CRAC reconoce legalidad de Casa de Justicia El Paraíso, Olinalá

Ejército credencializa armas de la Policía comunitaria en Guerrero Foto: guerrero.gob.mx

Por Sergio Ferrer

TLAPA, Guerrero.-Tres comisiones de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), “agraviados por la represión actual”, informaron en un comunicado que la Casa de Justicia de El Paraíso no fue desconocida por la CRAC ya que es la asamblea quien determina dicha cuestión no el comentario de una persona –en referencia al coordinador Eliseo Villar– quien en declaraciones afirma que dicha casa ha sido expulsada de la coordinadora, lo cual es falso.

Desde el Territorio Comunitario, a través de un documento, las comisiones de Salud, Comunicación y Desarrollo comunitario exigieron la presentación y liberación de sus compañeros Nestora Salgado y Bernardino García, además de exigir la liberación incondicional de los policías comunitarios y autoridades detenidas.

Asimismo demandan la salida del Ejército y la Marina del territorio comunitario. Respecto a la presunta expulsión de la Casa de Justicia de Ayutla recordaron que la admisión de comunidades de Ayutla se aprobó en Asamblea Regional en marzo de 2012 luego de un proceso de asambleas comunitarias de aquella región, se tomó protesta en noviembre a los policías comunitarios en el marco del 17 aniversario de la PC en San Luis Acatlán y para el 22 de diciembre se acordó la creación de la Casa de Justicia Comunitaria de El Paraíso, nombrándose coordinadores y comandantes.

De acuerdo al reglamento interno, la máxima autoridad del sistema comunitario es la Asamblea Regional de Autoridades que reúne a comisarios municipales, comisariados ejidales y comunales, consejeros y grupos de policía comunitaria; y es la instancia que podría, luego de un proceso de deliberación de la misma, revocar el cargo o nombramiento a cualquiera de las instancias del sistema comunitario.

Ninguna asamblea regional ha expulsado del sistema comunitario a El Paraíso por lo que todas las comunidades y autoridades incorporadas a esa casa de justicia que no hayan sido desconocidas en Asamblea Regional siguen siendo parte de la CRAC-PC

El interés de los gobiernos estatal y federal es desarticular dicho sistema comunitario construído por pueblos originarios y mestizos de la Costa y Montaña, afirman, para lo cual se sirve de métodos y recursos con los que cuenta, y califican de vergonzosa la prisa con que Policía Federal, Ejército y Marina han reprimido a sus compañeros tomando como pretexto una declaración de El Sur del 10 de agosto de 2013 en la cual un coordinador dijo que estaban expulsada una casa de justicia.

Dicha “expulsión” no figura entre las sanciones que aplica el sistema comunitario porque este se corrige, se revoca y/o se reeduca, por lo que las fallas, errores o deficiencias internas solo pueden ser tratados en asamblea regional, para corregirlas, revocar y/o reeducar a quien las haya cometido.

Después preguntan por qué no actuaron con esa agilidad el 7 de enero cuando la CRAC declaró que los encapuchados de la autodefensa de la UPOEG no eran de la institución comunitaria, renegando de las declaraciones de algunos ex consejeros fundadores.

Demandan la salida de militares y marinos del territorio comunitario y denuncia a la Cruzada contra el hambre como un pretexto para que el Ejército invada los territorios como estrategia para frenar el crecimiento de la institución comunitaria.

Se solidarizan y manifiestan su apoyo a los compañeros movilizados en las distintas regiones del territorio comunitario, exigen a las instancias de gobierno frenar la represión de su sistema comunitario e integrantes.