La madre del activista pidió difundir su caso ante el riesgo de encarcelamiento y las amenazas que denunció en Morelos.
Por Diego Gastélum
CUERNAVACA, Morelos.— La madre de Yair Fernández Miralrio acudió a Los Ángeles Press para pedir que se conozca el caso de su hijo, quien fue absuelto inicialmente en un proceso penal por violación y posteriormente fue condenado por un tribunal de apelación. Después de agotar el juicio de amparo y acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la sentencia en su contra quedó en condiciones de ser ejecutada.
Fernández sostiene que su proceso estuvo marcado por irregularidades en la valoración de las pruebas y por estereotipos de género utilizados en su contra, por el prejuicio de ser varón. Desde noviembre de 2024 participa en la organización civil No + Hijos Rehenes, desde donde denuncia abusos en procedimientos familiares y penales, obstrucción de vínculos entre padres e hijos y acusaciones que considera fabricadas.
Su incorporación al activismo ocurrió después de los hechos que originaron el proceso penal y de la sentencia dictada en segunda instancia en su contra.
De acuerdo con la documentación difundida en su sitio web Derecho sin prejuicio, un Tribunal de Enjuiciamiento lo absolvió inicialmente por considerar insuficientes los elementos de cargo. Entre las pruebas de la defensa se encontraba un análisis biológico P30/PSA con resultado negativo, cuyo alcance y valoración se convirtieron posteriormente en uno de los puntos controvertidos del proceso.
La absolución fue revocada en 2023 por el tribunal de segunda instancia, que dictó una sentencia condenatoria.
Fernández cuestiona que durante esa revisión se otorgara valor preponderante a la declaración de la denunciante y sostiene que la prueba científica presentada por su defensa no recibió una valoración adecuada. También señala como evidencia de un razonamiento basado en género expresiones contenidas en la propia resolución judicial, entre ellas referencias al hombre como sujeto “bajo el estereotipo del sexo fuerte” y a la denunciante como una persona “estereotipada como del sexo débil”.
La existencia de una prueba P30/PSA negativa constituye uno de los argumentos de su defensa, aunque su resultado debe analizarse dentro del conjunto de evidencias y las circunstancias específicas en que fue obtenida. Fernández sostiene que el tribunal le restó relevancia y que esa decisión afectó su derecho a la presunción de inocencia.
Contra la condena promovió el Amparo Directo 291/2024 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca. El órgano federal negó el amparo.
Su defensa llevó entonces el caso ante la Suprema Corte mediante el Amparo Directo en Revisión 4503/2026. El 22 de junio de 2026, la Presidencia de la Corte desechó el recurso al considerar que los planteamientos presentados no reunían los requisitos para una revisión constitucional excepcional.
El desechamiento no representa un nuevo pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de Fernández ni una revisión de fondo de todas las pruebas del proceso. Su efecto procesal es impedir que la SCJN estudie el recurso planteado y dejar subsistente la resolución judicial recurrida.
La defensa considera agotadas las vías internas disponibles y advierte que Fernández enfrenta ahora la posibilidad de ser detenido para cumplir la condena.
A este escenario judicial se agregan dos episodios de violencia que Fernández relaciona con el litigio.
Según su testimonio, alrededor de las 22:00 horas del 31 de julio de 2025, cuando circulaba por la calle Al Bosque de Tetela, en la colonia Lomas de Ahuatlán, Cuernavaca, un automóvil sedán blanco con la palabra “MORELOS” le cerró el paso.
Fernández refiere que dos hombres encapuchados y vestidos de negro descendieron con armas de fuego, trataron de abrir su vehículo y le ordenaron salir. Los individuos se retiraron cuando otro automóvil se aproximó al lugar.
Cuatro días después, el 4 de agosto de 2025, encontró sobre el parabrisas de su vehículo, estacionado en la colonia Chapultepec de Cuernavaca, un mensaje con una amenaza directa:
“BAJATE DEL CARRO MALDITO DESGRACIADO NO HABRA AVISOS A.D. 291.2024”.
La referencia al A.D. 291/2024 coincide con el número del juicio de amparo que Fernández mantenía entonces ante la justicia federal.
El activista denunció ambos hechos ante la Fiscalía General del Estado de Morelos el 28 de octubre de 2025. De acuerdo con la documentación proporcionada, la denuncia quedó registrada en la carpeta de investigación SC02/2229/2025.
Fernández sostiene que hasta ahora no ha recibido medidas de protección efectivas ni conoce avances sustanciales en la investigación que permitan identificar a los responsables de las amenazas.
La mención expresa del expediente judicial en el mensaje constituye uno de los elementos por los que él y su familia consideran que los hechos deben investigarse en relación con su litigio. Hasta el momento, no existe información pública que permita establecer quiénes participaron en los incidentes ni el motivo de los agresores.
Su madre pidió a Los Ángeles Press hacer público el caso ante el temor de que una eventual reclusión incremente los riesgos para su integridad física.
Fernández busca ahora acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y asesoría para determinar la procedencia de llevar su expediente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluida una posible petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También ha hecho públicas resoluciones judiciales, documentos relacionados con la prueba P30/PSA y materiales sobre su actividad en No + Hijos Rehenes, con el propósito de que su proceso pueda ser revisado y documentado fuera de las instancias que ya resolvieron en México.
Para más información del caso:
Derecho Sin Prejuicio: https://sites.google.com/view/derechosinprejuicio/inicio
