Ante Sheinbaum, Mario Delgado anunció el cierre de las 26 escuelas militares que actualmente operan en México.
Sheinbaum se pronunció contra el uso de celulares en escuelas. ¿Ofrecerá alguna garantía de seguridad y comunicación a las familias que usan esa tecnología para comunicarse?
Los Ángeles Press
La actividad de este lunes 10 de agosto en Palacio Nacional abordó una variedad de temas dispersos. Acaso el más importante dado su impacto en la vida pública en México es el de los nuevos obstáculos puestos a la exportación de aguacate a Estados Unidos.
Ya este fin de semana, supermercados y mercados de la Ciudad de México y otras metrópolis se vieron inundadas por toneladas de aguacates a precios que recuerdan los de hace diez años. Grandes bandejas y cajas ocupaban espacios inusuales en pasillos de centros comerciales para ofrecer el producto a precios de remate.
En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum insistió en ideas que ya había adelantado el viernes de la semana pasada acerca de su disposición a satisfacer las exigencias que formula el gobierno de Estados Unidos acerca de las condiciones en las que, en realidad, opera el mercado del aguacate en vastas regiones de los estados de Michoacán, Jalisco y el Estado de México que, en los últimos 20 años, se volcaron de manera masiva a la producción de ese vegetal, sólo para convertirse en uno de los factores que explica la violencia despiadada que golpea al occidente de México desde, al menos finales de los noventa.
Según Sheinbaum, su gobierno trabaja de cerca con las autoridades de Estados Unidos. El hecho es, sin embargo, que como ocurrió con el gusano barrenador, que reventó las cadenas de producción de ganado en pie en el oriente y norte de México, la crisis por la violencia en las zonas aguacateras de México, evidencia qué tan frágil es la economía mexicana a cualquier decisión que pueda tomar Donald Trump.
Aunque en México hoy, es posible comprar kilos y kilos de aguacate a precios de antaño, la euforia de los consumidores tiene una penosa contraparte en las pérdidas que sufrirán productores que objetivamente han sido víctimas de violencia sin que ninguno de los gobiernos de México, incluidos los de Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum, la hayan resuelto en realidad.
Lo que Sheinbaum dijo este lunes sobre la situación en las zonas aguacateras lo hubiera podido decir Ernesto Zedillo Ponce de León en 1997 o Felipe Calderón Hinojosa en 2009, sólo cambiaron las siglas del partido en el poder.
La ineficacia de los gobiernos de México en los últimos 30 años para atender el problema de la violencia en el occidente de México, sólo justifica los pretextos que Donald Trump busca para validar sus políticas antimexicanas en Estados Unidos.
Por más que uno repruebe el tono y la manera de operar del gobierno de Trump, la realidad de las zonas aguacateras de México legitima sus acusaciones, pues es claro que, a pesar de los muchos contingentes militares que recorren Michoacán desde tiempos de Zedillo, las distintas organizaciones criminales que operan ahí siguen actuando con impunidad.
Y si la situación con el aguacate ya era mala, ahora se agrega también la del chile jalapeño, además de otras frutas y verduras producidas en todo el país que se convirtieron en objetivos de las organizaciones criminales mexicanas.
Hoy mismo, la primera del diario El Comercio de Lima, Perú, tiene como nota principal información acerca de “cebollas” mexicanas que el Cartel de Sinaloa trató de introducir a ese país, de modo que las acusaciones no sólo vienen del círculo íntimo, profundamente antimexicano de Trump, sino que también involucran a otros países.
InSight Crime, una organización no gubernamental basada en Estados Unidos publicó la semana pasada información acerca del alcance de las operaciones de organizaciones criminales mexicanas en África, desde donde buscan controlar mercados de consumo de drogas en Europa, Asia y Oceanía.
En todo caso, Sheinbaum anunció que hubo una reunión de emergencia con personal de la embajada de Estados Unidos para resolver el problema del aguacate y el jalapeño y, sería de suponer, esperar a que no haya acusaciones, por ejemplo, contra productores de algún otro alimento en México que pudiera provocar que Trump bloqueara el ingreso de ese producto a Estados Unidos.
Sheinbaum se dijo confiada en que no haya otros motivos detrás de las alertas y bloqueos del gobierno de Estados Unidos contra el ingreso de productos alimenticios mexicanos a ese país.
El hecho, sin embargo, es que ella misma se vio forzada a reconocer que en sus reuniones con los productores de aguacate en Michoacán ellos mismos le hacen ver la gravedad de la situación causada por la violencia de las organizaciones criminales. Lo que es peor, reconoció que las amenazas también tocaron a los inspectores de Estados Unidos que operan en esa región de México.
La nostalgia
En otros asuntos, Sheinbaum y Mario Delgado dedicaron algunos minutos a su idea de regular el acceso y uso de teléfonos en las escuelas mexicanas. Aunque es fácil entender por qué se querría evitar el uso de celulares en los salones, sería necesario preguntarse si el gobierno de México es capaz de satisfacer las exigencias de mayor seguridad para los menores que, por ejemplo, deben trasladarse para asistir a la secundaria o preparatoria fuera de sus colonias.
Las familias que tengan el dinero para implantar en los cuerpos de sus hijos chips que les permitan localizarles en cualquier momento, no tienen necesidad de preocuparse, pues lo más probable es que esos menores acudan a sus escuelas en transporte privado.
La realidad es que para muchas familias el uso del celular es una herramienta para garantizar alguna cercanía en épocas en las que ambos padres de familia deben trabajar para tener dinero suficiente para sostener a sus hijos.
Y la situación es más difícil para los hogares en los que, por la razón que sea, sólo hay una madre de familia que debe trabajar y no puede “estar al pendiente” de sus hijos como podían hacer las madres del siglo XX.
La argumentación para justificar el prohibir el uso del celular en las escuelas es fácil de entender. Garantizar la seguridad de los menores es un asunto mucho más complejo que no mereció reflexión alguna de parte de Delgado y el resto de los funcionarios de la secretaría de Educación del gobierno federal.
Algo semejante podría decirse de la súbita guerra que el gobierno de Sheinbaum decidió declararle a una de las ideas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le plagió a Jaime Rodríguez Calderón, el exgobernador de Nuevo León.
En lo que fue un ultimátum Delgado anunció el final de las escuelas militarizadas. Una vez más, es fácil comprender por qué ahora, luego de la muerte de una niña en una escuela de ese tipo en Tamaulipas el gobierno federal quiere apresurarse a tapar el pozo.
El problema es que la década pasada, cuando Rodríguez Calderón y López Obrador competían por ser el más favorable a la proliferación de ese tipo de escuelas, ya se sabía de los problemas que ocurrían en ellas.
Fieles al credo populista que hermana al exgobernador y al expresidente, ambos se mofaban de quienes les advertían del riesgo, de quienes recordaban las verdaderas historias de terror que ocurrían en las escuelas militarizadas de la Ciudad de México en los sesenta y setenta.
Lo importante para ambos era presentarse como el más favorable a ese tipo de educación. Ahora, en cambio, los padres de familia de las 26 escuelas en la mira de Delgado se dirán, con razón, engañados porque López Obrador todavía inauguró una de esas escuelas en Tecate, Baja California, en 2021.
Las amenazas de Delgado, el rostro autoritario de la Secretaría de Educación Pública, quedan ahí como una muestra de la manera en que los gobiernos de Morena le apuestan en muchas cosas a la nostalgia para luego tener que reconocer que por algo se dejaron de hacer algunas cosas.
