Guadalupe Lizárraga Martes, 10 de Marzo del 2026, 00:00
El hallazgo de teléfonos en manos policiales y la detención reciente reabren una línea clave en el caso Ayotzinapa.
Este reportaje forma parte de la serie Ayotzinapa: Informe Pascal, una investigación de Los Ángeles Press sobre las evidencias ignoradas en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Por Guadalupe Lizárraga
Durante dos años, el celular del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño permaneció en manos de un policía estatal de Guerrero. El funcionario de la PGR que encubrió al policía estatal con el teléfono fue identificado por el padre del estudiante, Antonio Tizapa, cuando el caso se reveló en Los Ángeles Press. Nadie explicó cómo llegó ahí ni por qué permaneció tanto tiempo fuera de la investigación.
La reciente detención de Mauro Antonio Mosso Benítez vuelve a colocar esa evidencia en el centro de la historia sobre la desaparición forzada de los 42 estudiantes y de un soldado activo adscrito al área de inteligencia militar, que figuraba oficialmente como un alumno de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La captura del ex agente Mosso Benítez reabre una línea que durante más de una década apenas figuró en el expediente oficial: la participación directa de la Policía Estatal de Guerrero durante los ataques del 26 de septiembre de 2014 contra los estudiantes.
La posesión del teléfono de Tizapa fue documentada años atrás en una investigación del Grupo Pascal Bourne, cuyos primeros legajos fueron entregados a Los Ángeles Press en 2025. El reportaje mostró cómo el celular había permanecido durante dos años bajo uso personal de un policía estatal antes de ser incorporado a la investigación.
Ahora la detención de Mosso Benítez introduce nuevas preguntas.
Un policía estatal formado en el Ejército
Antes de ingresar a la policía estatal en 2018, Mauro Antonio Mosso Benítez había servido casi una década en el Ejército mexicano. Los registros de la Plataforma Nacional de Transparencia ubican su trayectoria dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional entre 2008 y 2017. En su currículo menciona el entrenamiento en fuerzas especiales, operaciones aeromóviles y combate urbano.
Ese perfil coincide con el tipo de formación que recibían elementos vinculados a los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales, conocidos como GAFES. Unidades que surgieron a finales de los años ochenta dentro de la estructura militar mexicana para operaciones especiales, contrainsurgencia y despliegues aerotransportados. Durante los años noventa se expandieron hacia regiones con presencia de las guerrillas y rutas del narcotráfico, particularmente en el sur del país.
Con el tiempo, varias de estas unidades fueron reorganizadas dentro de la estructura regular del Ejército, transformándose en batallones de infantería desplegados permanentemente en zonas consideradas estratégicas. En Guerrero, la presencia de estas fuerzas especiales está documentada al menos desde 2009 en la prensa local, cuando se registró la participación de un elemento GAFE en un incidente armado ocurrido en Iguala.
El corredor militar del norte de Guerrero
Para 2014, cuando ocurrieron los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa, la ciudad de Iguala formaba parte de un corredor militar que incluía dos unidades del Ejército.
Una unidad era el 27 Batallón de Infantería que mantenía presencia permanente en la ciudad. La otra operaba como el 41 Batallón de Infantería, cuya actividad se extendía por el corredor que conecta Iguala con Teloloapan, Arcelia, Cocula y Apaxtla. Ambos batallones dependían de la 35 Zona Militar, subordinada a su vez a la IX Región Militar. Ese corredor coincidía con una franja territorial disputada en esos años por organizaciones criminales como Guerreros Unidos y Los Rojos.
En ese escenario convivían fuerzas militares, policías federales, corporaciones estatales y policías municipales. Durante años, el análisis del caso Ayotzinapa se concentró principalmente en los últimos dos actores. La detención de Mosso vuelve a dirigir la mirada hacia la policía estatal.
El siguiente cuadro presenta una reconstrucción preliminar de la estructura de la Policía Estatal de Guerrero vinculada al operativo en Iguala, elaborada a partir de documentos del Informe Pascal y registros administrativos consultados. En la parte superior aparece el mando estatal, encabezado en 2014 por el entonces secretario de Seguridad Pública Leonardo Octavio Vázquez Pérez, seguido por la coordinación regional de la zona norte, a cargo de José Adame Bautista, identificado en los documentos como el mando de las patrullas estatales que llegaron al Puente del Chipote, donde fue interceptado el autobús Estrella de Oro 1531.
El esquema incorpora también a mandos operativos mencionados en la reconstrucción del informe, como Jorge Berrios Flores y el identificado como “Comandante López”, vinculados a la estructura estatal presente en el operativo. Finalmente aparece Mauro Antonio Mosso Benítez, el ex agente cuya detención reciente volvió a colocar a la corporación dentro de la investigación por la posesión de un teléfono perteneciente a uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. De acuerdo con los registros de Transparencia consultados por Los Ángeles Press, todos los funcionarios mencionados en el cuadro continúan activos en la estructura de seguridad estatal, con excepción de Mosso Benítez.
El celular que no debía estar ahí
La información difundida por la Fiscalía General de la República con la captura de Mosso volvió a poner sobre la mesa la existencia de teléfonos celulares de los estudiantes en manos de policías.
En el caso de Jorge Antonio Tizapa, el funcionario Eber Betanzos, quien fue el fiscal de Ayotzinapa, fue el que encubrió al policía estatal que mantuvo el celular del estudiante por dos años. Actualmente ocupa un cargo público en la Auditoría Superior de la Federación, desde donde supervisa el uso de los recursos públicos.
Para el portavoz del Grupo Pascal Bourne, que ha analizado meticulosamente durante años la documentación del caso, la detención de Mosso abre dos escenarios posibles.
“Si el teléfono que usó el policía estatal es de Tizapa, el padre va a cuestionar cómo es posible que se les haya pasado esa evidencia”, explica el investigador, cuya identidad se mantiene reservada por razones de seguridad.
La otra posibilidad es aún más grave.
“Si no es el teléfono del hijo de Tizapa, quiere decir que es otro policía estatal que tuvo un teléfono de otro estudiante. Y en ambos casos se involucra a la Policía Estatal de Guerrero, que nunca fue incluida en la investigación hasta el día de la detención de Mosso”.
Esta hipótesis apuntaría a un patrón.
“Eso sería más relevante, porque significaría que hubo un segundo policía estatal con un segundo celular de otro estudiante en sus manos, algo que permaneció oculto durante años”.
La noche del autobús 1531
Los documentos de trabajo del Grupo Pascal permiten reconstruir con mayor precisión uno de los episodios centrales de la noche del 26 de septiembre de 2014: la intercepción del autobús Estrella de Oro 1531.
El punto de detención se ubica en el puente del Chipote, frente al Palacio de Justicia de Iguala. La hora registrada en las cámaras de seguridad es 21:34:29.
Ese momento coincide con el inicio del rango de video captado por las cámaras del complejo judicial, imágenes que posteriormente serían extraídas dentro de la investigación federal conducida por la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
Cuando el autobús llegó al puente, el lugar ya estaba ocupado por patrullas. Cinco unidades de la policía municipal de Iguala rodeaban la zona. Minutos después llegaron tres patrullas de la Policía Estatal de Guerrero, cerrando el cerco alrededor del autobús.
Durante años, la presencia de esas patrullas estatales quedó fuera de la narrativa oficial. El Informe Pascal sostiene que su intervención fue omitida en el testimonio de un elemento de inteligencia militar identificado como Eduardo Mota Esquivel. El militar declaró ante la PGR el 3 de diciembre de 2014 sobre lo ocurrido en el Puente del Chipote. Según su propio testimonio, fue enviado por órdenes del teniente Joel Gálvez para verificar la situación del autobús interceptado.
Los documentos del Informe Pascal sostienen que su teléfono celular y la georreferenciación de antenas lo ubican siguiendo al autobús desde el centro de Iguala hasta el Puente del Chipote, reportando su posición al C4.
Los documentos también identifican al mando de las unidades estatales. Se trata de José Adame Bautista, responsable regional de la corporación. Las patrullas estatales que llegaron al lugar operaban bajo su mando directo.
El cerco
Una patrulla se atravesó frente al autobús en sentido contrario, obligándolo a detenerse.
Varios policías descendieron y comenzaron a ponchar las llantas con navajas. Otros agentes lanzaron granadas de gas lacrimógeno al interior del vehículo. En medio de la confusión se escucharon disparos.
Dentro del autobús, los estudiantes intentaban resistir mientras el gas llenaba el espacio cerrado. El conductor del vehículo, Gregorio Jaimes Reyna, relató posteriormente lo ocurrido.
En su testimonio señaló que un policía estatal le roció gas pimienta directamente en el rostro. Después, un comandante lo golpeó con una patada en el ojo, provocándole una lesión grave. Cuando finalmente controlaron el autobús, quince estudiantes fueron obligados a descender.
- "El GIEI debió de solicitar el inventario de la Policía Estatal en Iguala, quien en esas fechas tenía más de 30 botes de gas pimienta en spray y más de 50 granadas de gas lacrimógeno; la Policía estatal fue la única autoridad que esa noche contaba con gases lacrimógenos y gas pimienta, dejando su huella en la detención de los normalistas del Estrella de Oro 1531" (Informe Pascal).
Según el análisis del Informe Pascal, 14 de esos normalistas fueron trasladados hacia el Retén del Tomatal, ubicado aproximadamente a un kilómetro del lugar. El pasajero número 15, sería Julio César López Patolzin, adscrito a inteligencia militar.
- "Estamos 100% seguros que, el 15° pasajero, Julio César López Patolzin fue llevado inmediatamente a la Comandancia municipal, donde fue rescatado por el Capitán Crespo a las 23:35 horas" (Informe Pascal).
El destino final de ese grupo permanece sin esclarecer.
El Informe Pascal también revisa las condiciones en que fue tomada la declaración de Gregorio Jaimes Reyna, conductor del autobús Estrella de Oro 1531. Cuando rindió su testimonio habían pasado ya seis meses desde los hechos del 26 de septiembre de 2014. Durante ese periodo permaneció 60 días incapacitado debido a la grave lesión que sufrió en uno de sus ojos durante la agresión en el puente del Chipote.
De acuerdo con la reconstrucción del informe, el golpe provocó que el ojo se cerrara de inmediato, con una inflamación severa que pudo dejar secuelas permanentes en la visión. En ese contexto, el análisis del Informe Pascal plantea que su declaración pudo haber sido “ajustada” bajo orientación de alguna autoridad federal, con el efecto de distorsionar el relato original y evitar que se involucrara a la Policía Estatal de Guerrero. Bajo esa hipótesis, la versión según la cual los estudiantes habrían sido trasladados a Huitzuco es considerada por el Grupo Pascal como "imposible de demostrar", ya que no existe evidencia documental que la respalde dentro de la reconstrucción de los hechos.
Las cámaras
Mientras la operación se desarrollaba en el puente del Chipote, las cámaras del Palacio de Justicia registraban la llegada de vehículos procedentes de Chilpancingo. En esos minutos arribaron mandos de distintas corporaciones de seguridad. Entre ellos se encontraba el entonces coordinador de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch, acompañado por su comitiva de agentes federales. También llegaron mandos de la policía ministerial del estado y de la policía estatal.
Las imágenes muestran así la presencia simultánea de corporaciones federales y estatales en el entorno del Palacio de Justicia mientras el autobús permanecía detenido frente al puente del Chipote.
En el centro de esa escena quedó el autobús Estrella de Oro 1531, detenido frente al Palacio de Justicia, rodeado de patrullas, cámaras y mandos de seguridad.
La detención de Mosso Benítez vuelve a colocar a la Policía Estatal dentro de esa escena. No sólo por los teléfonos que terminaron en manos policiales, sino por testimonios, registros telefónicos y documentos que durante años permanecieron fuera del expediente.
Investigaciones
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