Daniel Lee Domingo, 13 de Septiembre del 2026, 09:23
Las personas migrantes LGBT+ enfrentan discriminación, violencia y riesgos adicionales durante el tránsito, la solicitud de asilo y su integración en México.
Por Daniel Lee
México presume avances en materia de derechos humanos, diversidad e inclusión. Pero cuando una persona migrante LGBT+ cruza nuestras fronteras, esa narrativa encuentra una realidad mucho más incómoda: el Estado mexicano todavía sabe muy poco de quienes son, de lo que han vivido y de los riesgos que enfrentan.
No se trata de un problema menor ni exclusivamente estadístico. Es una falla de protección.
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) puso el dedo en una herida que durante demasiado tiempo ha permanecido fuera de las estadísticas oficiales: las personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género y características sexuales diversas permanecen prácticamente invisibles dentro de los registros migratorios mexicanos.
Tras solicitudes de información realizadas entre 2023 y 2025 al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Gobernación (INM), las autoridades respondieron que no localizaron registros específicos sobre esta población en estaciones migratorias o durante su tránsito por el país.
Y aquí comienza el verdadero problema.
Lo que no se registra difícilmente se dimensiona; lo que no se dimensiona no se atiende.
El IMUMI advierte que apenas 0.21 por ciento de las solicitudes de asilo corresponden a personas de la diversidad sexual. Sin embargo, ese porcentaje no necesariamente refleja su presencia real. Puede revelar, por el contrario, el miedo a identificarse ante autoridades que podrían discriminarlas o revictimizarlas.
Entre 2023 y 2025 se registraron 3 mil 841 solicitudes de asilo de personas de la diversidad sexual. Mil 218 fueron positivas, 189 negativas y 30 recibieron protección complementaria.
Son cifras importantes, pero detrás de ellas existe una realidad mucho más amplia.
Muchas personas LGBT+ abandonan sus países después de sufrir persecución por parte de agentes estatales o particulares, crímenes de odio, violencia, amenazas, terapias de conversión o leyes discriminatorias. Centroamérica, Cuba, Venezuela y Colombia forman parte de este escenario de expulsión.
Después viene la ruta.
Atravesar América Central y México puede significar enfrentarse a violencia física y sexual, discriminación, extorsiones y amenazas. Para quienes ya huyeron de una persecución, llegar a otro territorio no significa automáticamente estar a salvo.
Por el contrario, pueden encontrarse con instituciones que carecen de personal capacitado, procedimientos sin enfoque interseccional y espacios que no garantizan condiciones de seguridad. La discriminación tampoco desaparece al solicitar refugio: puede reaparecer al buscar vivienda, empleo o servicios básicos.
La vulnerabilidad migratoria se multiplica cuando se cruza con la identidad sexual o de género.
México tiene una responsabilidad especial porque ya no es solamente un país de tránsito. Es también territorio de destino y, cada vez más, de permanencia. Miles de personas que originalmente pretendían llegar a Estados Unidos terminan estableciéndose aquí, ya sea por decisión propia o porque las circunstancias les impiden continuar.
Esto obliga a cambiar la mirada.
La política migratoria no puede limitarse a contar entradas, detenciones, solicitudes o deportaciones. Tiene que conocer las condiciones de quienes llegan y garantizar que la información utilizada para protegerlos no termine convirtiéndose en una nueva forma de vigilancia o discriminación.
Medir no debe significar perseguir. Medir debe significar proteger.
Y esta discusión también tiene una dimensión mexicana que no puede ignorarse.
Millones de mexicanos viven en Estados Unidos y enfrentan, según su situación migratoria, condiciones distintas de acceso al empleo, vivienda, salud y protección. Dentro de esa población también existen personas LGBT+ que llevan consigo las mismas identidades y vulnerabilidades que acompañan a cualquier migrante.
Por eso la defensa de los derechos migratorios debe entenderse en ambos sentidos. México debe exigir respeto para sus connacionales en Estados Unidos, pero también garantizar derechos para quienes llegan a nuestro territorio buscando una oportunidad o huyendo de la persecución. Nadie debería tener que esconder quién es para poder ejercer su derecho a estar a salvo.
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