarenta y seis contratos por más de mil cuarenta y cuatro millones de euros a empresas militares israelíes, según el Centro Delàs; en septiembre de 2025, como parte de un plan de desconexión de la tecnología militar israelí, el Ministerio de Defensa canceló contratos por más de mil doscientos millones de euros, entre ellos uno de doscientos siete millones con Rafael.
Se puede discutir si España fue coherente, porque mantuvo compras durante meses; lo que no se puede discutir es que cancelar era posible. En la documentación consultada para esta columna no aparece una medida equivalente del gobierno mexicano.
La pregunta real no es por qué elegimos a los judíos: es por qué el Estado mexicano no ha construido su propia capacidad tecnológica en agua y por qué depende de que otros países le vendan la solución.
