Cinthya Alvarado Enriquez Domingo, 09 de Junio del 2024, 16:58
La ingobernalidad en Tila, Chiapas, expone a las comunidades a la violencia de los grupos narco terroristas.
Por Cinthya Alvarado Enríquez
A cuatro años de que esta periodista enviara información a la conferencia mañanera acerca del doble asesinato de un ejidatario de Tila, Chiapas, se ha evidenciado la crítica situación en el municipio, enclavado en la sierra norte de Chiapas. Este municipio es una ruta clave para el trasiego de drogas provenientes de Centroamérica, dado su cercanía con Tabasco y su lejanía de centros poblacionales como Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, donde se concentran los cuarteles militares.
Operativo tardío: Comité Digna Ochoa
“Este Comité Digna Ochoa se encuentra documentando en Yajalón el horror que vivieron cientos de desplazados forzadamente por sicarios de la delincuencia organizada en #Tila. Testimonios de víctimas confirman que el Gobierno de México y de Chiapas desplegaron un operativo tardío que solo facilitó el desalojo de la población atrapada en el poblado. No han ingresado a los anexos ni desarticulado ni detenido a los perpetradores. Testimonios señalan que los militares saben quiénes son y se justifican diciendo que no tienen órdenes de actuar. Se corrobora que la alimentación es proporcionada principalmente por la solidaridad de la población de Yajalón y comunidades cercanas”.
Los niños zoques de Tila: icono de terror
La imagen de un niño desde la azotea de su casa, ondeando una improvisada bandera blanca en señal de auxilio, se ha vuelto icónica en redes sociales, junto con fotografías de cuerpos apilados donde se podían calcular unos ocho, pero era una maraña de extremidades ensangrentadas, sobresalían unas piernas pequeñas, al parecer de un menor. La violencia y el grito desesperado de activistas y defensorías de Derechos Humanos, como el Comité Digna Ochoa, fueron los detonantes para que el gobernador Rutilio Escandón finalmente enviara presencia policial.
Han circulado fotos y videos de niños bajando de camionetas con mascotas en brazos, describiendo el llanto y desesperación de una población vulnerada ante la intensificación de ataques en la última semana. Los vándalos quemaron más de diez casas y automóviles, asesinaron a una familia y violaron a mujeres, niñas y niños. Sin embargo, el gobierno de Chiapas no ha informado sobre el recuento de los daños ni la canalización de las víctimas de estos delitos.
El activista y coordinador de Digna Ochoa, Luis Alfonso Abarca, ha documentado los daños: cientos de familias desplazadas forzosamente se han refugiado en Yajalón, Sabanilla, Tumbalá, El Limar (Tila), Petalcingo (Tila), Nueva Esperanza (Tila) y Salto de Agua. Muchas familias continúan atrapadas en las montañas y anexos del ejido Tila sin poder salir. Testimonios directos confirman violaciones masivas a niñas, mujeres y niños por narcosicarios de los "autónomos" de Sañoja y del poblado de Tila y otros anexos como Río Grande y Nicolás Bravo.
El Gobierno de México y el estatal no están proporcionando la asistencia alimentaria necesaria, siendo la solidaridad de la gente la que está cubriendo estas necesidades. Hay temor de hablar, pues en los lugares destinados a los desplazados hay vigilancia de elementos de inteligencia vestidos de civiles y sujetos identificados como responsables de estas atrocidades. Muchas personas llegaron heridas, narrando el terror de esconderse sin comer durante tres días, bebiendo agua sucia para sobrevivir con sus niñas y niños. Se confirman ejecuciones de familias y empiezan a darse nombres. Algunas víctimas están denunciando en la Fiscalía.
Más de tres mil desplazados huyeron con lo que pudieron, cargando a ancianos, en bicicletas, con sus mascotas y llevando lo poco que pudieron en carros particulares. A la llegada de los soldados, en camionetas patrullas se convirtieron en vehículos de transporte y rescate para llevarlos a Petalcingo, un poblado a unos 30 kilómetros, donde improvisaron albergues y han recibido ayuda humanitaria, no del gobierno, sino de familias y organizaciones religiosas y ciudadanas de los alrededores. Esta crisis humanitaria no muestra señales de encontrar una solución de fondo, ya que las autoridades no han aplicado ningún protocolo de seguridad más allá de su presencia y transporte. Muchos de los agresores se camuflaron entre la población victimizada.
