Culpable fabricada pide intervención de AMLO por irregularidades en acusaciones

Por Ignacio García

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Ivonne Sánchez Mayorga fue recluida en el Centro de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, de Ciudad de México, desde el 5 de septiembre de 2013, víctima de fabricación de culpables, por lo que pidió la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por las irregularidades en su caso.

Por medio de una carta dirigida al mandatario federal, Sánchez Mayorga relató cómo fue detenida en un cateo ilegal a su domicilio, sin que se cumplieran las formalidades del Código Federal de Procedimientos Penales. Durante el cateo de ocho horas fue agredida física y verbalmente por los agentes, estando embarazada de cinco meses.

De acuerdo con la acusada, a su vivienda ingresaron elementos de la Policía Federal y peritos del Ministerio Público adscritos a la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), y le impidieron comunicarse con su defensa legal. Expuso que fue trasladada a la SEIDO, sin contar con una orden de aprehensión o de presentación y durante otras ocho horas estuvo aprehendida en dichas instalaciones, ya que los agentes del Ministerio Público diejron que se trataba de un “caso urgente”.

Agregó que no le permitieron la participación de sus familiares como testigos, ni tampoco le informaron sobre los bienes que extrajeron de su domicilio durante el cateo. Recordó que fue arraigada durante 50 días por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y beneficio de la explotación sexual ajena, aunado a que la orden de aprehensión que le giraron después fue hecha en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procedimientos Penales Federales en Tamaulipas, aunque los hechos por los que se le acusan ocurrieron en la Ciudad de México.

Afirmó que ante las irregularidades cometidas en su caso, debe concederse el auto de libertad absolutoria, aunado a que tampoco presentaron pruebas de su supuesta responsabilidad en la comisión de los delitos de fuero federal y ninguno de los acusantes la señala como responsable de esos ilícitos. Incluso, Sánchez Mayorga cuestiona por qué después de estar detenida, una jueza del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, fue quien giró su orden de aprehensión, si lo supuestos hechos que le imputan fueron en la Ciudad de México y ella es originaria y radicaba en esta ciudad.

También enfatizó que ninguna de las supuestas víctimas precisa que fuera ella, no dan su media filiación, ni proporciona datos que acrediten su responsabilidad. Además hubo inclusión de averiguaciones previas que no correspondían al caso por el que se le acusa y no ha sido sometida a ningún juicio conforme a Derecho, y durante su traslado al penal de Nayarit sufrió torturas y distintas agresiones cometidas en su contra y su bebé, a quien además le ponían el número de presidiaria en su ropita.

En 2016, fue trasladada al penal de Morelos con más agresiones, por lo que pidió la intervención del presidente de México para que fuera juzgada conforme a Derecho con las debidas pruebas, pero fue ignorada durante la administración de Enrique Peña Nieto. Dos asociaciones civiles, una bajo la dirección de Rosi Orozco y otra dirigida por Teresa Ulloa, las cuales recibían presupuesto público, les pagaban a las supuestas víctimas de trata 50 mil pesos para que declararan en contra de los acusados, además de las visas humanitarias para internarse en Estados Unidos tramitadas por la SEIDO.

Sánchez mayorga señaló tambien que una de las supuestas víctimas le pidió la catidad de $4 millones de pesos, para que declarara en su favor, y 418 mil pesos para la representación de Asociación civil Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dirigida por Teresa Ulloa. 

Carta al presidente López Obrador de Claudia Ivonne Sánchez Mayorga:

Enlace a la carta completa: Aquí

Ignacio García

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