Daniel Lee Jueves, 10 de Septiembre del 2026, 00:28
La nacionalidad adicional podría convertirse en impedimento para acceder a los principales cargos ejecutivos, pese a los derechos reconocidos a mexicanos en el exterior.
Por Daniel Lee
La reforma constitucional que busca impedir que mexicanos con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México dejó de ser un asunto exclusivamente jurídico. Se convirtió en una prueba política para Morena y sus aliados, pero también en un debate de fondo sobre los derechos de millones de mexicanos vinculados con el exterior.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, lo reconoció abiertamente: necesitan convencer al Partido Verde para alcanzar la mayoría calificada. El problema es que algunos legisladores del PVEM han expresado reservas frente a la propuesta, lo que revela que ni siquiera dentro de la coalición oficialista existe una posición completamente unificada.
La Comisión de Puntos Constitucionales ya aprobó el dictamen y el pleno tiene previsto discutirlo el próximo 22 de septiembre. La iniciativa modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quien aspire a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberá ser mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad o, en su caso, renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato.
El punto más cuestionable, sin embargo, no está solamente en el contenido de la reforma, sino en la lógica política utilizada para impulsarla.
Monreal pidió a los diputados migrantes de Morena respaldarla como un “gesto de lealtad” y unidad del movimiento. Pero una reforma constitucional no debería convertirse en una prueba de disciplina partidista. Los legisladores tienen la obligación de analizar sus consecuencias jurídicas y sociales, no de demostrar fidelidad política mediante su voto.
Y aquí aparece una voz que el Congreso no debería ignorar: el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes en Estados Unidos y Canadá (COLEFOM).
El colectivo ha advertido que las modificaciones pueden afectar el “núcleo esencial” del derecho de participación política de los mexicanos en el exterior y ha reclamado que sus preocupaciones sean escuchadas antes de aprobar una reforma que impactaría directamente a una comunidad construida durante décadas a ambos lados de la frontera.
La preocupación no es menor.
México reconoció desde hace casi tres décadas que ningún mexicano pierde su nacionalidad por adquirir otra. Esa decisión respondió a una realidad evidente: millones de personas nacidas en México o descendientes de mexicanos viven, trabajan y construyen sus familias en otros países sin dejar de formar parte de la nación.
No son mexicanos de segunda. Tampoco ciudadanos cuya lealtad pueda medirse por el número de pasaportes que poseen.
Si el objetivo es garantizar que quienes ocupen los máximos cargos públicos actúen exclusivamente en defensa del interés nacional, el Congreso debe explicar por qué la doble nacionalidad constituye, por sí misma, un riesgo. Tener otra nacionalidad no demuestra subordinación a un gobierno extranjero, ni carecer de ella garantiza automáticamente compromiso con México.
La discusión debería ser abierta, constitucional y binacional. Deben escucharse a las organizaciones migrantes, especialistas y ciudadanos afectados. Y debe quedar claro si la reforma busca resolver un problema real de seguridad y soberanía o si está creando una barrera política para una población cuya presencia en la vida nacional es cada vez mayor.
La posición del Partido Verde resulta especialmente relevante porque su eventual apoyo puede definir la mayoría calificada. Pero también sería un error reducir todo a una negociación de votos. El Congreso no está decidiendo solamente si Morena consigue los números necesarios; está decidiendo qué significa ser mexicano en una nación con millones de ciudadanos viviendo fuera de sus fronteras.
Por eso, la pregunta central no es si los diputados migrantes demostrarán lealtad a un movimiento.
La pregunta es otra:
¿Ser mexicano depende de tener un solo pasaporte o de conservar intactos los derechos que otorga la nacionalidad?
México no puede pedirle a su diáspora que mantenga sus raíces, que envíe remesas, que participe en elecciones, que defienda al país y que siga vinculada con su comunidad de origen, para después decirle que una segunda nacionalidad la convierte en ciudadana políticamente sospechosa.
La Constitución debe proteger la soberanía, sí. Pero también debe proteger la igualdad entre mexicanos.
Y antes de votar, el Congreso tiene una responsabilidad elemental: demostrar que esta reforma se sostiene en razones de Estado y no simplemente en razones de partido.
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