Antes del anuncio de Sheinbaum, la FGR presentó ayer su primer informe sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
Aunque Sheinbaum reconoció el relevo en el CIDE, volvió a atacar a las instituciones de educación superior del país como “elitistas”.
Los Ángeles Press
La actividad de este miércoles 28 de enero en Palacio Nacional estuvo centrada en la defensa de la manera en que el gobierno federal busca atajar posibles problemas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en el que murieron 14 personas el 28 de diciembre de 2025.
La narrativa que el gobierno de Claudia Sheinbaum busca instalar es la de que fue un problema de “exceso de velocidad”. Al optar por esa idea le ponen nombre y apellidos al problema, el del conductor o “maquinista” de la locomotora contra quien la Fiscalía General de la República ya anunció el consabido “todo el peso de la ley”.
Lo importante, sin embargo, es que al actuar así, al individualizar el problema, se busca descartar la idea de que hubo, como se le dijo al gobierno federal, un problema de la infraestructura del tren, específicamente los viejos durmientes de madera en que descansan las vías, el gobierno federal limita el problema y persiste en la idea de que es seguro insistir en usar las vías.
Sheinbaum y su equipo presentaron un plan que, al menos en el papel, busca dar garantías a las víctimas de que se les escuchará y atenderá sus quejas, pero también deja ver que no habrá obras que reacondicionen las vías y sus durmientes y que el tren deberá operar a velocidades bajas para evitar que se repita la situación.
La presentación de la propuesta corrió a cargo de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, quien dijo que el próximo lunes sus equipos empezarán el contacto con las víctimas y a sus familiares para asignarles una cita y poner en marcha lo que él llamó un “proceso de reparación integral”.
¿Qué tan integral deberá serlo en el caso de las 14 personas fallecidas? Es difícil saberlo, pero al menos ésa es la idea que el gobierno de Sheinbaum trató de instalar hoy.
Incluso con los 98 heridos oficialmente reconocidos como tales es difícil saberlo. Es de suponerse que se cubrirán los gastos de hospitalización y los días que no hayan podido trabajar, pero ¿cómo repararán de manera integral la vida de las 14 personas muertas?
Por lo pronto, el comunicado de la Fiscalía General de la República está disponible aquí.
Hacia el final de la actividad, Sheinbaum regresó al tema del descarrilamiento del 28 de diciembre de 2025 para insistir en que la empresa responsable del Tren Interoceánico, que depende de la secretaría de Marina-Armada de México, deberá entregar un informe por separado, distinto a lo que ha hecho hasta ahora la Fiscalía General de la República sobre este tema.
"Certificación internacional"
También insistió en que el servicio no se reanudará hasta que no se cuente con lo que ella llamó una “certificación internacional”. Ante la magnitud de la tragedia y dada la expectativa que la propia Sheinbaum genera cuando habla de este tema y habla de esa “certificación internacional” es inevitable no preguntarse por qué Andrés Manuel López Obrador no se esperó a contar con esa “certificación internacional” antes de echar a andar el tren, como lo hizo, denostando como lo hacía a quienes hacían ver el problema de los durmientes.
En otra información a propósito de trenes, Claudia Sheinbaum anunció que este próximo lunes 2 de febrero inaugurará el tramo del tren que conectará a Observatorio con Santa Fe en el poniente de la Ciudad de México.
Sheinbaum de ahí pasó a pedirles a los legisladores del estado de Jalisco que acepten la ley que hará obligatorio el que quien compre boletos en la Central de Autobuses de Guadalajara se identifique antes de hacerlo.
La idea es la de controlar la compra de esos boletos para evitar que se usen en el reclutamiento forzado de personas para nutrir las filas del crimen organizado.
Hacia el final de la actividad, Sheinbaum se refirió brevemente a la manera en que su gobierno decapitó la tarde del martes al Centro de Investigación y Docencia Académicas, una de las instituciones de educación superior en México que se convirtió en blanco de ataques de López Obrador.
México de conciencia
Romero Tellaeche fuera del CIDE por denuncias de abuso y plagio
Sheinbaum insistió en la lógica de aquellos ataques y quiso presentar como un avance la decisión que su gobierno tomó de nombrar a Lucero Ibarra Rojas, como directora interina, pero estuvo muy lejos de reconocer los errores que su predecesor cometió al atacar como lo hacía al CIDE.
Lejos de ello, Sheinbaum cargó contra las instituciones de educación superior del país a las que acusó de ser elitistas, aunque aparentemente trataba de justificar la decisión de deponer a José Antonio Romero Tellaeche al decir: “deben dejar de ser instituciones elitistas... por más que tengas 50 años de carrera académica, por más inteligente que se sienta cualquier persona, nunca estás por encima de nadie, de un campesino, de una ama de casa, de una trabajadora del hogar”.
Finalmente, Sheinbaum reconoció que han ocurrido ataques contra mujeres vinculadas a la Guardia Nacional. Los tres casos son los de Dalila Acosta, de 28 años, a quien se encontró muerta el 6 de enero en Acapulco. Se desconoce hasta el momento si se trata, al menos en la versión oficial, de un asesinato. Antes, el 5 de noviembre murió Sherlyn Manzanares, una mujer de 23 años, quien presuntamente habría muerto en un accidente de moro. Finalmente, está el caso de Stephania Carmona Rojas, de 20 años, encontrada sin vida el 14 de octubre en las instalaciones del 51 Batallón de la Guardia Nacional también en Acapulco, Guerrero.
Como suele ser el caso, Sheinbaum habló de que no hay impunidad para las fuerzas armadas en México, pero la manera en que ninguno de estos tres casos vinculados a la rama de más reciente creación de esas fuerzas armadas contradice lo dicho por Sheinbaum esta mañana.
Según Sheinbaum “cuando un soldado comete un acto delictivo, no solamente es juzgado por los juicios militares, sino también por el Ministerio Público; en estos tres casos tiene que intervenir las fiscalías de justicia estatales o la Fiscalía General de la República y mi compromiso es revisar los tres casos para poder informar a sus familias y a la ciudadanía de lo que pasó.”
