La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en Honduras enfrenta denuncias por abuso sexual, trata de menores y separación irregular de familias.
Por Itsmania Platero
Tegucigalpa, HONDURAS.- El ministro de Defensa debe intervenir en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), ante los múltiples casos denunciados de abusos contra menores al interior de la institución: trata de niños, explotación sexual, servidumbre, pornografía infantil, pedofilia y delitos conexos, casos que permanecen en completa impunidad.
Para el año fiscal 2026, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Honduras cuenta con un presupuesto de L366.3 millones de lempiras.
Una menor de 16 años de edad, con lágrimas en sus ojos, muestra un papel arrugado. Escrito está un número de celular. Denuncia que los médicos del Hospital Escuela la remitieron por enfermedad de locura. Ella no sabe leer ni escribir. De pronto, un vehículo doble cabina de la SENAF obliga a la menor a subir. La conducen a las instalaciones y el departamento legal se encarga de que su madre no la vuelva a ver ni a su recién nacido.
La joven madre es “declarada incompetente mentalmente”.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Honduras mantiene en secretividad la cantidad fija y permanente de centros de paso. No tiene un número fijo de edificios físicos, sino que opera mediante un sistema de cupos y convenios de cooperación con organizaciones no gubernamentales.
Hasta la fecha, no se hace público cuántos niños alberga cada centro de paso y cada ONG. No se conocen los nombres de las instalaciones por cuestiones de “máxima seguridad”. No hay nombres de cada niño. Cada expediente contiene información manipulada. En unos siete casos, las denuncias son falsas. Aquí participan psicólogos y trabajadores sociales que elaboran minuciosamente una cadena de documentos, algunos falsos.
En esta red interna de “trata de niños” participan algunos policías, con contactos en cada unidad, además de personas en las salas del Hospital Universitario. Los que tienen la oportunidad de tener un abogado pasan un calvario: procedimientos de inspección, indagatorias y, por último, los exámenes forenses; luego, una ampliación para verificar si los niños “dicen la verdad”. Mientras los acusados gozan de completa impunidad, los niños son condenados.
A diferencia de los centros de reclusión de adultos, los niños pierden todos los derechos. El primero: “la dignidad”.
Son castigados de por vida. Sus padres pierden la patria potestad, guarda y cuidado. Son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes que van desde los castigos morales y físicos hasta la violación sexual.
Es común la separación brusca de la madre, que es condenada a “la pena de muerte, castigo público y moral”. Es el arma de una red que opera en completa impunidad y sin escrúpulos.
Ante la falta de voluntad política, todos los niños de la SENAF deben ser declarados menores en riesgo social, y sus familiares deben proceder a un habeas corpus, exhibición personal de los niños.
Amalia tenía 13 años cuando su madre la traficó hacia México, donde fue vendida a uno de los cárteles. Después de ser recuperada y enviada por autoridades consulares hacia Honduras, la niña, de 15 años, ya venía con una bebé de dos años.
Al llegar al aeropuerto, es recibida por voluntarios religiosos y trasladada a la SENAF con su niña en brazos. De inmediato, se le declara “incompetente para ser madre”; se le quita a su bebé, de quien nunca supo su paradero.
Honduras registra una denuncia por abuso sexual infantil cada 4 horas con 52 minutos. Según una fuente de la Policía Nacional de Honduras, al menos 16 mil denuncias se han presentado por abuso sexual contra menores. Un porcentaje de ellas se queda ahí, en la Fiscalía, engavetado, sumando largas listas de expedientes grises, casos engavetados sin resolver.
“Otras no proceden porque, aunque las niñas confiesan el delito de violación, la misma madre retira la denuncia y la fiscal declara incompetente a la niña. Son trasladadas al Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza con el fin de encubrir al agresor”, dijo una fuente de la Policía Nacional de Honduras.
Los niños no son mercancía. Una auditoría detallada debe ser pública. Se debe investigar cada centro: cuántos niños hay y cuánto ganan las ONG que están siendo beneficiadas con los niños como una mercancía.
Esa investigación debe extenderse a cada uno de los actores que, por omisión, se vuelven cómplices del delito.
Esta red, articulada al interior de una instalación del Estado, está vinculada con algunos fiscales que no solo se niegan a tomar la denuncia, sino que se confabulan para apañar el delito de violación, creando confusión para esconder el delito de violación.
De menor en riesgo social a infractor solo es de dar un paso.
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