Diecisiete órdenes de aprehensión siguen pendientes contra exfuncionarios y particulares vinculados al mismo expediente de Ruffo.
Por Diego Gastélum
Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República mantiene pendientes 17 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y particulares relacionados con una presunta red de huachicol fiscal, dentro del mismo expediente por el que fue detenido Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California.
El caso comprende a 25 personas. Ocho ya fueron detenidas, entre ellas Ruffo Appel, y permanecen a la espera de que el juez determine si existen elementos para vincularlas a proceso. Los otros 17 señalados por la Fiscalía continúan sin ser capturados.
La FGR atribuye al exgobernador una presunta participación en contrabando, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos. Hasta ahora, ninguna de esas acusaciones ha sido probada ante un tribunal. La orden de aprehensión únicamente permitió detenerlo y conducirlo ante el juez para que la Fiscalía formulara la imputación.
El expediente presenta discrepancias desde la primera solicitud de captura.
Información obtenida en el juzgado federal donde se desarrolla la audiencia señala que el 22 de junio el Ministerio Público pidió al juez Mario Elizondo Martínez órdenes de aprehensión contra 22 personas. Ernesto Ruffo no aparecía entre ellas.
Otra versión, publicada con base en la resolución judicial, sostiene que aquella primera petición comprendía a 23 personas. La FGR no ha aclarado si solicitó inicialmente 22 o 23 capturas ni ha explicado la diferencia entre los datos difundidos sobre el mismo expediente.
El juez Elizondo Martínez negó las órdenes al considerar que la Fiscalía no había presentado elementos suficientes para sostener los presuntos delitos. La resolución señaló que el Ministerio Público tampoco acreditó las inferencias utilizadas para relacionar a los acusados con la operación investigada.
Tres semanas después, el 13 de julio, la FGR presentó una nueva solicitud ante Alejandra Ramírez de la Vega, jueza que se encontraba de guardia en el mismo Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La petición aumentó a 25 el número de acusados e incorporó a Ruffo Appel, ahora señalado como presunto dirigente de la organización. Las órdenes fueron concedidas al día siguiente.
La Fiscalía no ha informado con precisión qué datos nuevos obtuvo entre el rechazo del 22 de junio y la segunda solicitud presentada el 13 de julio. Tampoco ha explicado por qué Ruffo no aparecía en la primera relación y semanas después fue colocado en una posición central dentro de la presunta red.
Las inconsistencias adquieren mayor relevancia porque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que el caso llevaba más de un año bajo investigación. Según el funcionario, las indagatorias comenzaron después del aseguramiento de ferrotanques vinculados con la importación irregular de combustible.
Si la FGR investigaba a Ruffo desde hacía un año, conocía su domicilio, sus actividades públicas y sus desplazamientos. Pese a ello, no lo citó previamente para comparecer ante el juez y escuchar la imputación. Optó por solicitar una orden de aprehensión y desplegar un operativo que lo exhibió esposado antes de que comenzara formalmente su defensa.
Ruffo fue detenido el 16 de julio en Ensenada, cuando se dirigía a una comida con amigos después de participar en un programa de radio. Durante una llamada con la Agencia Fronteriza de Noticias dijo desconocer por qué lo habían detenido. La comunicación fue interrumpida durante el operativo. Posteriormente fue trasladado esposado y rodeado por agentes a las instalaciones de la FGR en Tijuana.
Horas más tarde fue llevado bajo custodia al aeropuerto de Tijuana y trasladado en un avión del Gobierno de México a la capital del país. Desde ahí fue conducido al Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano, donde comenzó la audiencia inicial.
La FGR no ha explicado por qué consideró necesario detenerlo de esa manera, en lugar de solicitar que fuera citado para comparecer en libertad. Tampoco ha informado si identificó algún intento de fuga, una amenaza para los testigos o un riesgo de que Ruffo pudiera alterar las pruebas reunidas durante el año que, según Harfuch, duró la investigación.
Una orden de aprehensión no significa que los delitos estén acreditados. Autoriza a los agentes a detener a una persona para presentarla ante el juez. Solo durante la audiencia inicial la Fiscalía puede comunicarle formalmente los hechos que le atribuye y exponer los datos con los que pretende sostenerlos.
Después de la imputación, el juez escucha a la defensa y decide si dicta el auto de vinculación a proceso. Esa resolución permite que el procedimiento continúe y fija los hechos que serán investigados durante la siguiente etapa. Tampoco equivale a una sentencia ni demuestra la culpabilidad del acusado.
En el caso de Ruffo, la exposición pública comenzó antes de que la imputación fuera presentada ante el juez. Las imágenes del exgobernador esposado, custodiado por agentes y trasladado mediante un amplio operativo instalaron una apariencia de culpabilidad que todavía no ha sido respaldada por una resolución judicial.
La Fiscalía deberá demostrar que los presuntos delitos ocurrieron y que los detenidos participaron en ellos. También tendrá que aclarar por qué su primera solicitud fue rechazada por falta de elementos, qué pruebas incorporó después, por qué Ruffo apareció hasta la segunda petición y cuál fue la razón para ejecutar una captura de esa magnitud contra una persona localizable y con actividades públicas conocidas.
Las 17 órdenes pendientes amplían el alcance del caso, pero no resuelven las contradicciones de su origen. La cantidad de acusados y la gravedad de los delitos atribuidos no sustituyen la obligación de probarlos ni justifican que la detención opere como una condena anticipada.
