California defiende su autoridad para administrar sus elecciones frente al intento federal de frenar el conteo de miles de boletas.
Por Safiyah Riddle
LOS ÁNGELES (AP) — Un tribunal de apelaciones declinó pronunciarse el lunes sobre si los funcionarios electorales de California pueden contabilizar aproximadamente 20.000 boletas que, según alega el Departamento de Justicia de Estados Unidos, fueron emitidas por no ciudadanos.
La decisión —por dos votos a favor y uno en contra— prepara el terreno para que el gobierno del presidente Donald Trump y los funcionarios estatales sostengan otro enfrentamiento jurídico sobre el asunto el martes ante un juez federal de distrito, lo que le deja al gobierno federal un margen de tiempo muy corto para obligar a California a anular esos votos antes de las elecciones del 3 de noviembre.
La decisión representa el más reciente de una serie de reveses jurídicos para el gobierno de Trump, en un momento en que intenta imponer un mayor control federal sobre las elecciones administradas por los estados. El voto de no ciudadanos ha sido un eje central del mensaje político del mandatario durante años, aunque los datos disponibles indican que es sumamente inusual que ocurra.
Aunque principalmente el panel dictaminó que resultaba prematuro que un tribunal de apelaciones interviniera, dos de los tres jueces también escribieron opiniones concurrentes por separado, en las que dejaron claro que no respaldarían la anulación de votos a estas alturas. Un tercer juez discrepó, argumentando que la ley federal les prohíbe a los no ciudadanos votar y obliga a California a verificar las boletas potencialmente ilegales antes de que sean contabilizadas. No hacerlo, escribió, causaría un daño irreparable a los comicios.
Trump demandó a funcionarios de California por lista con 20.000 nombres
El gobierno federal republicano demandó a los funcionarios electorales del estado —el cual es de marcada tendencia demócrata— a mediados de octubre, acusándolos de incumplir un plazo de 48 horas para revisar una lista de 20.000 personas en el padrón electoral del estado que, según alegó, probablemente no son ciudadanos. El gobierno le pidió al juez que le impidiera al estado contabilizar esos votos hasta que pudieran completarse las verificaciones del estatus migratorio de dichos individuos. El Departamento de Justicia hizo exigencias similares el lunes en Washington, otro estado con contiendas electorales que ayudarán a determinar qué partido controlará el Senado y la Cámara de Representantes federales.
Después de que un juez de distrito programara una audiencia para el 27 de octubre sobre el tema, el gobierno federal apeló ante el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, alegando que se necesitaba una decisión más rápida para evitar que se siguieran contabilizando votos.
Pero dos de los tres jueces de la corte del 9º Circuito rechazaron ese argumento el lunes, escribiendo que el gobierno federal “no permitió que el tribunal de distrito tuviera una oportunidad adecuada de sopesar” su solicitud inicial de anular los votos en cuestión.
La situación de emergencia urgente que el gobierno federal utilizó para justificar la apelación, escribió Gabriel Sanchez —un juez de circuito nombrado por el presidente Joe Biden—, fue al menos en parte “producto de las propias decisiones de Estados Unidos” de presentar el caso tan cerca de las elecciones, después de que ya había empezado el recuento de votos.
El gobierno federal se demoró “en percatarse de que la ley estatal vigente de California rige la emisión y el procesamiento de boletas, en reconocer que California tiene millones de votantes registrados y procesa boletas de acuerdo con un calendario acorde con esa magnitud, y en comunicarle al tribunal la solución que solicitaba”, escribió Sanchez.
Un juez escribió que anular boletas sería invitar al “caos electoral”
El juez Mark J. Bennett escribió que descartar votos en esta etapa “transformaría las reglas electorales de California para unos comicios que ya están en marcha” y “daría paso al caos electoral”.
Bennett, quien fue nominado por Trump, expresó también que los argumentos del gobierno federal no están respaldados por la ley, y escribió que aparentemente el gobierno carece de poder bajo la Constitución para obligar a California a anular esos votos.
El juez Patrick Bumatay, quien también fue nombrado por Trump, discrepó enérgicamente del fallo. Argumentó que la ley federal impide que “California mezcle boletas probablemente emitidas por extranjeros con boletas legítimas, porque alienta e induce el voto ilegal. Detener esa práctica para aquellos que se haya determinado que probablemente no son ciudadanos es lo mínimo indispensable”.
Bumatay también respaldó los argumentos del gobierno federal sobre la necesidad de que se emita un fallo urgente para descartar las boletas. Si bien reconoció que el gobierno federal podría, en teoría, procesar a votantes fraudulentos después de las elecciones, el juez señaló que las autoridades federales tienen “interés en impedir, desde un principio, que haya votos ilegales”.
El fiscal de California calificó el fallo como un “obstáculo bienvenido”
El fiscal general de California, Rob Bonta —de filiación demócrata—, celebró el fallo del lunes contra el gobierno republicano, llamándolo un “obstáculo bienvenido contra los repugnantes ataques de Trump a la Constitución y a la democracia de nuestro país”.
En un comunicado, instó a los votantes a emitir su voto con anticipación y a “participar en la democracia, no se desilusionen”.
La decisión del 9º Circuito devuelve el caso a un juez federal en el sur de California, quien escuchará los argumentos de ambas partes el martes a la 1 de la tarde.
Ni el Departamento de Justicia ni la Fiscalía Federal en el Distrito Central de California respondieron de momento a una consulta enviada por correo electrónico solicitándoles comentarios.
