Cinthya Alvarado Enriquez Jueves, 03 de Octubre del 2024, 23:02
"No hay justificación para ese actuar del ejército", defensores de derechos humanos en Chiapas.
Por Cinthya Alvarado Enríquez
Tras la muerte de seis migrantes de Egipto, Perú y Honduras, acribillados por elementos del Ejército mexicano el pasado 1 de octubre en las inmediaciones de Huixtla y Villa Comaltitlán, Chiapas, defensores de derechos humanos condenaron los hechos y exigieron justicia, señalando que el gobierno de Claudia Sheinbaum inicia con las manos manchadas de sangre.
“No hay justificación para lo que ha hecho el Ejército mexicano, más todavía cuando está situado entre los primeros lugares que violentan precisamente los derechos humanos a nivel mundial, por el número de migrantes y de personas que cruzan esa franja territorial en estado de vulnerabilidad y en momentos en que la crisis en la región aumenta”, dijo la defensora de derechos humanos de Honduras, Itsmania Platero.
La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) reconoció que habían sido dos de sus soldados quienes dispararon contra los migrantes, sin embargo, en su versión de los hechos dijeron haber recibido disparos de quienes viajaban en tres camionetas una pick up y dos de redilas "a gran velocidad", es como lo declaran en informe del que dice Platero: “Hay que tomar muy en serio el informe, el asunto está en que hasta ahora no ha habido un reporte de la escena criminal que diga que el Ejército detuvo o hizo el intento por detener a los presuntos delincuentes que llevaban conduciendo los vehículos”. Además dijo, siento un poco discriminatorio el contexto, de “posibles vehículos de delincuentes”, porque se refiere a una población vulnerable”, añadió.
Platero exigió que este caso no quede en impunidad ni arroje la suspicacia de lo que se ventila en la región, de que hay ciertos grupos que tienen el privilegio de algunos funcionarios, en cuanto al tema de trata, o de que hay algunos militares o policías implicados, como lo ha hecho ver Guatemala, cuando fueron detenidos miembros activos de Guatemala. "Es muy significativo políticamente este incidente porque se está dando en el inicio del gobierno de la presidente Claudia Sheinbaum".
Un inicio de sangre y encubriendo al ejército
El defensor de derechos humanos Luis Alonso Abarca González, Coordinador del Comité Digna Ochoa en Chiapas, afirma que “Claudia Sheinbaum inicia su gobierno con las manos manchadas de sangre y protegiendo al ejército, ya que ésa fue su primera acción. Como dijo López Obrador al referirse a actos de otros gobiernos igualmente condenables, estas situaciones no pueden ocurrir sin el aval del presidente".
"Si bien no se ordenó directamente esta acción, se está promoviendo el encubrimiento y la protección del ejército, lo cual es gravísimo", dijo Abarca González, y enfatizó que este suceso era similar al incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes. "A pesar de la gravedad de la situación, el comisionado Francisco Garduño permanece en su puesto, intocable y sin consecuencias. Además, hay denuncias de familiares de las víctimas que alegan recibir presiones para aceptar compensaciones y abandonar sus denuncias contra el INM, a pesar de que este caso se convirtió en un escándalo internacional.”
Continuidad y militarización
El presidente del Comité Digna Ochoa, Luis Alonso Abarca, afirmó que la administración obradorista continúa con una política que no solo ignora, sino que busca aniquilar los órganos autónomos y de justicia en el país. Explicó que el Estado ha desatendido tanto las instituciones como los procedimientos establecidos por las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los cuales está vinculado por tratados y convenios que ha ratificado y que son ley conforme al Artículo Primero de la Constitución.
Por lo que el Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa expresó su enérgica condena por el accionar armado desproporcionado de los soldados contra migrantes en el municipio de Villa Comaltitlán la noche del 1 de octubre. Abarca enfatizó que el ejército fue responsable de la masacre de seis personas en movilidad ejecutadas sumariamente y 12 personas heridas, que se trasladaban en una camioneta tipo redilas en un grupo de 33 personas de distintas nacionalidades.
“Condenamos también el silencio de la presidente Claudia Sheinbaum ante estos atroces actos cometidos por el ejército, y solamente ha tocado el tema por el impacto internacional y los cuestionamientos de la prensa", insistió Abarca González.
Fuen una ejecución sumaria
Abarca González dijo que “estamos frente a un escenario de ejecución sumaria, un crimen de lesa humanidad y que las autoridades están encubriendo; ni siquiera han mencionado el Protocolo de Minnesota, que es el mecanismo que tendrían que implementar para realizar la investigación por cuanto fue una acción cometida por militares o una autoridad del Estado”.
“Nos sumamos a la condena emitida por los organismos del Sistema de Naciones Unidas, y exigimos una investigación transparente y efectiva para establecer los hechos y que los elementos militares sean debidamente sancionados”, puntualizó.
Por su parte, Itsmania Platero llamó a organismos internacionales a pronunciarse ante esta tragedia, ya que los militares no deben tratar con la población migrante, que es además uno de los postulados incluidos en la nueva reforma de Seguridad que implementará la presidente Sheinbaum, “ella habló de empoderar a los militares para acciones diferentes a las que están ellos acostumbrados, no es una acción de los militares tratar el tema migratorio, debe alertar a todos los organismos internacionales para que estos hechos contra la población migratoria, no podemos permitir que se sigan cometiendo este tipo de crímenes y que vayan a quedar en la impunidad, ya debería haber un llamado para que las embajadas procedan a hacer alguna acción legal”.
