La Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. cuestiona nuevas acciones judiciales para un caso que ya había sido resuelto dos años atrás en la Ciudad de México.
Los Ángeles Press
La Organización de Derechos Humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. (RSDCIAC) ha expresado su preocupación ante la decisión del Juzgado Civil Veintitrés de la Ciudad de México de iniciar un nuevo juicio relacionado con un caso que ya había sido juzgado y sentenciado de forma definitiva por el Juzgado 67 Civil.
Según la RSDCIAC, el Juzgado Civil Veintitrés, bajo el Expediente 453/2022, reabrió ilegalmente este proceso en marzo de 2022, a pesar de que ya había sido resuelto en el juzgado 59º de lo Civil, el cual fue extinguido y posteriormente reasignado al Juzgado Sexagésimo Sexto de lo Civil con el Expediente 1175/2018, que también fue cerrado y transferido al Juzgado Sexagésimo Séptimo de lo Civil, ahora con el número de expediente 227/2022.
Además, la Octava Sala del Tribunal Superior de Justicia ha confirmado la sentencia del Juzgado 23 bajo la Toca 593/2024, lo que genera la preocupación respecto a la legalidad del proceso.
La RSDCIAC argumenta que esta situación contraviene el principio de cosa juzgada, que establece que un juicio resuelto no puede ser reabierto. La organización ha cuestionado la eficacia de la justicia en la Ciudad de México y la posible impunidad de algunos jueces y funcionarios judiciales.
En respuesta a esta situación, la RSDCIAC ha interpuesto una demanda de amparo ante la Octava Sala Civil, que está pendiente de revisión por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Sin embargo, el proceso se ha visto retrasado debido a un paro en defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.
Con estatus consultivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) desde 2009 y con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) desde 2021, la RSDCIAC solicita a los magistrados que actúen conforme a derecho, respetando el principio de legalidad y seguridad jurídica, y en cumplimiento de las normativas internacionales.
