La medida se produce en un escenario de presión internacional y escrutinio judicial que coloca a Sinaloa en el centro del debate sobre seguridad y gobernabilidad.
Funcionarios de Sinaloa atenderán acusaciones internacionales
Los Ángeles Press
La diputada Citlalli Hernández Mora informó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que presentará licencia temporal a su cargo mientras se desarrolla el proceso de investigación en su contra; medida que también será adoptada por el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
En su posicionamiento público, Hernández Mora señaló que esta decisión busca evitar que las acusaciones sean utilizadas con fines políticos o injerencistas, al tiempo que expresó confianza en que la Fiscalía General de la República (FGR) actuará conforme a la ley, con justicia y verdad. Asimismo, afirmó que México es un país soberano y que así continuará.
Este anuncio ocurre en un contexto de alta tensión política y judicial, luego de que autoridades de Estados Unidos presentaran acusaciones formales contra Rocha Moya, Gámez Mendívil y otros funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Chapitos”.
De acuerdo con investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense, los funcionarios señalados habrían colaborado con dicha organización criminal, proporcionando protección, información confidencial y facilitando sus operaciones ilícitas.
Las imputaciones incluyen delitos relacionados con narcotráfico y armas, los cuales podrían implicar penas severas en caso de ser comprobados. Además, el gobierno estadounidense ha solicitado acciones judiciales, incluida la posible extradición de los implicados.
Por su parte, el gobierno mexicano ha señalado que las acusaciones deberán sustentarse con pruebas, mientras que los funcionarios involucrados han rechazado los señalamientos, calificándolos como infundados o con motivaciones políticas.
En este escenario, la solicitud de licencia por parte del gobernador y del alcalde se presenta como una medida para permitir el desarrollo de las investigaciones sin interferencias desde sus cargos públicos.
