Xalapa reúne a especialistas para revisar políticas públicas y metodologías aplicadas a la educación intercultural.
Por Livia Díaz
XALAPA, VER.— Aunque las deficiencias del sistema educativo mexicano suelen acaparar los titulares, en materia de legislación y derechos de educación superior intercultural, México es visto desde el exterior como un verdadero laboratorio de avance.
Así quedó de manifiesto durante el Encuentro Internacional de Estudios Interculturales: Hacia protocolos y metodologías indígenas, celebrado este viernes en el Centro de Estudios de la Cultura y de la Comunicación de la Universidad Veracruzana (UV), en su sede de Juárez esquina Betancourt, colonia Centro, en Xalapa.
El evento congregó a investigadores de la UV con una comitiva científica chilena de la Universidad Católica de Temuco (UCT) y la Universidad de Los Lagos, cobijados bajo el fondo internacional de investigación conocido como proyecto FOVI.
El laberinto de la ley: la autocrítica que viene del sur
El interés de la delegación chilena por estudiar los procesos institucionales mexicanos radica en las trabas que viven los pueblos originarios de su propio país frente al marco normativo del Estado.
En entrevista exclusiva para este espacio, Verónica Huaiquilaf Rodríguez, estudiante de doctorado en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco (UCT), reconoció abiertamente que el andamiaje legal y la aplicación de políticas públicas en México llevan la delantera:
“Aquí en Veracruz, o sea, digo en Veracruz y aquí en México particularmente, existe un… una mucho más experiencia, existe mucho más trabajo en materia de interculturalidad en políticas públicas, particularmente en educación superior también, y allá en Chile no estamos tan… tan avanzados”, explicó Huaiquilaf, quien realiza una pasantía formal en el país.
Dejar de auditar a los pueblos y empezar a auditar al Estado
Para el ciudadano de a pie, la interculturalidad suele sonar a teoría. Sin embargo, la investigación que este grupo de posgrado realiza impacta de forma directa en cómo se gasta el dinero público y cómo las leyes protegen —o ignoran— las identidades étnicas.
La clave, según detalló Huaiquilaf Rodríguez, consiste en cambiar el enfoque de las investigaciones: el problema no son las comunidades originarias, sino la burocracia del Estado que dicta leyes desconectadas de la realidad.
“El trabajo que andamos haciendo (...) tiene que ver también con el cómo… hacia dónde apuntamos las miradas, si es solamente a los pueblos originarios o también a la institución pública, a la política pública; entonces, en ese contexto es que andamos recogiendo estas experiencias para enriquecer también el proceso formativo y los resultados”, puntualizó.
El diagnóstico plasmado en este encuentro internacional sumó las perspectivas críticas de otros tres académicos de la comitiva, cuyas ponencias desmenuzaron las realidades de sus respectivas regiones:
Silvia Castillo (Universidad de Los Lagos): advirtió que las leyes de educación superior corren el peligro de quedarse en letra muerta si las universidades no ejecutan procesos “situados desde los territorios”, es decir, moldeados por la realidad de las comunidades y no por decretos de oficina.
Macarena Navarrete (Universidad de Los Lagos): expuso un espejo de lo que ocurre en muchas latitudes de México: la aguda “brecha institucional” que existe en la isla de Chiloé, donde el reconocimiento legal de los derechos indígenas choca de frente contra las trabas burocráticas del Estado centralizado.
Helder Binimelis (Universidad Católica de Temuco): científico y docente de la UCT, centró las conclusiones en la necesidad de que las instituciones públicas y los centros científicos tradicionales validen de forma horizontal los saberes comunitarios, rompiendo con prácticas de exclusión institucional.
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