Guadalupe Lizárraga Martes, 20 de Agosto del 2013, 09:31
Por Sergio Ferrer
OLINALÁ, Guerrero.- Luego de que se mantiene un ambiente de tensión, porque un grupo de simpatizantes priistas y aliados del gobierno local llamó a gente de comunidades y de la cabecera para desarmar a la Policía Comunitaria de Olinalá (PCO), se conoció que también puso una demanda en contra de los comunitarios ante el Ministerio Público de Chilpancingo por secuestro por la detención del síndico que robaba la evidencia de un crimen.
Versión del alcalde de Olinalá
En conferencia de prensa efectuada en la mañana del viernes, el alcalde del PRI, Eusebio González Rodríguez, señaló que se sentía “agraviado como institución por la detención del síndico procurador” -efectuada el día miércoles pasado al intentar llevarse una res que era evidencia de un doble asesinato en Huamuxtitlán. Así mismo pidió que 10 retenidos fueran entregados al Ministerio Público para que se investiguen en un juicio legal apegado a la ley.
Gonzáĺez Rodríguez aseguró que la comunitaria de Olinalá “le está causando problemas, a pesar de que aceptó reconocer que había personas retenidas que incurrieron en hechos como herir de bala a otro”, señaló, y dijo que conocía parcialmente el reglamento interno y la Ley 701, pero que ninguna ley podía estar por encima de la Constitución. Después dio una versión alterna de la retención del síndico.
Un reportero le cuestionó por qué si aseguraba que quería la tranquilidad para su pueblo resguardaba a un grupo que quería desarmar a los comunitarios. El alcalde respondió que el ayuntamiento era para dar atención a todos.
El gobernador Angel Aguirre y el alcalde de Olinalá Eusebio González. Foto: Efectoespejos.com
Versión de la Policía Comunitaria
Por otra parte, vía telefónica Nestora Salgado, coordinadora regional de la PCO, manifestó que las versiones dadas por el alcalde de cómo ocurrió la detención del síndico son falsas y no ha existido diálogo o comunicación por parte de ese funcionario. Salgado calificó de lamentable las mentiras que se han vertido respecto al actuar de la policía comunitaria.
En la conferencia, Juan Rendón representante del consejo ciudadano alterno al Concejo Ciudadano Olinalteco 27 de octubre de 2012, afirmó que la razón de que gente, principalmente de otras comunidades, estuviera dentro del ayuntamiento era porque estaban enojados por el pasado cierre de la carretera ya que “era un chantaje para liberar a los de El Pericón no para defender el petróleo”, dijo.
Aseveró que la delincuencia ha disminuido por las fuerzas castrenses no por el grupito y alegó que “ayer había gente de Huamuxtitlán, Cualac apoyando a Nestora”, algo que no fue verdad. Sin embargo, fue su versión para justificar la presencia de habitantes convocados de otros lugares.
Se conoció que una comisión de nueve familiares de retenidos acordaron demandar de manera jurídica a la policía comunitaria por secuestro luego de reunirse con el secretario de gobierno, el delegado de la Procuraduría General de la República, el procurador de justicia y Gobernación demandando la liberación del síndico.
Misael Medrano Baza y Moisés Alcaraz, subsecretario de Asuntos Políticos y delegado de Gobernación respectivamente, declararon en Olinalá que estaban en la disposición de diálogo con ambas partes. Los funcionarios estuvieron la noche y parte del día de hoy “invitados a permanecer por algunos ciudadanos”.
Medrano Baza prometió que al encontrar disposición al diálogo por parte de la Policía Comunitaria de Olinalá convocarían a una mesa de diálogo de tres niveles, federal, estatal y municipal además del consejo ciudadano alterno y la Policía Comunitaria, no afirmó ni aseguró que estuviera retenido en el ayuntamiento.
Frente al ayuntamiento, momentos antes de comenzar la misa se observó a familiares de los occisos llegar acompañados de música de viento para entrar a la iglesia con los feretros de los difuntos. En las calles había Policía Estatal, militares y marinos cerca del ayuntamiento.
Un habitante de Olinalá aseguró que cuando ocurrió el cambio de comisarios, personal del ayuntamiento dio a firmar hojas blancas a comisarios que serían usadas para decir que desaprobaban a la comunitaria.
Alcaraz Jiménez aseguró que en el poblado se encontraban las partes confrontadas y polarizadas lo que representa alto riesgo de incidente por lo cual sería arriba donde tomarían decisiones, afirmó que las leyes que regulan a los grupos comunitarios son ambiguas, porque tiene vacíos y mencionó la propuesta estatal de que se agreguen a la Policía Rural regida bajo el mando único.