Daniel Lee Viernes, 23 de Octubre del 2026, 01:43
Las mujeres migrantes enfrentan delitos, abusos y obstáculos para denunciar, mientras la falta de protección institucional prolonga su vulnerabilidad.
Por Daniel Lee
Siete de cada diez mujeres migrantes en tránsito por México han sufrido algún delito, pero la mayoría no denuncia por miedo a represalias y porque desconfía de que las autoridades le hagan justicia.
La dimensión de esta realidad, documentada por Médicos del Mundo y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), exhibe una crisis de protección que no puede seguir oculta detrás de discursos oficiales, leyes y compromisos institucionales.
El problema no es solamente la violencia que enfrentan durante su recorrido. Es también la indefensión en la que quedan cuando necesitan ayuda y no encuentran garantías para denunciar, recibir atención médica, acceder a la justicia o continuar su camino sin exponerse a nuevas agresiones.
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM) advierte que los riesgos aumentan mientras las mujeres carecen de información confiable sobre sus derechos y dependen de redes informales para orientarse. En esas condiciones, un trayecto marcado por la necesidad de escapar de la pobreza, la violencia o la persecución puede convertirse en una sucesión de abusos, extorsiones, secuestros y agresiones sexuales.
Los datos de Acnur confirman que la inseguridad se ha agravado. En 2023, el 42 por ciento de la población atendida reportó algún incidente de seguridad durante su tránsito antes de llegar a México; en 2024, la proporción aumentó a 58 por ciento. Ya en territorio mexicano, cuatro de cada diez personas refugiadas y migrantes reportaron haber sufrido algún delito. Entre los hechos identificados figuran robos, secuestros, amenazas, extorsiones y estafas.
Detrás de estas cifras hay mujeres que viajan solas, madres que buscan proteger a sus hijos, adolescentes expuestas a redes de explotación y sobrevivientes de violencia que abandonaron sus hogares para intentar reconstruir sus vidas. Para ellas, el peligro no desaparece al cruzar una frontera: puede acompañarlas durante todo el recorrido y prolongarse incluso cuando llegan a un lugar donde esperaban encontrar seguridad.
Pero hay una contradicción que México debe resolver. El país dispone de leyes y mecanismos para proteger a las mujeres contra la violencia de género y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la RMMSyM documentó una brecha entre ese marco legal y su aplicación efectiva. La existencia de normas no sirve de suficiente protección cuando las instituciones no logran coordinarse, los servicios no llegan a quienes los necesitan y las víctimas siguen sin confiar en las autoridades.
La presión de las políticas migratorias estadounidenses y la prioridad otorgada al control de los flujos migratorios complican todavía más el panorama. Cuando la gestión migratoria se concentra en la vigilancia y la contención, la protección humanitaria corre el riesgo de quedar relegada. Ninguna política de control puede justificar que una mujer víctima de un delito permanezca sin atención por su condición migratoria, por carecer de documentos o por temer que acercarse a una autoridad termine perjudicándola.
Las recomendaciones de la Red apuntan a medidas concretas: incorporar al Instituto Nacional de Migración y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en los sistemas nacionales de protección contra la violencia; aumentar los recursos para atender las solicitudes de asilo rezagadas, y fortalecer los programas estatales de prevención, atención y canalización de sobrevivientes. También propone que las organizaciones civiles sistematicen y compartan las estrategias que han demostrado resultados.
No son trámites secundarios ni demandas burocráticas. Son condiciones indispensables para que una mujer pueda denunciar sin miedo, recibir atención oportuna y acceder a mecanismos de protección que no dependan de la buena voluntad de una organización o de la capacidad de encontrar ayuda por cuenta propia.
El desafío para las autoridades mexicanas es pasar del reconocimiento del problema a resultados verificables: personal capacitado, presupuesto suficiente, información accesible, atención especializada y coordinación entre instituciones. También deben existir canales de denuncia seguros, confidenciales y libres de discriminación, capaces de proteger a las víctimas sin convertir su situación migratoria en otro obstáculo.
Una mujer migrante no debería tener que elegir entre guardar silencio o arriesgarse a sufrir nuevas represalias. Si siete u ocho de cada diez han sufrido delitos y muchas no denuncian porque no confían en la justicia, la pregunta no es solamente cuántas agresiones ocurren, sino por qué el sistema de protección no consigue ofrecerles seguridad.
La migración no suspende los derechos humanos. México tiene la obligación de garantizarlos, sin importar la nacionalidad o la condición migratoria de una persona. Mientras las mujeres sigan recorriendo el país expuestas a la violencia y sin confianza en las instituciones, la distancia entre las leyes y la realidad seguirá siendo una deuda que el Estado no puede eludir.
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