Defensores de Derechos Humanos presentaron a Segob 31 casos de personas privadas de libertad con violaciones de derechos humanos y procesales.
La Segob ha realizado también mesas de trabajo con organizaciones de derechos humanos para ver casos específicos.
Los Ángeles Press
Ciudad de México.- Por medio de un escrito dirigido a la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, de la Secretaría de Gobernación (Segob), la periodista Guadalupe Lizárraga y el defensor de derechos humanos Alejandro López Ponce de León solicitaron el estatus del análisis sobre la legalidad jurídica de 31 casos de presos con violaciones graves a derechos humanos en México.
Los casos fueron previamente revisados y analizados en mesas de trabajo llevadas a cabo el pasado 9 de noviembre en el Senado de la República, con el jurídico de la senadora Nestora Salgado y la periodista Guadalupe Lizárraga, ante las autoridades de la Segob, entre éstos, Antonio Aranda Hernández y Horacio Toledo Martínez, además de funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La lista de nombres y referencias presentada a Gobernación incluye personas privadas de libertad que sufrieron tortura en detención y sus casos evidencian violaciones procesales. En esta categoría se encuentran:
Tortura y violaciones procesales
- Luis Antonio Méndez Landeros. (Tortura en detención y violaciones procesales con delitos fabricados).
- Miguel Ángel Beltrán Olguín (Tortura y enfermedades crónicas degenerativas incompatibles con la prisión)
- José Luis Burgos Salazar (Tortura física y psicológica en la detención con protocolo positivo en un 83 %).
- Flaviano Quintero Mendoza (Tortura en detención con protocolo de Estambul positivo).
- Genaro Gutiérrez Álvarez (Tortura en detención con protocolo de Estambul positivo).
- Adrián Reyes Hernández (Tortura en detención con protocolo de Estambul positivo)
- Moisés Chacón Vargas (Tortura en detención con protocolo de Estambul positivo).
- Nelson Guadalupe Rojo Félix (Tortura en detención y 21 años de prisión preventiva).
- Juan Manuel Lugo Serrano (Tortura en detención y 21 años de prisión preventiva).
- Jorge Lugo Serrano (Tortura en detención y 21 años de prisión preventiva).
- Ramón Solano Rubio (Tortura en detención y 21 años de prisión preventiva).
- Daniel Montiel Escárrega (Tortura en detención, vicios procesales y enfermedades crónicodegenerativas).
- Dulce María Flor Gómez Flores (Tortura física y sexual en detención y en prisión preventiva. Actualmente con la omisión de no dar cumplimiento judicial respecto al traslado de regreso al estado de Puebla).
Además, se presentaron casos de personas con 30 años de prisión o más, varias que sufrieron tortura en su detención y cuentan con un protocolo de Estambul positivo, o personas que tienen hasta 27 años sin sentencia, y padecen enfermedades crónico-degenerativas. Muchos de estos casos estuvieron en abandono jurídico o han estado bajo consigna por el Ministerio Público, sin que la defensa pueda destrabar sus casos conforme a derecho.
Lista de personas privadas de libertad por 30 años o más
- Antonio Peña Lomelí (32 años de prisión preventiva, tortura en su detención, con violaciones procesales).
- Gastón Ayala Beltrán (24 años en prisión preventiva, sentenciado en 2019, con violaciones procesales y tortura en detención).
- José Antonio Malcom Fararoni (30 años en prisión preventiva, tortura en detención, delitos fabricados y violaciones procesales).
- Luis Joel Delgado López (lleva 30 años en prisión, terminó de compurgar tres sentencias en 2015, violaciones procesales sin permitirle salir).
- Jens Herrera Guzmán (27 años de prisión preventiva con violaciones procesales, amenazas y traslados arbitrarios).
- Tirso Zúñiga Vargas (torturado en detención, 27 años de prisión preventiva y 75 de edad).
- Lucio Bahena Osorio (Tortura en detención, 27 años de prisión preventiva).
- Sergio Martín Camacho (Tortura en detención, 16 años de prisión preventiva, sentenciado).
- Jesús Carbajal Robles (Tortura en detención, 27 años de prisión preventiva).
- Armando Sánchez Barbosa (Tortura en detención, 27 años de prisión preventiva).
Un tercer grupo de personas privadas de libertad es el de víctimas de fabricación de culpables y persecución política, entre los que se destaca la denuncia de torturas para incriminarse o para incriminar a otros, tráfico de influencias con los jueces y ministerios públicos para mantenerlos en prisión, con exposiciones mediáticas difamatorias, y algunos con enfermedades crónico-degenerativas. En estos casos, se destaca la influencia de Genaro García Luna, cuando era director de la AFI y posteriormente secretario de Seguridad Pública, como las víctimas del falso caso Wallace, de Eduardo Gallo y Tello, así como la persecución y presos políticos con la intervención del exgobernador Javier Corral.
Casos de fabricación de culpables y persecución política
- Jael Malagón Uscanga (Tortura que lo dejó parcialmente ciego, 17 años de prisión preventiva, quejas de derechos humanos por las torturas).
- Jacobo Tagle Dobin (Tortura en detención y tortura sexual en prisión, 13 años de prisión preventiva, quejas de derechos humanos y tres protocolos de Estambul positivos en tortura).
- César Freyre Morales (Tortura en detención y en prisión, con enfermedades crónicodegenerativas como secuela de las torturas, protocolo de Estambul positivo, quejas de derechos humanos).
- George Khouri Layón (Tortura en detención y tortura en prisión, 50% compurgada la pena, quejas de derechos humanos, protocolo positivo en tortura, opinión de libertad de la ONU).
- Hugo Amed Schultz Alcaraz (tortura psicológica y amenazas contra su familia, con torturas a terceros para acusarlo, protocolo de Estambul positivo de su acusador).
- Antonio Barragán Carrasco (Tortura, fabricación de delitos con el tráfico de influencias, y violaciones procesales).
- Ivonne Zetina López (Tortura física y sexual por policías de SLP, con protocolo de Estambul positivo).
- César Duarte Jáquez (Tortura psicológica, negación del derecho a la salud, con infarto en prisión, con más de tres años de prisión preventiva, quejas a CNDH).
Los defensores de derechos humanos esperan que las autoridades correspondientes den seguimiento a estas denuncias y actúen de acuerdo con los principios constitucionales y normativas internacionales que salvaguardan los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad (PPL).
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