Honduras enfrenta cuestionamientos por el manejo de fondos destinados a apoyar a migrantes que regresan al país en condiciones vulnerables.
Por Itsmania Platero
La Comisión Liquidadora de instituciones estatales de Honduras presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas por el presunto desvío de aproximadamente 38 millones de lempiras destinados a programas de asistencia para migrantes retornados, como “Hermano, hermana, vuelve a casa” y bonos alimenticios.
El monto investigado corresponde a alrededor de 38 millones de lempiras retirados en efectivo del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Entre las inconsistencias encontradas figura el reporte de decenas de miles de bonos alimenticios entregados que no coinciden con los registros oficiales de personas retornadas del Instituto Nacional de Migración.
Los señalamientos indican que gran parte del dinero en efectivo fue manejado por terceros y presuntamente desviado hacia actividades con fines políticos, en lugar de beneficiar a los migrantes.
El caso es investigado por el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el acompañamiento de organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Las irregularidades y la falta de trazabilidad alcanzan a más de 90 millones de lempiras, alrededor de 3.4 millones de dólares, destinados al programa de ayuda a migrantes retornados “Hermano, hermana, vuelve a casa” en Honduras.
El monto cuestionado supera los 90 millones de lempiras asignados para apoyar a migrantes retornados.
Monitoreos independientes señalan que sólo una pequeña fracción, alrededor del 1%, de los migrantes habría recibido los apoyos concretos.
También se denunció el uso de mecanismos de entrega de recursos en efectivo, incluidos los retiros señalados por la Comisión Técnica Liquidadora en Banadesa por cerca de 38 millones de lempiras, con escaso control y sospechas de desvío hacia fines ajenos al programa.
El exdirector de Migración, Wilson Paz, rechazó las acusaciones y defendió que la entrega a los beneficiarios fue directa y auditable.
Por ello, resulta necesaria una investigación exhaustiva, tomando en cuenta que las víctimas de las deportaciones son migrantes en condición de vulnerabilidad que regresan al territorio nacional, en muchos casos, con las manos vacías.
